La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) solicitó a la Fiscalía General del Estado que investigue el retiro de seis sellos de clausura en fotorradares ubicados en la red vial estatal E25, en el cantón La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Estos dispositivos, administrados por el Consorcio de Seguridad Vial de La Concordia, habían sido clausurados el pasado 12 de febrero, tras la terminación de los convenios que permitían su operación.
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La denuncia fue presentada por el director Provincial de la CTE en Santo Domingo de los Tsáchilas, quien detalló que los radares continuaban en funcionamiento pese a la prohibición.
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Ante esta situación, la CTE ha solicitado una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades penales de los representantes civiles, naturales y jurídicos del consorcio Sevico, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Además, ha pedido la aplicación de medidas cautelares para garantizar que los dispositivos permanezcan clausurados.
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En cuanto a los radares instalados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tipo B, la CTE recordó que existen resoluciones que dieron por terminados los convenios que autorizaban su funcionamiento, estableciendo un plazo para su retiro definitivo.
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Como medida de prevención para evitar el cobro indebido de multas, también se ordenó la finalización de los acuerdos con la banca privada, impidiendo así el procesamiento de pagos por infracciones generadas por estos dispositivos.
La CTE reiteró que todos los radares administrados por los GAD municipales tipo B permanecen suspendidos y exhortó a la ciudadanía a estar atenta a la información oficial sobre la operatividad de estos dispositivos de control de velocidad. (I)
