Una vez concluido, el lunes 11 de septiembre, el plazo de 10 días que la Corte Constitucional dispuso para que personas u organizaciones con interés en la causa, presenten argumentos a favor o en contra del acuerdo comercial firmado entre China y Ecuador en mayo pasado, se han presentado 9 ‘amicus curiae’ a favor del instrumento, según confirmó este miércoles 13 de septiembre el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

En contra, la CC recibió además cuatro posturas, confirmó el ministerio que explicó que uno de los amicus a favor fue presentado por esa misma cartera de Estado.

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“Se han presentado nueve amicus curiae a favor de la constitucionalidad del Acuerdo, respaldados por diversos sectores productivos. El Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca ha presentado su propio escrito, en el que se detalla la justificación de la constitucionalidad del Acuerdo que, entre otras cosas, busca beneficiar a los sectores productivos al facilitar el acceso al mercado chino, el más grande del mundo, y proteger las sensibilidades productivas acordadas con los propios sectores”, argumentó el ministerio que catalogó a esta etapa como común dentro del procedimiento de control constitucional de instrumentos internacionales establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

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Sin embargo, destacó que las fundamentaciones técnicas presentadas, a favor y en contra, que la Corte considerará a su discreción, deben centrarse en aspectos de constitucionalidad. “En este contexto, Acción Ecológica, al igual que cualquier otra persona u organización que tenga un interés legítimo en la causa puede presentar estos escritos conocidos como amicus curiae”.

Estos son los gremios e instituciones que presentaron los amicus curiae a favor del acuerdo:

  1. Cámara de Innovación y Tecnología del Ecuador (Citec).
  2. Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE).
  3. Cámara de Comercio Ecuatoriano-China.
  4. Cámara de Industrias de Guayaquil.
  5. Cámara Nacional de Acuacultura.
  6. Cámara Nacional de Calzado.
  7. Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).
  8. Asociación de Industriales Textiles del Ecuador.
  9. Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

Estas son las organizaciones y empresas que presentaron posturas en contra del acuerdo

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  1. Organización para la conservación del medioambiente Acción Ecológica.
  2. Zaimella.
  3. Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi).
  4. Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal (Fedimetal).

En el amicus presentado por Acción Ecológica se resalta la preocupación por capítulos del acuerdo, como el de inversión y de cooperación económica, así como la aplicación del TLC.

Indican que en el párrafo 10 del dictamen de la CC se señala que “de ratificarse este Tratado, Ecuador se estaría comprometiendo a expedir, modificar o derogar leyes” y agregan que “las medidas a adoptarse según el artículo 2.1, que contiene las definiciones de aplicación general del Tratado incluyen cualquier ley, reglamento, procedimiento, requisito o práctica”.

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Acción Ecológica presentó un ‘amicus curiae’ al acuerdo comercial firmado entre Ecuador y China

“La Constitución del Ecuador es ampliamente reconocida por ser progresiva en cuanto a derechos humanos y otorgar derechos a la naturaleza, condición que ha permeado a otras normas en distintos ámbitos, con el fin de superar el paradigma del desarrollo y sentar las bases del sumak kawsay o buen vivir. Incluso ha dado lugar a sentencias de esta Corte con base en dichas proyecciones como país”, destacó la organización.

Mientras, en su postura a favor del acuerdo, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca aclaró que las diversas disposiciones y capítulos del Acuerdo Comercial con China se negociaron en estricta conformidad con las disposiciones constitucionales.

“Este acuerdo incluye capítulos similares a otros acuerdos en vigor, como la Unión Europea, el EFTA y Chile, que la Corte Constitucional ya ha declarado constitucionales. Es esencial destacar que el Acuerdo garantiza la soberanía en la formulación de políticas públicas en cuestiones ambientales y laborales, y reserva el derecho de tomar medidas en caso de prácticas comerciales desleales”, resaltó la cartera de Estado.

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Sobre el proceso a seguir, el ministerio explicó que una vez concluido el plazo para la presentación de los amicus curiae, la Corte continuará con su revisión del Acuerdo desde una perspectiva constitucional, con un plazo de 30 días para emitir su dictamen final.

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“Es importante aclarar que este proceso no obliga a la Corte Constitucional a responder. Estos documentos se consideran referencias para respaldar su dictamen de constitucionalidad si se los encuentra pertinente, los cuales la Corte considerará a su discreción dentro de su análisis sobre la constitucionalidad de las disposiciones del Acuerdo”, recordó el ministerio. (I)