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Corte Constitucional sesiona para conocer argumentos del Ejecutivo y ‘amicus curiae’ sobre ley de reestructuración de empresas

El superintendente Marco López considera que la ley debería haber tenido un espacio más amplio para determinar cuáles son las empresas viables y cuáles no.

Edificio de la Corte Constitucional del Ecuador, en las calles José Luis Tamayo y Lizardo García, en el norte de Quito. Foto: Alfredo Cárdenas.

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Actualizado el 

La Corte Constitucional conocerá este jueves 20 de julio del 2023 desde el Ejecutivo los argumentos sobre la Ley de Reestructuración Empresarial o Ley de Quiebras que fue enviada por el presidente Guillermo Lasso tras la muerte cruzada. Como en ocasiones anteriores la Corte también recibirá los argumentos de los once amicus curiae que hasta el momento se han presentado.

Previamente, la Corte estableció que requiere detalle anual de cuántas compañías han entrado en proceso de disolución y liquidación en los últimos diez años. El detalle de cuántas compañías se estima que están en riesgo de iniciar el proceso de disolución y liquidación hasta que se posesione la Asamblea Nacional y el detalle de cuántas compañías se han acogido a los acuerdos preconcursales regulados bajo de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.

La audiencia de este jueves se realizará a partir de las 10:30. El superintendente de Compañías, Marco López, comentó que él acudirá a la comparecencia convocada por la Corte Constitucional y a la que han sido citados tanto él como el presidente de la República. Indicó que en la carta que le hiciera llegar la Corte se le indicaba que la idea era que el mandatario exponga sobre el proyecto y que el superintendente dé una opinión sobre la urgencia y constitucionalidad del proyecto.

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Explicó que sobre el tema de constitucionalidad no puede opinar, debido a que no tiene dichas atribuciones y menos aún cuando ese informe de constitucionalidad está dirigido a la máxima autoridad constitucional del país. En cuanto a la urgencia, considera que es un tema muy subjetivo que tiene que ver con la oportunidad.

Para López, en este caso sí habría urgencia, sobre todo si se toma en cuenta que la ley podría ser una herramienta que les permita a las empresas no entrar en un proceso de liquidación y posterior cancelación de la misma, con lo cual se protegen las plazas de empleo y al proteger las plazas también la capacidad de consumo y así la producción, en definitiva, se protege el círculo virtuoso de la economía. La urgencia está determinada, según López, en el hecho de si esta ley puede o no puede esperar a que haya una nueva Asamblea y que se envíe un nuevo proyecto. Explicó que hoy por hoy ya se empieza a sentir el efecto climático de El Niño y la estación invernal prolongada. Los ingenios azucareros no están moliendo caña, no están generando ni azúcar ni alcohol, este último con dos aplicaciones: el alcohol que se lo utiliza en la parte médica y el de los combustibles. También se temen problemas en el sector arrocero, en el camaronero y bananero, que son sectores de exportación.

Indicó que si bien en este momento no hay una situación apremiante para las empresas, la ley debe ser hecha ya, pues si se la empieza a tramitar recién cuando ya la situación sea apremiante, será muy tarde.

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También explicó que esta nueva ley reemplazaría a la Ley Humanitaria y asegura que esta herramienta servirá para determinar si una empresa es viable y se la debe proteger de todos los embates civiles y administrativos, como embargos o coactivas que se presentan en estos casos complejos.

Sin embargo, al ser consultado si la ley realmente tiene herramientas para determinar si las empresas son viables o no, López comentó que probablemente este tema debió tener más espacio para reglamentarlo. Considera que si se ponen adjetivos sin parámetros, es difícil determinar qué es viable, medianamente viable o inviable. “Son cosas que debieron haberse dejado para una reglamentación o del presidente o de la Superintendencia de Compañías”.

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Ratificó que esta ley ha sido construida desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia. También indicó que con esta ley se le carga de mayor trabajo a la Superintendencia, pero no se establecen los recursos operativos, tecnológicos y de talento humano necesarios para ello.

Al momento se han presentado once amicus curiae.

  • Diego Andrés Bastidas
  • César Coronel Garcés
  • Diana Patricia Acosta
  • Aurelio Guerra Martínez
  • Esteban Ortiz Mena
  • Fabián Teodoro Pozo Neira
  • Juan Francisco Román Mendoza
  • Paúl Noboa Velasco
  • Sandra Isabel Farfán
  • Rogelio Valencia Alcívar
  • Virgilio Hernández

César Coronel, de Defensa Deudores EC, hizo un pronunciamiento público sobre la ley indicando que esta es una norma moderna, necesaria y urgente para la reestructuración financiera de empresas con problemas de liquidez. Explica que la persistencia de los efectos de los paros nacionales y la pandemia del COVID-19, sumados a los posibles daños del fenómeno de El Niño, estimados en $ 3.000 millones, demandan medidas urgentes que respalden a las empresas. (I)

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