Entre este lunes 22 y martes 23 de mayo será enviada la Ley de Atracción de Inversiones o ley de zonas francas vía decreto a la Corte Constitucional (CC). Así lo aseguró el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, durante su rendición de cuentas que realizó este lunes en Guayaquil.

Una zona franca, según el ministro, es un lugar o una ubicación geográfica que tiene beneficios tributarios y el objetivo es generar exportaciones.

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Arosemena comentó que actualmente las zonas francas o zonas especiales de desarrollo económico (ZEDE) solamente pueden existir por iniciativa del Estado, pero lo que proponen con la ley es que sea como en “cualquier parte del mundo”, que las iniciativas también surgan del sector privado, incluso que mixta, entre lo público y privado.

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Como segundo punto indicó que en la actualidad se puede hacer zona franca para exportar, pero solo para determinados tipos de negocio muy relacionados a la logística. “Nosotros estamos planteando que tú puedas hacer zona franca para exportar bienes o servicios, software es un servicio, lo que sea, prácticamente lo que sea, como es en cualquier parte del mundo”, afirmó.

Añadió que actualmente los beneficios de la zona franca “son nada, son centavos”, pero ahora están proponiendo que sea “cero impuesto a la renta a 10 o 15 años, dependiendo de la ubicación”.

Citó como ejemplo que si se ubica en la frontera de Ecuador, 15 años el impuesto sería cero; si está dentro de las fronteras el impuesto también sería cero por 10 años y adicionalmente, en ambos casos 10 puntos de reducción al impuesto después de los 10 o 15 años, mientras dure la zona franca.

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Asimismo, indicó que aparte tendría los beneficios de la exoneración a los impuestos al comercio exterior, entre ellos, el IVA. “Cuando exporte, no exporte aranceles, no exportes impuestos”, sostuvo.

Datos sobre el balance del 2022

El ministro señaló que se ha reducido el déficit fiscal, la diferencia entre ingreso y gasto. En el 2020 fue del -7,7 %; en el 2021 del -4,1 %; y en el 2022, llegó a -1,7 % y para el 2023 a -1,5 %.

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Dijo que parte de esa reducción se logró, tras la renegociación de la deuda con China y con el canje de la deuda por conservación de las islas Galápagos que generaría un ahorro para el Ecuador de más de $ 1.100 millones.

Por otro lado, enfatizó que también se redujo el nivel de la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB). En el 2020 fue del 61 %; en el 2021 del 60 %; y en el 2022 del 57 % y de lo que va para el 2023 en el 55 %.

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Durante su presentación, entre otros puntos, resaltó el pago de lo que calificó como “deudas históricas” con diferentes instituciones públicas.

Dijo que cancelaron $ 107 millones de $ 172,6 millones programados hasta julio de este año a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Afirmó que los pagos estaban pendientes desde el 2015 hasta el 2020.

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“Siete años atrás, dos gobiernos pasaron y se fueron y dejaron cuentas por pagar...”, sostuvo.

Asimismo, indicó que al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) hasta diciembre del 2022 pagaron $ 2.458 millones. Además, señaló que en el 2022 destinaron $ 140 millones a incentivos jubilares. “Hemos pagado incentivos jubilares de gente que se jubiló hace 14 años”, aseguró.

Con respecto a la inflación, resaltó que la de Ecuador es la segunda más baja de la región y la novena más baja a nivel del planeta. Indicó que la inflación internacional anual a diciembre del 2022 fue de 3,7 %. Resaltó que esto se ha logrado salvaguardando la dolarización. (I)