Miembros de comunidades indígenas de Aguarico, provincia de Orellana, se oponen al cierre del bloque 43-ITT. Por ello, el martes 3 de septiembre se trasladaron a Quito para reunirse con autoridades del Gobierno y anunciaron que en los próximos días presentarán acción de protección a la Corte Constitucional, con el fin de revertir los efectos de la consulta popular de 2023 y que continúe la explotación petrolera.
Los indígenas pertenecen a las comunidades kichwa y waorani. Se movilizaron desde Aguarico en tres buses, pero uno sufrió un grave accidente de tránsito en horas de la mañana, en la vía Pifo-Papallacta, debido a una falla mecánica, provocando la muerte de nueve personas y trece resultaron heridas.
En el bus accidentado se trasladaban integrantes de la comunidad Waorani Kawimeno, confirmó Lauro Papa, presidente de la Organización de Comunas de Aguarico. Él viajaba en uno de los vehículos que no fue afectado.
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9 muertos y varios heridos en siniestro de tránsito en vía Pifo-Papallacta
Mientras bomberos y paramédicos atendían a las víctimas de la tragedia, los demás representantes indígenas, de las comunidades kichwas Boca Tiputini y Puerto Miranda, decidieron continuar su paso a la capital y se trasladaron a las oficinas de Petroecuador, en el centro de la ciudad, donde se reunieron con autoridades del Gobierno.
Ahí los recibieron Andrés Vásconez, subsecretario del Ministerio de Gobierno; Valeria Arroyo, asesora del Ministerio de Energía y Minas; y Nuvia Vega, gobernadora de Orellana.
En el encuentro los miembros de las comunidades indígenas pidieron no se cierre el campo ITT, el cual está ubicado parcialmente en el Parque Nacional Yasuní.
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Al terminar el diálogo, Lauro Papa dijo que en la consulta popular de agosto de 2023 se vulneraron los derechos de las comunidades de Aguarico, porque previamente no fueron informados, ni recibieron socialización sobre el propósito de aquella consulta que fue promovida por el colectivo ecologista YASunidos.
Papa acusó a YASunidos de “manipular” a otras agrupaciones indígenas waorani. Dijo que terminar con la actividad petrolera es perjudicial para la economía local y nacional. Que alrededor de 400 personas trabajan de manera directa e indirecta en el bloque 43, quienes perderán sus empleos; además, aseguró que la actividad petrolera ha generado beneficios en materia vial, infraestructura, servicios, salud, transporte fluvial y becas de estudio.
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“La Corte no cumplió con la Constitución, solo las personas que somos del territorio teníamos que haber decidido (sobre la explotación de crudo en el Yasuní)”, reclamó Papa.
La gobernadora de Orellana y el subsecretario del Ministerio de Gobierno anunciaron que el próximo martes, 10 de septiembre, se instalarán mesas en Aguarico para conocer las necesidades de la población y dar soluciones.
Nuvia Vega ratificó que el Gobierno está cumpliendo con la consulta popular, que dispuso mantener el crudo del Yasuní bajo tierra. Recordó que se ha presentado un plan de cierre a la Corte. “Estamos con las manos atadas. No depende del Gobierno decir si se explota o no se explota (el crudo del ITT). Nosotros estamos cumpliendo con los lineamientos”, dijo la gobernadora e indicó que el Ejecutivo “no puede hace más que llevar una transición ordenada”.
Luego de la reunión, por la tarde Lauro Papa y los demás indígenas se trasladaron a la Corte Constitucional para manifestarse a favor de la explotación petrolera.
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El dirigente informó en el lugar que dentro de tres días volverían a la capital para presentar formalmente la acción de protección. Explicó que resolvieron no hacerlo este mismo martes, para guardar luto por sus compañeros fallecidos en el accidente de tránsito. (I)
