Tras el dictamen desfavorable de la Corte Constitucional al proyecto de Decreto Ley para la Atracción y Fomento de Inversiones, el ministro de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, indicó que durante tres años el tratamiento que desde otras instituciones se le ha dado a la propuesta de ley de inversiones del Gobierno “fue muestra palpable de obstrucción al plan de desarrollo”.

Que ahora es la Corte Constitucional la que la niega “no por inconstitucional”, sino porque no la considera urgente. “¿No es urgente exportar, invertir, contratar más? Seguimos aplazando oportunidades que otros países aprovechan”, refutó. Las dos veces anteriores fue la Asamblea Nacional que fue disuelta con la muerte cruzada que aplicó el presidente Guillermo Lasso el pasado 17 de mayo y por la que se convocó a elecciones anticipadas.

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La Corte en su dictamen expone que disposiciones del proyecto “irrespetan el artículo 148 de la Constitución”.

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El artículo 148 dispone que hasta la instalación de los nuevos legisladores, el Ejecutivo podrá expedir decretos leyes de urgencia económica previo el dictamen favorable de la Corte Constitucional, que en este caso no lo dio.

El ministro recordó que no es la primera vez que se rechazan iniciativas como la creación de zonas francas y que en países como Corea del Sur, en donde estuvo estos días, el modelo tiene varios beneficios. “Acá nos damos el lujo de rechazar tres veces un modelo que allá les ha funcionado por décadas”, aseveró.

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Dijo que la primera vez que se envió a la Asamblea Nacional fue en el 2021 “con otros capítulos”, pero que fue archivada. Luego, en el 2022 como ley de inversiones, pero también fue archivada por los legisladores, y la tercera ocasión se envió a la Corte una vez activada la muerte cruzada. “Se mandó en 2023 a la Corte Constitucional como un decreto de ley como proyecto de zonas francas, lo negaron por no ser urgente”, afirmó.

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Según Prado, este decreto ley sí es “urgente”, porque generaría “más empleo, más exportaciones, más inversión” y agregó que cuando se comparan números de las zonas francas de Latinoamérica con las de Ecuador se ve la diferencia. “Nuestras industrias y productos pueden generar valor agregado, pero necesitamos un mejor marco legal”, sostuvo. (I)