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Ministro Santos reitera a Petrolia (NSE) requisito de presentar credenciales sobre solvencia antes de pronunciarse sobre controversia

Grupo de asambleístas pide al Gobierno la reversión inmediata al Estado ecuatoriano de los bloques operados por esa empresa al vencerse plazos contractuales.

Petrolia notificó hace pocos días al Ministerio de Energía de una controversia por supuestos incumplimientos del contrato. Las partes mantienen una polémica a pocos días de que se extinga el plazo del contrato, el 31 de diciembre del 2022, que fue originalmente firmado con Repsol y otras tres petroleras.

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El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, reiteró el pedido del Estado a la empresa petrolera Petrolia, filial de la canadiense New Stratus (antes Repsol) y que actualmente está encargada del manejo de los bloques 16 y 67 en la Amazonía ecuatoriana, que entregue la información que acredite probada solvencia económica–financiera y técnica de New Stratus Energy, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos. El pedido inicial se hizo el 24 de noviembre pasado, pero “hasta la fecha no se ha recibido”.

A pocas semanas de que se termine el plazo del contrato que Ecuador firmó con Repsol y otras tres petroleras para la explotación de los bloques 16 y 67, el cual expira el 31 de diciembre, entre Petrolia (antes Repsol) y el Gobierno existe un impase pues el Estado ha buscado llevar adelante la reversión del contrato y se ha encontrado con la negativa de la empresa. A principio de semana, Petrolia notificó al Ministerio con una “notificación de controversia”, por lo que la empresa considera que serían incumplimientos al contrato. Petrolia lo que busca es que se extienda el contrato para continuar con la operación. Sin embargo, no está claro el proceso por el cual Petrolia llegó a ser parte del consorcio que maneja los campos 16 y 67, y si debía haber o no un acuerdo ministerial que aprobara el cambio de acciones de Repsol a New Stratus.

Sobre la “activación del mecanismo de solución de controversias contenido en la cláusula trigésima tercera, de los Contratos Modificatorios a Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos (petróleo crudo) para los bloques 16 y 67 (Tivacuno)” que la empresa petrolera presentó hace pocos días, el ministro Santos indicó que no se puede pronunciar hasta que la empresa cumpla con el pedido de presentación de la cartas credenciales sobre su solvencia económica, técnica y financiera.

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El ministro recordó, además, que el 23 de noviembre de 2010 y el 22 de enero de 2011 se suscribieron los contratos entre el Estado ecuatoriano, a través de la Secretaría de Hidrocarburos y las compañías a) Repsol YPF Ecuador S. A., b) Overseas Petroleum And Investment Corporation, c) Amodaimi Oil Company LTD. y d) CRS Resources (Ecuador) LDC.

También dijo que previamente al pronunciamiento sobre la controversia necesita conocer el “estatus societario de las empresas que suscribieron los contratos, si ha existido algún cambio de control conforme la definición expresada en la cláusula 4.3.11, de igual forma, los nombres de los representantes legales, las direcciones a las cuales se podrán enviar futuras notificaciones y sus domicilios fiscales”. Adicionalmente, indicó que antes de conocer cualquier propuesta de una eventual modificación contractual o ejercer otros derechos establecidos en los referidos instrumentos, las cuatro empresas contratistas deberán actuar de manera conjunta y contar con todas las autorizaciones pertinentes, cumpliendo lo establecido por la Ley, el Reglamento de Aplicación de la Ley de Hidrocarburos, las resoluciones del Comité de Licitación Hidrocarburífera y lo dispuesto en los contratos.

Entre tanto, el Frente Parlamentario Anticorrupción (un grupo de asambleístas independientes) exigió al presidente de la República, Guillermo Lasso, que cumpla la Ley y disponga la reversión inmediata al Estado ecuatoriano de esos bloques al vencerse los plazos contractuales este mes. También señalaron que New Stratus Energy “no tiene ni cinco años de creación, no registra experiencia, únicamente tiene operaciones de exploración en Colombia en el bloque VMM-18. Entre marzo del 2019 y marzo del 2020, esta compañía registró pérdidas netas por $ 1,2 millones, según una auditoría de la consultora Deloitte de Canadá”.

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“No se pueden entregar las reservas petroleras nacionales a una empresa que no tiene solidez financiera ni experiencia operativa”, aseguraron.

Los parlamentarios expusieron que en esos campos solo existen 9,4 millones de barriles de reservas, según el Informe Anual del Potencial Hidrocarburífero del 2021. Las reservas remanentes de estos bloques más la infraestructura de superficie le representan al Estado ecuatoriano alrededor de $ 2.000 millones en ingresos, dijeron en su comunicado.

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Según los asambleístas, los bloques 16 y 67 no tienen reservas explotables que garanticen operaciones por 20 años, como pretende New Stratus; “la intención, claramente, es beneficiarse de los recursos del bloque 43 (ITT)”.

Adicionalmente, el Frente Parlamentario Anticorrupción condenó las amenazas e intención de New Stratus Energy de recurrir a un arbitraje internacional porque no está de acuerdo con la reversión de los contratos al Estado ecuatoriano. Para este grupo de parlamentarios, la amenaza de un posible conflicto arbitral no tiene asidero, por cuanto los contratos fenecen el 31 de diciembre de 2022. (I)

Redacción
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