Contratos de telefónicas: “No hay riesgo alguno de que la población se quede sin servicio”

Los servicios que ofrecen Claro y Movistar a sus usuarios de Ecuador se mantendrán, pese a que los contratos de concesión están por vencer. Así lo han indicado desde el Gobierno y esta postura es respaldada por expertos, sin embargo, en el sector de telecomunicaciones existe preocupación y piden un “pronunciamiento material sobre la extensión de los contratos”.

El próximo 27 de agosto vencerá el contrato con Claro, mientras que el 30 de noviembre con Movistar. Este 2023 se deben renegociar los acuerdos entre las operadoras y el Estado para que puedan seguir ofreciendo el servicio, sin embargo, en mayo pasado la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) anunció que se suspendió esta renegociación, porque está pendiente la valoración del espectro radioeléctrico, que debe ser realizada por la entidad junto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

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“No hay riesgo alguno de que la población se quede sin servicio”, puesto que es un servicio que por mandato constitucional y legal tiene que mantenerse, indicó el exdirector ejecutivo de Arcotel, Andrés Jácome, quien agregó que la Procuraduría General del Estado emitió un pronunciamiento habilitando a Arcotel para que pueda estructurar un sistema jurídico que permita cumplir el proceso de renegociación.

Jácome participó este miércoles 2 de agosto en un conversatorio en la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en Guayaquil, junto a otros expertos en telecomunicaciones, entre ellos la directora ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), Patricia Falconí, quien aclaró que las operadoras no han indicado que vayan a suspender el servicio y han mantenido esta decisión de continuar apostando en el país.

Sin embargo, dijo que con el tema en general los usuarios se han visto afectados y no precisamente por una suspensión del servicio, sino que se habla de un sector que requiere continuamente inversiones para mejorar y ampliar cobertura y con esta situación no hay certeza de qué va a ocurrir, porque no se conoce de cuándo van a reanudar los procesos, qué tiempo se va a tomar el Gobierno después de retomadas las mesas de negociaciones.

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En ese contexto, Falconí indicó que desde Asetel exhortan al Gobierno nacional un “pronunciamiento material sobre el plazo de los contratos de concesión” y por ello, dada la certeza jurídica y la seguridad que se debe en este tipo de inversiones es que hacen un llamado para que se expida de manera inmediata estos actos jurídicos de extensión del plazo.

Además de ello instan a que se presente un cronograma de trabajo, en el que pueda dar una certeza de cómo se va a desenvolver este proceso, porque de momento está en el “limbo, no sabemos qué va a pasar”, dijo.

De acuerdo con Falconí, entre las dos operadoras en los quince años en inversiones se habla de $ 27.000 millones.

Mientras, Jácome recordó que el proceso de renegociación comenzó en el 2018 con la entrega de las solicitudes de las operadoras y que muchos puntos se han cumplido conforme al cronograma, se realizaron las valoraciones, se contrataron las consultorías, se buscaron los veedores internacionales.

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“Eso nos garantiza a nosotros como población que el proceso sea lo más transparente posible. Es muy probable que sopesemos que es más importante la transparencia que la velocidad y eso creo que se está desmotrando al lograr un proceso que haya cumplido todo tipo de procedimiento”, señaló.

Sin embargo, los cambios políticos que se han dado en los últimos años en el país han sido un factor que ha influido y la pandemia en el 2020, de acuerdo con Jácome, para que el proceso de negociación no sea tan dinámico como se debería de haber realizado desde un inicio.

Según el exdirector ejecutivo de Arcotel, para la valoración del espectro se buscó que sea lo más técnica y transparente posible y para realizar esta valoración los consultores debían recibir toda la información del mercado y las necesidades del Estado, y ya con estos datos que se puede recopilar a nivel internacional va a definir los parámetros y valores que se deberían cobrar. “No se puede hacer una valoración en el 2018 para dar una concesión en el 2023. No podemos tener cinco años ese valor. Este valor probablemente tiene que estar lo más cerca posible a la fecha de finalización, es decir, un año antes, porque tiene 120 días para negociar según el reglamento”, señaló. (I)