La propuesta de moratoria de 15 bloques petroleros del suroriente y el ofrecimiento de no ampliar el polígono del área de otros siete bloques más, que ahora mismo están siendo manejados por Petroecuador: I TT (43), Apaika Nenke (31), Auca (61), Edén Yuturi (12); por Petroriental (14 y 17) y Petrolia (16), genera reacciones de aprobación, pero también de rechazo desde varios sectores y de expertos.

Los quince bloques que quedarían en moratoria por un año son los ubicados en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, que actualmente no están siendo explotados y que según el mapa de bloques son los siguientes: 28, 70, 71, 72,73, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 86 y 87.

Para Fernando Santos Alvite, exministro de Energía, la moratoria del suroriente es una decisión saludable, porque estos bloques son muy interesantes, pero ha habido o existido una oposición de las comunidades indígenas a las cuales no se les había tomado en cuenta en el proceso de estudio de los bloques. “En el fondo estoy de acuerdo, porque es primera vez que se va a dar un protagonismo e importancia a las comunidades sobre la explotación en el Oriente. Es justo que luego de 50 años se les consulte durante este año”.

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En este sentido, la moratoria de un año puede dar un tiempo prudencial para que se apruebe la consulta previa y también para que haya una explicación de parte del Gobierno de los beneficios a las comunidades que puede generar la explotación petrolera. Considera que este tiempo podrá servir además para escuchar las preocupaciones de las comunidades. Si al final de ese año las partes están de acuerdo, podría darse el siguiente paso que es realizar las respectivas contrataciones.

Sobre el tema de no incrementar el polígono de varios bloques, dice que esto no tendrá mayor incidencia, sobre todo porque no se estaba pensando ampliar dichos bloques. Para Santos, el desarrollo del megabloque que se había anunciado por parte del Gobierno, que es en la práctica continuar sacando el petróleo del ITT, pasarlo por el bloque 31 y sacarle el agua en el bloque 16, sí se podrá realizar, pues esto no significa ampliar el área de explotación.

Sin embargo, Santos considera que estas decisiones representan definitivamente que el Gobierno renuncia a su meta de la duplicación de la producción petrolera. Esta moratoria significa que recién habrá una claridad sobre los bloques en el 2024, es decir, ya cuando el Gobierno esté de salida. Sin embargo, considera que el Gobierno estaría sentando las bases para que el próximo ya pueda mejorar la producción a futuro.

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Entre tanto, Gonzalo González, coordinador de la Comisión Petrolera de la Cámara de Comercio de Quito, lamenta que en el escenario político actual se están manejando posiciones extremas y maniqueas. Considerar que quien quiere desarrollar la industria está en contra de la naturaleza es algo equivocado, dice, sobre todo porque para eso existen la tecnología y se pueden realizar procesos sostenibles de desarrollo con cuidado de la naturaleza.

Para González, si no se permite la ampliación del polígono de varios bloques petroleros, al menos debe permitirse la migración de contratos para así desarrollar de una buena manera lo que ya tenemos. Asegura que si se quiere hacer una discusión hacia una economía no extractiva, es importante discutirlo, pero de manera técnica. Considera que el Gobierno está cediendo en todo por miedo al caos y al paro, pero esto no es lo saludable para el país. También se muestra preocupado por las consecuencias que podría traer al país un resultado en contra de la explotación del bloque 43 (ITT). Asegura que los mensajes que estamos enviando a los inversionistas con todo este panorama son contraproducentes.

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Benito Bonilla, vocero de la Fundación Pachamama, dice que la propuesta de no licitar bloques del centro sur fue justamente una promesa de campaña que hizo el gobierno de Guillermo Lasso. Por lo que ahora simplemente se estaría cumpliendo dicha promesa. Sin embargo, indica, en la práctica la extracción de este crudo no es rentable, pues se trata de un crudo muy pesado y que para sacarlo se requeriría una gran inversión, que el Gobierno no la tiene. “Ofrecer una moratoria en concepto está bien, pero hay que tomar en cuenta que en términos financieros y económicos no es viable”, agrega.

En cuanto a la no ampliación del polígono de los bloques, Bonilla considera que resulta como un saludo a la bandera si se toma en cuenta que la explotación del ITT podría quedar en suspenso ya que está pendiente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe pronunciarse sobre la protección a los pueblos aislados. Esto podría impactar a bloques que están cercanos al Yasuní, al propio bloque 16. También está pendiente la consulta popular, que podría hacer –de llegarse a realizar y de ganar la propuesta ambientalista– que se deje el petróleo en tierra. Bonilla dice que las alternativas al extractivismo son justamente ir de manera inmediata a una transición ecológica. Explica que las organizaciones ambientalistas a nivel mundial están debatiendo las maneras de buscar los fondos para poder aplicarlos a proyectos que vayan hacia este tipo de propuestas. Un proyecto de este tipo sería el de las cuencas sagradas, que llevan adelante indígenas de la Amazonía ecuatoriana.

El análisis de la mesa de recursos naturales continuó la mañana de este miércoles. El martes, el Gobierno anunció además de la propuesta de moratoria y la de no ampliación del polígono, que no otorgarán nuevos títulos mineros hasta contar con la normativa necesaria de la aplicación de la consulta previa, libre e informada. Asimismo, se generó el compromiso de no dar licencias ambientales para el inicio de nuevas actividades mineras. Se creará una mesa técnica para evaluar los impactos ambientales de concesiones anteriores. De acuerdo con el Ministerio de Energía, el ministro Xavier Vera Grunauer presentó como propuesta la moratoria de los quince bloques como una muestra de que el Gobierno está abierto al diálogo y que busca crear consensos para beneficiar no solo a las organizaciones sociales, sino a los ecuatorianos, de acuerdo con las disposiciones del presidente Guillermo Lasso. (I)