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Proforma presupuestaria fue observada casi por unanimidad en el pleno de la Asamblea

Ahora la Función Ejecutiva tiene diez días para aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta a la Asamblea Nacional o ratificarse.

La Asamblea Nacional aprobó con 124 votos acoger el informe no vinculante a la Proforma Presupuestaria del 2023 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual del Estado. Foto: Cortesía Asamblea Nacional

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Con 124 votos a favor, cero en contra, cero en blanco y una sola abstención, el pleno de la Asamblea decidió observar la proforma presupuestaria en el segundo y definitivo debate. Así fue aprobada la moción de la asambleísta ponente Mireya Pazmiño, quien tras un debate de alrededor de cinco horas pidió acoger las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión de Régimen Económico, que ella preside, y por tanto, observar la proforma.

Durante cinco horas, los asambleístas debatieron sobre las inconsistencias de la proforma, criticaron algunos preceptos macroeconómicos y ciertas reducciones en algunos rubros con respecto al presupuesto codificado con corte a agosto del 2022 y muchos de ellos también criticaron el pago de la deuda externa y la acumulación de las reservas internacionales.

El debate partió del informe para segundo debate que fue aprobado con 9 votos a favor, es decir, incluso con los votos de los asambleístas de la bancada oficialista, hace pocos días por parte de los miembros de la Comisión de Régimen Económico. Nathalie Arias, asambleísta de CREO, había explicado de antemano el motivo por el cual se había respaldado el informe y que en esencia lo que se hacía era permitir un debate democrático y respetar las diversas opiniones.

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Entre las conclusiones del informe se señaló que el indicador de crecimiento en la proforma es optimista, pues se calcula en 3,1 % cuando otras estimaciones consultadas por Finanzas dicen que será del 2,6 %.

Dicho informe también considera que el precio del crudo calculado está por fuera de lo estimado por las agencias internacionales. Se indica que el precio del WTI (que es el marcador para el crudo de Ecuador, pero con un castigo) ha sido calculado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en $ 85,52; por la empresa estatista en $ 90,91; y por la Agencia Internacional de Energía (EIA) en $ 88,58. Entre tanto, en Bloomberg se calcularon tres escenarios: $ 77 el mínimo, $ 92,62 medio y $ 110 el máximo.

Consideran que el precio establecido en la proforma de $ 64,84 no estaría acorde con la realidad, pero no habría afectación para entidades como los GAD, pues cada cuatrimestre se hace un recálculo para la liquidación de dichos ingresos.

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Así, una de las recomendaciones del pleno fue ajustar el precio del crudo. Sin embargo, el debate se da en medio de una muestra de la volatilidad del precio del petróleo a nivel internacional. Es que el crudo cayó el lunes pasado a $ 77,24 y subió este martes a $ 78,92. Ambas cifras lejos de lo que pedían los asambleístas.

Entre tanto, sobre el tema petrolero, el legislador Fernando Villavicencio hizo dos recomendaciones con respecto a la proforma. Sobre el tema de la renta petrolera preguntó a los miembros de la Comisión de Régimen Económico con qué costo de producción del petróleo se establecieron los ingresos a la proforma. Aseguró que el fisco no recibe, como piensan algunos asambleístas, $ 65 líquidos a la proforma, pero aseguró que esto es falso. Explicó que existen 22 contratos petroleros firmados por los cuales el Estado debe pagar un promedio de tarifa de $ 33 a empresas privadas. Pero además se deben pagar $ 10 de costo de operación de Petroecuador, $ 2 de Ley Amazónica, $ 1,75 por transporte y $ 2 por comercialización.

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De esta manera, dijo, le estaría costando al Estado unos $ 48 producir cada barril. Recordó que estos contratos fueron suscritos entre los años 2012 y 2016, durante el gobierno de la llamada revolución ciudadana, y la empresa que tiene los mayores campos Auca, Libertador y Shushufindi. Para Villavicencio, una manera de generar mayores recursos para el fisco sería renegociar los contratos petroleros.

Adicionalmente, recordó que el precio del crudo ecuatoriano tiene un castigo con respecto al WTI. Sobre el tema, dijo que lamentablemente se genera un perjuicio de alrededor de $ 5 que se llevan las mafias intermediarias en contratos con Petrochina, Petrotailandia y Unipec. Lamentó que estos perjuicios se hayan empezado a generar en el gobierno correísta, que haya continuado en el de Lenín Moreno y que sigan en el actual.

De otro lado, entre las conclusiones y recomendaciones a la proforma se pidió que se sustenten los cálculos para salud, para poder verificar el incremento del 0,5 % de ley. De lo que se ha visto al momento habría una falta de $ 186 millones para cumplir esa meta. Se pidió también asignar mayores recursos a las universidades. Además, aumentar los ingresos para la Subsecretaría de Prevención de Violencia de las Mujeres y que llegue al menos a $ 18 millones. Y que se revierta la reducción del presupuesto para obras públicas y se le asignen $ 118 millones más.

La proforma, que asciende a $ 31.503 millones, tiene un déficit de $ 2.629,9 millones, es decir, el 2,1 % del PIB. Además presenta un déficit del balance entre ingresos y gastos permanentes de $ 1.460 millones, pero los asambleístas reconocieron que esto no es un incumplimiento ya que por excepción pueden ser cubiertos por ingresos no permanentes.

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De acuerdo con la Constitución, en caso de observación a la proforma o de la programación presupuestaria cuatrianual por parte de la Asamblea Nacional, la Función Ejecutiva, en el plazo de diez días, podrá aceptar dicha observación y enviar una nueva propuesta al Legislativo o ratificarse en su propuesta original. La Asamblea, en los diez días siguientes, podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios de sus integrantes. De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda instancia por la Función Ejecutiva. (I)

Redacción
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