Movimientos políticos acuden a estrategias para evitar su extinción

El movimiento Justicia Social pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) que tome en cuenta las firmas sobrantes que se calificaron para su inscripción y así evitar ser borrado del Registro de Organizaciones Políticas por recomendación de la Contraloría General del Estado.

El ente de control determinó en una auditoría que el CNE debe extinguir a las organizaciones Juntos Podemos, Libertad es Pueblo, Justicia Social y Fuerza Compromiso Social (FCS) por hallarse inconsistencias en las firmas presentadas para su inscripción.

El pleno del Consejo aún no resuelve si acoge o no la recomendación de la Contraloría.

Anticipándose a ello, el director de Justicia Social, Manuel Castilla, remitió un oficio en el que recuerda que presentaron 193 517 firmas para su inscripción y necesitaban 174 199. Por lo que tienen un excedente de 19 318 rúbricas a su favor.

Así, “en el supuesto no consentido de aceptar el contenido del informe”, de que 6183 firmas tienen inconsistencias, aún quedan 187 334 registros válidos, con un “excedente de 13 135 por encima del mínimo exigido”, justificó el directivo para evitar su extinción.

En tanto ayer, el expresidente Rafael Correa y sus afines circularon en redes sociales un extracto de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) sobre su inscripción.

La sentencia niega un recurso planteado por Carlos Arboleda y Wilson Freire, quienes denuncian haber sido incluidos como adherentes de FCS y Concertación, respectivamente, sin “conocimiento y voluntad expresa”. Por ello, apelaban a una resolución de enero pasado del CNE, en la que se ratificó la existencia de FCS.

El juez Arturo Cabrera sustanció la causa y la archivó porque los denunciantes “no aclararon” su pedido.

Y este 15 de julio, bajo el argumento de que Arboleda y Freire no aclaran de “qué manera les causa agravio ni cómo ese presunto agravio ha vulnerado sus derechos subjetivos”, el TCE negó su pedido de nulidad con los votos de los jueces Patricia Guaicha, Joaquín Viteri y Fernando Muñoz. Los magistrados Ángel Torres y el suplente Gustavo Ortega salvaron su voto.

La sentencia no se relaciona con la decisión del CNE sobre acoger el informe de la Contraloría. (I)