Una nueva investigación alrededor de las actuaciones del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Christian Cruz, plantean los vocales del organismo.

La noche del miércoles 2 de diciembre, en una sesión virtual, con cinco votos a favor el pleno resolvió pedir a la Contraloría General del Estado que inicie un examen especial a las operaciones del departamento de Talento Humano, por el apoyo jurídico que habrían dado dos funcionarios a Cruz, por una investigación fiscal en su contra acerca de la obtención de su carné de discapacidad.

La consejera María Fernanda Rivadeneira planteó la moción, al argumentar que quien ocupaba la coordinación jurídica, Pablo Sandoval, y el funcionario Ángel Parker, habrían actuado como sus abogados en esta investigación, pese a ser un tema "personal y no como presidente del CPCCS".

En la moción se señaló que el objetivo es que la Contraloría "esclarezca si hubo o no perjuicio por un presunto mal uso de recursos públicos".

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Rivadeneira incluso denunció en el pleno que en el Consejo había una mujer que actuaba como asesora externa del expresidente, que ocupaba vehículos institucionales y accedía a información relacionada con el Consejo.

Este pedido a la Contraloría se aprobó con los votos de Ibeth Estupiñán, Rivadeneira, Sofía Almeida, Francisco Bravo y David Rosero. Hernán Ulloa se abstuvo.

De esta forma, se pedirá que el periodo de análisis vaya desde agosto del 2019 hasta el 13 de octubre del 2020, cuando Cruz fue destituido y censurado de sus funciones por el pleno de la Asamblea Nacional, por falta de probidad notoria e incumplimiento de funciones.

Se le cuestionaba cómo obtuvo su carné con 81 % de discapacidad visual y auditiva en el 2009, justo en el momento en que postulaba para ser vocal del CPCCS en el concurso que realizaba el Consejo Nacional Electoral (CNE) en ese entonces.

Cruz, al presentar ese carné, tuvo dos puntos adicionales por acción afirmativa.

La Fiscalía General abrió una indagación previa por una denuncia por presunta falsificación y uso doloso de documento falso que presentó el jurista Jairo Lalaleo, a la que se unificó la de la obtención de su carné de discapacidad.

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La denuncia de Lalaleo se debía a presuntas anomalías en la presentación de certificados de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas (FENOC) que habría presentado la exautoridad para participar en el concurso de selección del CPCCS.

La Fiscalía, en el llamado a rendir versión a Cruz en agosto pasado por estas denuncias, notificó a Sandoval y Parker, quienes eran funcionarios del Consejo.

Alrededor de las investigaciones por la entrega irregular de carnés de discapacidad, el pleno del CPCCS también espera informes de la Secretaría Técnica de Lucha contra la Corrupción, pues se le ordenó realizar una investigación.

Esta parte de la plenaria fue reservada y no se informó si dicha Secretaría tiene un plazo de 24 horas para dar su informe o de 15 días.

Este Diario intentó comunicarse con Cruz, pero no hubo respuesta. (I)