La Corte Constitucional realizará la mañana de este martes 6 de junio la primera audiencia que es parte del tratamiento del Decreto Ley 742 para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, con el que el Gobierno busca realizar una reforma tributaria a fin de bajar la carga impositiva a unas 340.000 personas, que dejaría unos $ 195 millones en los bolsillos de la población. Además, crea una tabla progresiva para el pago del Rimpe, un impuesto a los pronósticos deportivos y coloca un IVA de 12 % a espectáculos públicos que no sean culturales ni artísticos.

Así, este martes se llevará adelante la audiencia por vía telemática a partir de las 10:30. Al evento deberán acudir el presidente de la República, Guillermo Lasso; el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena; y el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea. De acuerdo con las instrucciones de la Corte, la audiencia se realizará a través de una plataforma digital. Además, el acceso a la diligencia estará limitado a los participantes antes mencionados y a los diez primeros amicus curiae que se hubieren registrado.

Hasta el 2 de junio se habían registrado doce amicus curiae interesados en opinar sobre el tema de la ley tributaria. Quienes los hayan presentado y estén interesados en participar en la audiencia debían registrarse por correo electrónico a la Corte Constitucional desde las 14:30 del jueves 25 de mayo de 2023 hasta las 10:00 del lunes 5 de junio de 2023.

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La Corte ha indicado que la tarde previa a la audiencia se establecerían los parámetros para la participación y que el personal del despacho y el Departamento de Tecnología de la Corte Constitucional prestarán toda la asistencia necesaria a los asistentes para asegurar un correcto desarrollo de la audiencia.

Quienes no estén inscritos podrán escuchar la transmisión de la audiencia a través de la radio online o YouTube de la Corte Constitucional, sin perjuicio de presentar sus argumentos y propuestas por escrito hasta antes de emitir el dictamen.

Entre las principales observaciones que se han presentado a la propuesta de ley están las siguientes:

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  • Que no sería una ley urgente.
  • Que generaría un impacto fiscal de $ 76 millones.
  • Que se generaría un problema de transparencia por el artículo 17.
  • Empresas de pronósticos deportivos se oponen al nuevo impuesto.

En cambio, hay sectores que apoyan la ley, indicando que sería positivo que haya más liquidez en el bolsillo de la gente y que es justo crear impuestos para recaudar tributos en sectores que no han estado tributando de una manera adecuada. Varios juristas coinciden en que quien debe definir el carácter de urgente de la ley es el Ejecutivo, mientras que la Corte debe establecer la constitucionalidad de lo planteado.

Entre tanto, el jueves se realizará la audiencia por el decreto ley de zonas francas. Este, en cambio, busca activar la creación de zonas francas por iniciativa privada, pública o mixta, para atraer inversiones y generar empleo.

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El ministro de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, asistirá a esta audiencia, confirmó este lunes. Al ser consultado sobre el proceso que se sigue, consideró que existe una evidente intención de ciertos sectores políticos para que los decretos de ley urgentes no sean tratados por la Corte Constitucional. Esto se ha visto en las peticiones de los amicus curiae en los que se indica que no es una ley urgente. En este sentido, Prado dijo que ha presentado argumentos ante la Corte indicando que es contradictorio que las mismas organizaciones políticas que antes apoyaron la aprobación del Código de la Producción, Comercio e Inversiones (Copci) a través de la vía urgente, ahora consideran que no es urgente esta nueva ley.

Prado consideró correcto el proceso que está siguiendo la Corte para la aprobación de los decretos leyes. En todo caso, comentó que espera que el tiempo que le tome a la Corte tratar los temas no vaya más allá de un mes, pues de lo contrario se estaría hablando de un plazo demasiado dilatado, no acorde con la urgencia económica. (I)