Trabajar con las poblaciones más vulnerables, fortalecer las instituciones y cortar los flujos financieros ilícitos es el nuevo enfoque marcado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para hacerle frente a la violencia criminal en la región. El presidente de este organismo, Ilan Goldfajn, aborda esta problemática, el trabajo y el apoyo para hacerle frente, temas que se debatirán en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad que se realizará el 19 y 20 de agosto en Guayaquil.
El BID tiene un nuevo enfoque para abordar la violencia criminal en la región, un trabajo más territorial y por zonas específicas. ¿Qué tipo de ayuda pueden recibir los países?
La violencia criminal en la región se está transformando. Hoy es un asunto más regional, interconectado, que es impulsado por el crimen organizado.
Sabemos que no existe una fórmula única para responder al crimen organizado, mucho menos cuando las organizaciones delictivas evolucionan tan rápidamente. Pero nuestro objetivo es claro: debemos cortarle el oxígeno al crimen organizado.
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¿Cómo lo haremos? Tenemos un nuevo enfoque que se centra en limitar su influencia en las poblaciones más vulnerables, fortalecer las instituciones y cortar los flujos financieros ilícitos.
Esto se consigue fortaleciendo al Estado en su capacidad de respuesta y presencia, implementando programas de prevención de la violencia dirigidos a las poblaciones más vulnerables y tradicionalmente excluidas, y mejorando las capacidades de seguridad y justicia con el uso de herramientas de análisis inteligente basadas en datos y evidencias.
La capacitación es clave, porque de nada sirve tener la tecnología y las herramientas más avanzadas si no sabemos usarlas. Y el uso de nuevas herramientas es fundamental ante organizaciones criminales cada vez más sofisticadas. Por eso, estas nuevas herramientas deben estar respaldadas por una nueva generación de científicos de datos y tecnología de vanguardia.
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Con la capacitación y las herramientas adecuadas podremos sofocar los flujos financieros ilícitos de las redes criminales y el lavado de activos, pues habrá trazabilidad de cualquier transacción, permitiendo la identificación en tiempo real de los beneficiarios y de las empresas ficticias implicadas.
En el BID hemos elevado la importancia de la seguridad a través de nuestro nuevo Marco de Apoyo a las Poblaciones Afectadas por Situaciones de Fragilidad, Conflicto y Violencia Criminal. Este marco contempla la identificación y análisis profundo de los territorios o “focos” de fragilidad y violencia criminal, e inclusive de “gobernanza criminal” dentro de países o entre estos. A partir de eso, prioriza intervenciones sectoriales y adapta el enfoque operativo. Es decir, nos ayuda a diagnosticar, a identificar “qué hacer” y “cómo trabajar” para que el Grupo BID pueda actuar de manera más efectiva en estos contextos desafiantes.
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El enfoque aborda el crimen organizado de una forma que respeta el Estado de derecho, y así promueve la estabilidad, que es fundamental para atraer inversión, crecimiento y empleo.
¿Realizar la Cumbre Latinoamericana de Seguridad en Guayaquil es parte de ese nuevo enfoque?
Sí. Estamos realizando con el Gobierno de Ecuador la Cumbre Latinoamericana de Seguridad para dialogar con delegaciones ministeriales de doce países de la región sobre soluciones para enfrentar el crimen organizado. Participarán representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay, y de organismos multilaterales, como el Banco Mundial, la CAF, la OEA, Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, entre otros. En el marco de nuestro apoyo a los países, consideramos que esta cumbre representa un paso muy importante por el calibre de los panelistas y participantes invitados, y la relevancia de la agenda acordada.
¿Qué temas clave se abordarán en esta cumbre? ¿Cuál es el objetivo que se ha planteado el BID?
El objetivo es fomentar el diálogo para afrontar juntos, de forma colectiva, este desafío, fomentando la cooperación entre los países en torno a la prevención y respuesta al crimen organizado. Nos centraremos en cómo podemos debilitar los mercados ilícitos y las finanzas criminales y analizaremos estrategias de prevención de violencia y del reclutamiento de niños y niñas en territorios afectados por la violencia criminal.
También durante la cumbre propondremos la creación de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, la cual busca ampliar la coordinación entre países, proveer financiamiento y aportar asesoría técnica para enfrentar la delincuencia organizada de manera más efectiva.
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Y, por último, estaremos colaborando con otros organismos multilaterales en el apoyo a políticas y movilización de recursos para enfrentar el crimen organizado. Esto significa la exploración de oportunidades de colaboración y sinergia para apoyar la implementación de políticas de prevención del delito. Esto a través de plataformas y redes, cofinanciamiento y desarrollo de capacidades, y movilización de recursos para avanzar en los esfuerzos contra la violencia criminal en América Latina y el Caribe, con un enfoque particular en el crimen organizado.
¿Cómo funcionará esa alianza para la seguridad?
El BID propone la creación de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, entre los ministros de la región, con el fin de coordinar la implementación de políticas públicas y la movilización de recursos para abordar, con un nuevo enfoque, los desafíos de la criminalidad organizada en LAC. El BID ejercerá la secretaría técnica de la Alianza.
Buscamos brindar financiamiento, asistencia y asesoría técnica a los Gobiernos para ampliar intervenciones exitosas basadas en experiencia y evidencia, poner en marcha proyectos piloto que prueben soluciones innovadoras para prevenir y responder al crimen y la violencia, y fortalecer las capacidades institucionales, lo que permitirá amplificar la experiencia regional y garantizar la sostenibilidad de las políticas. También complementará los esfuerzos de las redes y plataformas existentes.
Un punto clave también para resolver este desafío es la movilización de recursos para fortalecer los sistemas de justicia. Dado que en muchos casos los delincuentes cuentan con mayores recursos que las mismas autoridades, nos queremos asegurar de que las autoridades tengan las herramientas que necesitan, que no estén en desventaja.
También vamos a involucrar a la sociedad civil y el sector privado. Queremos ser el puente que nos una a todos, para superar este desafío de forma colectiva.
Del apoyo que han dado a países en el tema de seguridad, ¿dónde se ha tenido el mejor resultado?
Importante resaltar algunas intervenciones que, tras evaluarse con rigor, han demostrado resultados e impactos importantes.
En Honduras apoyamos la reforma policial entre el 2012 y el 2017, que incluyó la formación y profesionalización de policías y la actualización de los equipos de los laboratorios de investigación criminal, entre otras acciones. Este proyecto se inició cuando Honduras era el país más violento a nivel mundial y había altos niveles de desconfianza institucional. Tras su implementación, se redujo la tasa de homicidios por 100.000 habitantes de 93 en 2011 a 41,6 en 2021 y la confianza de los ciudadanos en la Policía Nacional aumentó del 20 % en 2011 al 30 % en 2017. Asimismo, en cinco años, la participación de las mujeres en las fuerzas policiales se incrementó 18 puntos porcentuales.
En 2014, también apoyamos el Programa de Oportunidades y Derechos en Río Grande do Sul, Brasil, en donde se observó una reducción del 45 % de los homicidios juveniles en las zonas priorizadas. Allí apoyamos el fortalecimiento de la Policía comunitaria y la construcción y operación de centros de servicios integrados para la juventud en los barrios más violentos.
Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe
En Chile, apoyamos un piloto de reinserción económica y social de mujeres en conflicto con la ley entre 2017 y 2019. El proyecto consistió en brindar capital semilla, microcréditos y capacitaciones a las mujeres que optaron por el emprendimiento, y formación e intermediación laboral para quienes decidieron buscar un empleo. Todas las participantes del piloto recibieron apoyo psicosocial. Según la evaluación de impacto que se presentó en 2023, esta intervención impulsó la inclusión económica y logró una reducción del 50 % en la reincidencia delictiva de las participantes.
Y, actualmente, estamos apoyando en Uruguay la implementación de una estrategia de interrupción de violencia que consiste en formar a líderes comunitarios en mediación y la identificación temprana de conflictos en las comunidades con el objetivo de evitar espirales de violencia antes de que se manifiesten. Entre 2015 y 2017 apoyamos una intervención similar en Trinidad y Tobago, que se tradujo en una disminución del 60 % de las lesiones y los tiroteos en las zonas abarcadas por el programa.
Se estima que el costo de la violencia criminal es de al menos el 3,5 % del PIB para América Latina y el Caribe. ¿Hay un cálculo de cuánto le cuesta a Ecuador los niveles de inseguridad?
Justamente en este momento nuestro equipo está actualizando los cálculos del costo del crimen para toda la región y próximamente estaremos publicando las cifras más recientes. Para el caso de Ecuador, podemos anticipar que, con base en datos de 2022, estimamos que actualmente el costo directo del crimen estaría alrededor del 4 % del PIB. Este cálculo incluye tres conceptos clave: el capital humano perdido debido a homicidios y personas privadas de libertad, el gasto privado en seguridad y el gasto público destinado a la prevención y respuesta al crimen.
Cuando publicamos nuestras primeras estimaciones del costo del crimen hace diez años, la cifra para Ecuador se situaba por debajo del promedio regional, alrededor del 3,35 % del PIB. En ese momento, la tasa de homicidios en el país era de alrededor de 8 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la situación del país ha cambiado en los últimos años, con un aumento en la tasa de homicidios y de otros indicadores de inseguridad.
Es importante tener en cuenta que esta estimación se refiere únicamente a una parte del impacto, porque los efectos del crimen y la violencia se extienden mucho más allá de los costos directos. El crimen afecta negativamente el crecimiento económico en múltiples dimensiones; por ejemplo, aumenta los costos de financiamiento, desincentiva la inversión extranjera directa, reduce la productividad y el crecimiento empresarial, afecta a sectores específicos, como el turismo, y reduce las oportunidades de empleo, que es uno de los aspectos esenciales para el desarrollo sostenible del país.
Ecuador espera que el BID le apruebe un préstamo para programas de prevención del crimen organizado: ¿de cuánto estamos hablando?, ¿de qué depende que lo aprueben y para qué proyectos específicos?
Se trata de un proyecto de $ 150 millones y su aprobación por parte del Directorio del BID está prevista para octubre del 2024. Esta es la primera vez en la trayectoria del BID que un programa aborda específicamente el fenómeno de la delincuencia organizada.
Este programa con Ecuador es, justamente, la mejor manera de explicar nuestro nuevo abordaje al desafío de la sofisticación y crecimiento del crimen organizado. Próximamente, podremos adaptarlo y replicarlo en otros países de la región. La operación se centrará en el lavado de dinero, los delitos financieros y fiscales, y el fortaleciendo la protección de las poblaciones más vulnerables.
Primero, el programa propone financiar iniciativas para el fortalecimiento de la presencia del Estado en los territorios más expuestos a la influencia de la delincuencia organizada. Esto incluye un nuevo modelo de servicio policial especializado para estos territorios con nuevas destrezas y capacidades tecnológicas. Otra es el establecimiento de centros de servicios sociales integrados para jóvenes en riesgo de ser reclutados.
Segundo, el programa va a aumentar la capacidad para investigar conductas delictivas y lograr su persecución penal.
Tercero, financiará un sistema integral para la gobernanza de la seguridad a nivel nacional y local que facilitará que las políticas se implementen de manera coordinada y adaptada a cada contexto local.
Finalmente, propone un fortalecimiento a los programas de formación para las nuevas generaciones de policías y gestores en seguridad en la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales de Ecuador, abierto a toda América Latina.
El BID ha aprobado préstamos a Ecuador para fortalecer sus finanzas, transición energética... ¿Cuál es el monto total dado al país y cuánto se ha dirigido a seguridad?
Los montos que hemos aprobado a Ecuador a cada año han ido aumentando. En 2022, aprobamos $ 844 millones; en 2023, $ 928 millones, y en lo que va corrido de este año se han aprobado $ 1.186 millones.
En resumen, entre 2022 y lo que va del 2024 hemos aprobado 23 operaciones de préstamo por un valor de $ 2.958 millones en sectores como energía, protección social, salud, vivienda, empleo, migración y estabilidad macroeconómica.
Además de su papel financiero, el BID también proporciona a Ecuador una valiosa fuente de conocimiento y experiencia en diversas áreas de desarrollo. Somos un aliado estratégico para el desarrollo sostenible del Ecuador y estamos comprometidos con mejorar las vidas de sus ciudadanos.
Aquí salimos de una pandemia y se pasó a un recrudecimiento de inseguridad, se cambió Gobierno, se subieron impuestos para afrontar conflicto interno, el costo lo paga el ciudadano. ¿Hay alguna experiencia que le sirva a Ecuador para superar este mal ciclo de pasar de crisis en crisis?
Ecuador puede romper el ciclo de crisis recurrentes con más estabilidad y reformas enfocadas en el crecimiento.
El fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica mediante un manejo fiscal responsable y el Estado de derecho junto con reformas estructurales que refuercen la institucionalidad sentará las bases necesarias para el crecimiento.
Pero es crucial también desarrollar una estrategia de crecimiento sostenible basada en la explotación de las ventajas comparativas desde la inversión privada en sectores clave, como la minería ambientalmente responsable, la agricultura, la acuacultura, y otros con gran potencial, como el turismo. Estos sectores, vitales para la economía actual, también ofrecen oportunidades para un desarrollo más diversificado y equilibrado en el futuro.
Así como también es esencial integrar las reformas en una visión a largo plazo que no dependa exclusivamente de la inversión pública, sino que fomente la atracción de inversión privada y la diversificación económica. El retorno de Ecuador a los mercados internacionales de financiamiento y el apalancamiento del crecimiento en inversión privada dependerá de señales claras de compromiso con la estabilidad fiscal e institucional.
Finalmente, invertir en capital humano, especialmente entre jóvenes y grupos históricamente marginados, como indígenas, afroecuatorianos, personas con discapacidad, migrantes y mujeres, es clave para aumentar la productividad y asegurar un crecimiento inclusivo y sostenible. Así se logrará no solo estabilizar la economía en el corto plazo, sino también promover el crecimiento con equidad social a largo plazo. (I)
