Este martes, 20 de agosto, se cumple un año de la consulta popular en la que la mayoría de votantes de Quito rechazó la explotación minera en la reserva de biosfera del Chocó Andino. Con motivo del aniversario y para exigir el cumplimiento del mandato popular, los colectivos Quito Sin Minería, Acción Ecológica y más agrupaciones sociales protagonizarán una marcha mañana, martes.
La actividad empezará a las 08:00 en los exteriores de la Corte Constitucional (CC), en el centro-norte de la capital, donde se ingresará una petición para que el organismo inicie la fase de seguimiento y verificación del cumplimiento del dictamen que dio paso a la consulta popular.
Luego de entregar la documentación en la Corte se dará inicio a una marcha que recorrerá varias calles de la cuidad hasta llegar al parque La Carolina, donde se desarrollarán varios actos, informaron voceros de Quito sin Minería y Acción Ecológica, durante una rueda de prensa este lunes.
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“Queremos que este territorio sea habitable para nuestras futuras generaciones”, dijo Esteban Barriga, vocero de Quito sin Minería. En tanto, Ivonne Ramos, de Acción Ecológica, señaló que la “Corte Constitucional tiene la obligación de vigilar y exigir a las autoridades competentes la eliminación de las concesiones, del catastro minero y también del mapa minero”.
La vocera de Acción Ecológica mencionó que, al día siguiente del triunfo de la consulta popular, el ministerio del ramo retiró 10.000 hectáreas que estaban en concesión de varias empresas. Pero quedan otras 10.000 hectáreas, de las cuales 5.000 hectáreas fueron operadas “de manera ilegal” por tres compañías: Melina Chango-Santa Bárbara, Ecuamining y la estatal Enami.
Ramos recordó que la Contraloría emitió dos informes con señalamientos de responsabilidad sobre la empresa Enami y la compañía Natural Resources. Agregó que hay pequeñas concesiones que paulatinamente tienen que cancelarse y no renovar contratos, en cumplimiento del dictamen de la Corte sobre la consulta popular.
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Las organizaciones que impulsaron la consulta popular sostienen que “se ha cumplido parcialmente” el dictamen de la Corte. Y requieren que el Ministerio de Energía y Minas entregue la información que revele que las concesiones mineras en el Chocó Andino han sido canceladas y que tampoco se renovarán las concesiones para las empresas que operaban en el sector y cuyos contratos han caducado.
De igual manera, exigen que no solo se abandonen los proyectos mineros, sino que se complete un cierre adecuado y reparación integral ambiental.
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En la consulta popular del 20 de agosto de 2023 hubo cuatro preguntas para decidir sobre la prohibición de la minería metálica en seis parroquias del noroccidente de Pichincha: Nono, Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea y Calacalí. Estas conforman la mancomunidad del Chocó Andino.
Las preguntas se referían a la minería a escala artesanal, pequeña, mediana y a gran escala. La prohibición de la actividad minera ganó con alrededor del 70 % de votos a favor en cada una de las preguntas. (I)
