El Ministerio del Ambiente ha ordenado la suspensión de 146 concesiones mineras durante los primeros quince meses de este gobierno. La cifra denota un amplio trabajo en territorio si se considera que el año pasado solo se produjeron trece suspensiones.

José Dávalos Hernández, viceministro del Ambiente, explicó que la figura de la suspensión se da bajo el amparo del artículo 187 del Código Orgánico del Ambiente, que permite su aplicación de manera temporal o provisional cuando existan incumplimientos a la Ley Ambiental, al Plan de Manejo Ambiental de una concesión o a las obligaciones determinadas en la Autorización Administrativa Ambiental u otra normativa ambiental vigente.

De acuerdo con el Ministerio, las concesiones suspendidas se ubican en Azuay, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Morona Santiago, Napo, Pichincha y Zamora Chinchipe. Dávalos explicó que, todos los meses, desde la Subsecretaría de Calidad Ambiental se hace un cronograma y se envían los equipos a territorio.

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Entre los casos más comunes de hallazgos están:

  • Mal manejo de combustibles, si se encuentran a la intemperie o dispuestos directamente sobre el suelo y sin un correcto almacenamiento.
  • Cortes de explotación sin habilitar piscinas de sedimentación.
  • Chatarra sin almacenamiento correspondiente.
  • Mal manejo de desechos y de sustancias peligrosas.
  • No cuentan con sistemas de tratamiento de agua industrial.
  • La escombrera no cuenta con cunetas perimetrales e impermeabilización.
  • Descargas directas a los recursos agua y suelo.
  • Falta de señalética.


Funcionarios del Ministerio del Ambiente realizan supervisiones en territorio y proceden a supsender actividades. Foto: Cortesia MAE Foto: El Universo

En estos casos, si las empresas realizan un proceso para subsanar los problemas, la sanción puede ser levantada. Para ello deben presentar un plan de acción e ir subsanando los hallazgos. Hasta ahora se han logrado levantar 6 de las 146 suspensiones.

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También se han encontrado casos de actividades que no cuentan con permisos, por lo que representan una potencial afectación al medioambiente. En este sentido, también se procede a la suspensión inmediata. En cuanto a la minería ilegal, dijo Dávalos que sí se han encontrado con algunos casos asociados a delincuencia organizada, armas y narcotráfico. Ejemplo de ello ha ocurrido en Zaruma y en Ponce Enríquez, señaló. Sin embargo, en estos casos el Ministerio solo puede dar parte a las autoridades correspondientes (fuerza pública), pero no poner en riesgo a sus equipos.

El viceministro también indicó que para su trabajo son muy importantes las denuncias que hacen los ciudadanos, de manera directa o también a través de las redes sociales.

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En caso de reincidencia, la ley contempla que las concesiones podrían tener una revocatoria de la licencia. Sin embargo, ahora mismo no se podría proceder de esta manera, pues aún no se ha terminado de elaborar el reglamento que establezca el debido proceso en estos casos. Se espera terminarlo máximo hasta finales de año.

Entre tanto, Dávalos, quien también participa en las mesas de diálogo, específicamente en la mesa 5, sobre energía y recursos naturales no renovables, explicó que en la primera reunión, que fue el lunes por la tarde, se comentó justamente sobre las medidas tomadas para el control, así como que la política del Gobierno es combatir la minería ilegal. “Nadie quiere la minería ilegal ni contaminante; queremos que las mineras estén regularizadas y sometidas a control”, dijo. Se habló también de los pasivos ambientales y de cómo realizar el tratamiento de estos. Esta mañana se trabajó en una matriz de demandas y respuestas. (I)