Dictamen en contra de la Corte Constitucional para Ley de Zonas Francas habría dejado “varados” a por lo menos tres grupos de inversionistas nacionales

El pasado 16 de junio cuando la Corte Constitucional decidió por unanimidad emitir un dictamen desfavorable para el Decreto Ley Orgánica Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, más conocido como Ley de Zonas Francas, no solo habría frenado el tercer intento del Gobierno, desde el 2021 a la fecha, por poner en vigencia esa ley, sino que también habría dejado ‘varados’ a empresarios que estaban listos para invertir y montar zonas francas en el país.

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Así lo aseguró Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, en una entrevista radial, en donde aseguró que “hay empresarios privados listos para montar zonas francas”.

“Durante los últimos meses, fácilmente durante los últimos seis meses, nos hemos reunido por lo menos con tres grupos de inversionistas nacionales que están interesados en poner zonas francas y buscar atraer inversiones locales y extranjeras, esas por ejemplo se quedaron varadas hoy por hoy”, lamentó Prado.

Y es que el argumento de la Corte Constitucional para dejar sin piso este decreto ley fue que “no constituye per se una norma de urgencia económica al tenor de lo requerido en el escenario excepcional previsto en el artículo 148 de la Constitución”, ello con base en que este no cumpliría el criterio de inmediatez de los efectos económicos de las medidas planteadas en relación con “las circunstancias apremiantes”. Por las implicaciones que conlleva para el modelo económico a largo plazo, la Corte estimó que la normativa propuesta requiere de un apropiado y exhaustivo debate técnico-parlamentario, en el que puedan participar distintos sectores.

El artículo 148 dispone que hasta la instalación de los nuevos legisladores, el Ejecutivo podrá expedir decretos leyes de urgencia económica previo el dictamen favorable de la Corte Constitucional, que en este caso no lo dio.

Prado, por su parte, señaló: “No le iba a servir al presidente Lasso, no le iba a servir a este ministerio evidentemente porque el presidente Lasso ha dicho que no va a la reelección, eso está clarísimo. Habrá un nuevo presidente de la República el próximo año y esto es parte de lo que servirá para el desarrollo económico del Ecuador en el futuro”, aclaró el ministro.

Añadió que decir que porque las zonas francas recién se consolidan en el largo plazo y están en su máximo potencial en cinco o diez años en este proyecto económico urgente que rechazó la Corte es “tremendamente equivocado”, al asegurar que durante toda la fase preoperativa ya se empiezan a generar inversiones y empleos.

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“Cuando uno ya sabe que hay una ley clara, un marco conceptual, un marco legal que le protege a esas inversiones que les permite crear zonas francas, los inversionistas comienzan a reunirse, comienzan a contratar estudios, comienzan a contratar personal y montar las empresas para poder atraer esas inversiones y comienza a moverse la economía”, sostuvo el funcionario, quien manifestó que si bien Ecuador no se iba a notar el máximo potencial de las zonas francas, en cuestión de pocos meses, si era necesario comenzar a sentar las bases para que se generen las exportaciones, los empleos y las inversiones.

Según cifras compartidas por el ministerio, Ecuador es el octavo peor país de acuerdo con el número de zonas francas, el segundo peor en número de empresas y el cuarto peor por generación de empleo. Ecuador solo supera en número de zonas a Cuba (1), Curazao (2), Aruba (2), Paraguay (2), Chile (2), Puerto Rico (3), Perú (4), Bolivia (7) y España (7). Sin embargo, en número de empresas solo supera a Haití que tenía 16 empresas, a la fecha del corte del informe. Solo Curazao, Perú y Paraguay son países que generaron menos empleos que Ecuador bajo este sistema.

En Iberoamérica –incluida toda la región latinoamericana y España– hay 630 zonas francas y zonas especiales de desarrollo económico; de esas, 485 son multiempresariales y 245 uniempresariales. En ellas se han levantado 10.738 empresas y casi un millón de empleos. (I)