La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) compartió un comunicado con el pronunciamiento de un grupo de relatores y expertos independientes en derechos humanos, quienes manifiestan su “preocupación” sobre la situación del bloque 43 o campo ITT, ubicado en el parque nacional Yasuní, al cumplirse un año de la consulta popular del 20 de agosto de 2023, en la que la mayoría de ecuatorianos votó a favor de mantener el petróleo bajo tierra.

La preocupación se fundamenta en “las informaciones sobre la perforación de nuevos pozos en el parque, y han instado al Gobierno y las empresas que controla o posee a aplicar urgentemente la voluntad popular, y a acelerar el proceso de transición”, señala el texto difundido por la OHCHR.

Entre los expertos que suscriben el comunicado están Olivier de Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Marcos A. Orellana, relator especial sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos; Astrid Puentes Riaño, relatora especial sobre el derecho humano a un medioambiente limpio, sano y sostenible.

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También firman Fernanda Hopenhaym, Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi, Robert McCorquodale y Lyra Jakulevičienė, del grupo de trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.

En el pronunciamiento se destaca que con los resultados de la consulta popular se “envió un mensaje claro al Gobierno: Ecuador debe dar prioridad a la protección del clima, del medioambiente y de los pueblos indígenas que dependen de él, y alejarse de un modelo económico basado en el agotamiento de los recursos naturales y la extracción de combustibles fósiles”, afirman los expertos.

De igual manera, se indica que “los avances en la aplicación de los resultados de la consulta popular han sido lentos”. Y se advierte que el “retraso o desviación” del cumplimiento del mandato popular implicaría riesgos para la protección del medioambiente, la integridad de los procesos democráticos de Ecuador y una amenaza a los derechos humanos.

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“Como resultado de la votación, los proyectos existentes y futuros deben ser detenidos y desmantelados, y el medioambiente restaurado. El futuro del parque nacional Yasuní, de sus habitantes, de las generaciones futuras y del medioambiente mundial depende de las medidas que se tomen hoy”, concluyen.

Si bien reconocen que el bloque 43 aporta el 13 % a la producción petrolera del país, y que el fin de la actividad en el ITT “es costoso y complicado”, los expertos “alentaron al Gobierno a cumplir con las obligaciones legales, avanzar en una transición justa, incluyendo la financiación del desarrollo por otros medios, sin eludir la decisión del pueblo”.

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El comunicado divulgado por la OHCHR aparece en momentos en que se espera conocer el plan de acción que aplicará el Gobierno para cerrar la actividad en el bloque 43, ya que el próximo 31 de agosto se cumple el plazo de un año que dio la Corte Constitucional para cumplir con el retiro progresivo y ordenado de la explotación de crudo.

En ese contexto, Pedro Bermeo, vocero del colectivo YASunidos, resalta que el pronunciamiento de los relatores especiales evidencia que el fin de la explotación petrolera en el Yasuní no es un tema que preocupa exclusivamente a Ecuador, sino que llama la atención de todo el mundo, por su implicación en materia de defensa ambiental y respeto a la institucionalidad.

El lunes último, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, dijo que el cierre del ITT “podría tomar entre tres y cinco años”, según estudios preliminares. Afirmó que se acatará el mandato popular, que “se comenzaría con el proceso de cierre de algunos pozos”.

YASunidos entregaron propuestas económicas a la Corte Constitucional

Representantes del colectivo YASunidos acudieron a la Corte Constitucional, la mañana del martes 20 de agosto, para entregar un informe con medidas económicas para suplir los ingresos del ITT y aumentar la recaudación fiscal.

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Las medidas fueron elaboradas por un grupo de más de 20 economistas. Comprenden propuestas en materia impositiva y focalización del gas de uso doméstico, entre otras, que generarían $ 1.775 millones al fisco.

El economista Luis Salvador, uno de los autores de las propuestas, señala que son alternativas factibles de aplicar y considera que deben ser parte del debate de cara a las elecciones generales que se avecinan en 2025.

Aclara que no todas implican un incremento de impuestos; por ende, no requieren pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional; por ejemplo, reducir la brecha tributaria, que se podría implementar con decisiones administrativas del Servicio de Rentas Internas (SRI), para mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal. (I)