Este lunes, 17 de marzo, se realizará una nueva mesa técnica entre el Gobierno y los representantes de los 1.795 trabajadores de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) que deben devolver $ 78,9 millones por los beneficios de contrato colectivo que recibieron durante tres años, tras una sentencia de la Corte Constitucional que dispuso a la empresa pública recuperar esa suma en un plazo de 36 meses.
La primera reunión se realizó el 10 de marzo, luego de que la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, el 8 de este mismo mes informó varios aspectos del caso, entre ellos el inicio de una mesa técnica para revisar la ampliación de los 36 meses a un periodo mucho mayor y presentarle a la Corte Constitucional esa propuesta y para otros temas, como concretar un plan de carrera dentro de la institución y la conveniencia o no de finalizar tercerización de servicios.
Según el gerente de CNEL, Ángel Erazo, en ese primer encuentro se definió la metodología para poder llegar a los acuerdos de pagos con los trabajadores que están implícitos en la sentencia de la Corte, así como la conformación de los miembros de la mesa técnica, que estará liderada por el delegado de la Presidencia de la República e integrada por CNEL, Ministerio de Energía y el Comité de Empresa de CNEL.
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Como parte de los acuerdos —dijo Erazo— se fijó el plazo para que CNEL prepare las liquidaciones de los valores por devolver de manera individualizada para notificar a los trabajadores a los que contempla la sentencia.
Otro trato es realizar la categorización del régimen laboral de los trabajadores implícitos en la sentencia de la Corte Constitucional; para el efecto, CNEL deberá preparar los informes técnicos con el acompañamiento y el aval del Ministerio del Trabajo para la recategorización de cargos.
Hace unos días, el secretario general del Comité de Empresa de la CNEL, Richard Gómez, estimó que, de los 1.795 trabajadores que deben devolver los valores pagados, unos 1.100 son obreros y ellos pertenecen al Código del Trabajo; por lo que, una vez que la empresa pública realice la categorización y se determine quiénes exactamente pertenecen a ese régimen, se les puede restituir los beneficios del contrato colectivo.
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En cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, los casi 1.800 servidores a fines de febrero ya no recibieron el pago de los tres beneficios del contrato colectivo: los subsidios de antigüedad, que van en función de los años de cada trabajador; el familiar, cuyo monto es de $ 14,10 por cada hijo menor de 18 años; y el de comisariato, de $ 50. El cobro empezó a partir de marzo de 2022.
La devolución de los $ 78,9 millones a la empresa pública aún no empieza. Erazo comentó que esto se dará una vez que sean notificados los trabajadores previa conciliación de valores entre las áreas de talento humano y contabilidad, según la hoja de ruta que será fijada por CNEL.
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La disposición de que los trabajadores devuelvan esos valores se da luego de que la Corte aceptó una acción extraordinaria de protección que CNEL interpuso para impugnar las sentencias de primera y segunda instancia que reconocían derechos colectivos a servidores públicos a quienes no les correspondía beneficiarse de un contrato colectivo, por lo cual la empresa tuvo que pagar los $ 78,9 millones y ahora ese monto debe ser recuperado por la entidad. El fallo fue emitido el 14 de febrero pasado.
Ante ese panorama, los trabajadores han expresado su preocupación por la situación en la que se encuentran ahora, porque han visto afectados sus presupuestos para cumplir con el pago de sus cuotas de préstamos y otras deudas. Ahora el Comité de Empresa de CNEL busca brindar ayuda a través de la renegociación.
Según Gómez, de los 1.795 trabajadores, 1.100 tienen créditos quirografarios y 500 hipotecarios, así como pagos en la banca privada, cooperativas, casas comerciales, en universidades, farmacias, etc. (I)
