El Consejo Nacional Electoral (CNE) podría verse obligado a realizar una nueva convocatoria para que los ecuatorianos acudan a las urnas para elegir a los parlamentarios andinos.

Los plazos no alcanzan para incorporar esta quinta papeleta en las elecciones de este 7 de febrero, en la que se elegirán binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, como consta en la convocatoria oficial a las urnas que se realizó el 7 de octubre del 2020.

Ayer, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, confirmó que el Instituto Geográfico Militar (IGM) no alcanzará a imprimir la papeleta con los candidatos al Parlamento Andino, pues dentro de diez días se llevará a cabo la jornada electoral.

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"Definitivamente irá en la segunda vuelta, de existir. Pero está postergada (la impresión), no se realizará en esta primera vuelta", expresó el secretario de Estado en una rueda de prensa.

El consejero electoral Luis Verdesoto también reconoció que deberá convocarse a una nueva elección, a la que llamó "ad-hoc", solo para elegir a esta dignidad.

Sin embargo, estará supeditada a que exista una segunda vuelta electoral para definir presidente y vicepresidente de la República, prevista para el 11 de abril; o de lo contrario, que en la primera vuelta del 7 de febrero se defina al ganador de los comicios. Y, el CNE deba aprobar un nuevo calendario.

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Para Verdesoto los plazos no son el problema, sino "ubicar las figuras jurídicas para que no exista ningún problema respecto de la legitimidad de la elección. Se someterá a todos los chequeos y controles", afirmó, en una entrevista en radio Sucesos.

La imposibilidad de que se elija en primera vuelta a los parlamentarios andinos se debe al conflicto que mantiene el Consejo con el movimiento Justicia Social.

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El 15 de enero pasado, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ordenó en un fallo al CNE que "garantice" la participación de sus candidatos a esta dignidad.

El 20 de enero, el Consejo le dio como plazo un día para que los inscriba, pero Justicia Social interpuso un recurso de corrección para que se les dé más días, apelando a la "igualdad de condiciones".

Pero los consejeros negaron este pedido, considerando la cercanía de las elecciones.

Hasta la medianoche de ayer, Justicia Social podía apelar ante el TCE. Si lo hace regirán nuevos plazos para obtener un fallo que alcanzan hasta los 21 días.

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Pero, hasta el cierre de esta edición no se observó que ingresaran escritos en el portal web del Tribunal.

La presidenta, Diana Atamaint, dijo el lunes último que esperan tener una certificación del TCE hoy; y, si no se presentan recursos enviarán a imprimir la papeleta con los candidatos calificados.

Esto se da en medio de la decisión de iniciar la distribución de los paquetes electorales de las otras dignidades, a las tres circunscripciones del exterior y las ciudades del Ecuador de difícil acceso, como la Amazonía y las islas Galápagos.

Para el analista, Esteban Ron la salida que tiene el CNE es aprobar una re-convocatoria, en la que deberá "modificar" y dejar sin efecto el llamado a las urnas sobre esta dignidad, argumentando la imposibilidad de la impresión de las papeletas.

Ello implicará la vigencia de un nuevo calendario electoral para que las organizaciones políticas vuelvan a inscribir candidatos y el CNE los califique.

¿Por qué? "Porque al dejar sin efecto una parte de la resolución y hacer una convocatoria, debe empezar el proceso desde cero".

Y, deberá aprobar un presupuesto, definir el Fondo de Promoción Electoral (FPE) y plazos para la campaña electoral.

Ron consideró que al reconvocar, el CNE podría hacer coincidir la fecha de la elección con la segunda vuelta, o de lo contrario, una fecha distinta.

A su criterio, esto tendrá efectos sancionatorios para los consejeros en el futuro.

Una vez terminado el proceso electoral, la Contraloría del Estado podría iniciar un examen especial a cómo se llevó a cabo la organización de las elecciones, a lo que se sumarían posibles enjuiciamientos políticos por parte de la Asamblea Nacional. (I)