La Contraloría General del Estado (CGE) realiza un examen especial a los planes de operación y mantenimiento del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), a cargo de Petroecuador y entidades relacionadas.
La orden de trabajo de la Contraloría fue emitida el 19 de marzo de 2025, seis días después del derrame de crudo ocurrido el pasado 13 de marzo en el sector de El Vergel, cantón Quinindé, en la provincia de Esmeraldas.
El examen especial revisa las actividades comprendidas entre el 1 de enero de 2020 y el 18 de marzo de 2025. La Contraloría confirmó a EL UNIVERSO que la acción de control se encuentra en ejecución y durará 90 días.
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Según un informe técnico de Petroecuador, en Esmeraldas se derramaron 25.116 barriles de petróleo, que contaminaron ríos, zonas agrícolas y llegaron hasta playas. La tubería del SOTE se rompió en un tramo aproximado de 50 metros a causa de un deslizamiento de tierra.
No obstante, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, dijo a finales de marzo que la emergencia habría sido provocada por un presunto sabotaje. La funcionaria basó sus declaraciones en un informe de inteligencia de la Policía, del cual no se ha dado más información.
Trabajos de remediación y refuerzo en tubería del SOTE
Por otro lado, desde el 28 de marzo, el Gobierno, a través del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, empezó a pagar la indemnización de $ 470 a familias damnificadas por el derrame de petróleo.
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Hasta el 3 de abril, el ministerio reportó que 802 familias habían recibido la compensación, que fue dispuesta a través del Decreto Ejecutivo 577. La indemnización es equivalente a un salario básico unificado y se entregará una sola vez.
Los hogares que estén registrados en fichas de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, cuya información es remitida al Ministerio de la Mujer, serán los beneficiados.
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El objetivo del Gobierno es llegar con la indemnización a 7.000 familias afectadas, dijo el pasado 27 marzo la ministra Arianna Tanca.
Mientras, Petroecuador mantiene la declaratoria de fuerza mayor en sus operaciones debido a la emergencia causada por la rotura del SOTE. La medida se inició el 15 de marzo y durará máximo 60 días. (I)
