Una aceitosa mancha negra cubre algunas fuentes de agua en donde hace tres meses, como espejo, se reflejaban las copas de los árboles, en el territorio de la comunidad ancestral kichwa Río Indillama, en el cantón Francisco de Orellana.
En la vía Maxus kilómetro 17, conocida como Pompeya, en la parroquia Alejandro Labaca opera el bloque 16 de Petroecuador. Ahí, el pasado 8 de junio de 2024 se produjo la rotura de una tubería que transportaba el oleoducto. El desastre ocasionó un derrame de crudo estimado en 500 barriles de petróleo. Las comunidades calculan que la cifra supera los 2.000 barriles.
“Desde el 8 de junio de 2024, en el corazón del Parque Nacional Yasuní, sigue derramado el petróleo de magnitud catastrófica y la Empresa Pública Petroecuador y el Ministerio del Ambiente brillan por su ausencia”, señaló en su cuenta de X (antes Twitter) la comuna kichwa Río Indillama.
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Por su parte, la organización Udapt (Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco) mencionó en un comunicado que “Petroecuador estuvo en el lugar tres días después del derrame de petróleo y no activó un plan de emergencia, mientras que el 17 de junio en el exuberante entorno natural se expandió la contaminación de petróleo”.
Cuánto y hasta cuándo seguirá produciendo petróleo el ITT
Las fuertes lluvias, agregó Udapt, hicieron que pronto “la mancha de petróleo alcanzara y contaminara las fuentes de agua y los arroyos de Jandia Yaku y Shipati, que desembocan en el gran río Napo, afectando a todas las comunidades ribereñas”.
Hace una semana (lunes 26 de agosto de 2024) se presentó otro derrame en el bloque 16, esta vez en la comuna kichwa San Antonio, en la parroquia Sacha, en la misma provincia de Orellana, denunció el abogado ambientalista Pablo Fajardo, quien estimó que este año se han producido ocho derrames considerables y que ninguno ha sido reparado. “Los derrames son constantes en los distintos campos operados por Petroecuador; hay un problema grande: los derrames no están siendo reparados ni siquiera remediados”, reclamó Fajardo, quien también vive en la comunidad y tiene claro el plan de contingencia que debería aplicar la estatal petrolera ante estos desastres:
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1) Evitar que se derrame la mayor cantidad de petróleo mediante el cierre de válvulas y pozos.
2) Colocar barreras de contención de forma inmediata en los ríos para que el petróleo no contamine las fuentes de agua.
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3) Informar a la comunidad afectada para que tome las precauciones necesarias y que no utilice las fuentes de agua contaminadas.
4) Evaluar de forma inmediata el impacto causado en las comunidades afectadas por los daños y buscar la reparación integral holística, es decir, la descontaminación de suelos, agua y naturaleza.
5) Aplicar políticas de no repetición.
“Este es un plan de contingencia que nunca se hace. La excusa de Petroecuador siempre es que no hay recursos económicos para implementar planes de contingencia de forma inmediata ni mucho menos de reparación integral. Ahí tenemos un ejemplo, un derrame grande que hubo en el SOTE, el 10 de mayo de 2023, ya hace más de un año y no se repara”, comentó Fajardo.
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La falta de remediación ambiental provocó la protesta de las comunidades en julio pasado. En esos lugares, los moradores carecen de agua potable para lavar la ropa, bañarse o cocinar. Petroecuador distribuye galones de agua para tres días, pero las comunidades no tienen la garantía del suministro continuo.
“La comunidad depende de los ríos Shipati y Napo, que ahora están contaminados por el petróleo”, señaló una de las residentes del sector Nueva Providencia.
Las comunidades demandan que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica cumpla con el rol que le corresponde, con la fiscalización y control de las empresas que operan los campos petroleros y exija la aplicación de los programas de contingencia, pero principalmente de prevención de desastres.
“La mejor reparación es la que se evita, lo mejor es aplicar políticas adecuadas de prevención, que no las aplica Petroecuador. Hay tuberías que ya están obsoletas o que son de mala calidad y que por exceso de presión se rompen frecuentemente. No hay una política de prevención de Petroecuador y tampoco lo exige el Ministerio del Ambiente”, manifestó el abogado Fajardo.
Un informe estadístico de Petroecuador señala que en 2022 esta empresa pública contaba con 1.458 empleados dedicados a actividades ambientales distribuidos en 104 campos petroleros, 152 instalaciones de refinación, transporte y comercialización, y 38 locaciones de soporte administrativo.
La estatal petrolera destinó $ 57,3 millones para protección ambiental ese año, se dedicaron $ 50,4 millones para sueldos del personal de manejo de recursos naturales o reducción de la contaminación y fueron $ 729.000 para proyectos de inversión para disminuir la contaminación.
En 2022 se remediaron 22 derrames, según Petroecuador, entidad que no señaló en el informe cuántos se produjeron ese año. En cambio, mencionó que dentro del plan de tratamiento de residuos oleosos se trataron 26.507 metros cúbicos del líquido. El volumen del suelo remediado llegó a 155.156 metros cúbicos y se recuperaron 126 fuentes de contaminación de la industria hidrocarburífera.
No obstante, las comunidades siguen reportando afectaciones por derrames, especialmente en Orellana y Sucumbíos, provincias con un alto nivel de pobreza y con una escasa infraestructura sanitaria. “No hay una política de salud pública en las comunidades. A todos, y me incluyo, nos toca consumir el agua de lluvia que está contaminada por los mecheros. La realidad acá es catastrófica, tenemos la tasa de cáncer más alta del país”, señaló el dirigente ambiental. (I)
