El Consejo de Educación Superior (CES) solicitó a la jueza Lorena Figueroa, que sustancia el caso de las elecciones de la Universidad Central, que no dé paso a pedidos judiciales hechos por autoridades de esa institución.
A través de su defensa jurídica, la Central presentó una acción por presunto incumplimiento de sentencia en contra del CES y de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
El argumento de las autoridades de ese centro de estudios es que ya pasaron los plazos otorgados por la sentencia oral del pasado 14 de junio que dejó sin piso la convocatoria a elecciones, pues se aceptó una acción de protección.
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Según la argumentación judicial, la Senescyt tenía hasta el 20 de junio de 2024 para emitir el informe técnico jurídico, y el CES hasta el 21 de junio para pronunciarse.
Pero el informe fue remitido el viernes 5 de julio y el 8 el CES, tras una sesión extraordinaria, insistió en que se realicen nuevas elecciones.
Para las actuales autoridades de la Universidad Central ambas entidades estatales han incurrido en incumplimiento de sentencia constitucional.
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Michelle Londoño, procuradora del CES, en un escrito, pidió que se rechace por improcedente el pedido de incumplimiento de sentencia.
Recordó que la sentencia dictada en la audiencia debía ser notificada por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. La audiencia se dio el 14 de junio; su notificación fue el 3 de julio.
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Una vez que se notificó a las entidades con la sentencia escrita, el 3 de julio de 2024, se dio inmediato cumplimiento a lo dispuesto en la misma, argumentó la funcionaria.
Así, en el caso del CES, el viernes 5 de julio de 2024, se recibió el informe ampliatorio emitido por la Senescyt, añadió Londoño, y el 8 hubo la decisión del primer organismo de que haya nuevas elecciones.
El CES pidió además que se remita el expediente a la Corte Provincial de Justicia, a fin de que se conozcan y resuelvan los recursos de apelación que fueron presentados por las partes.
La Universidad Central solicitó convocar a la jueza Figueroa a una audiencia para la verificación de los incumplimientos, así como sus efectos.
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Si la jueza declara el incumplimiento de sentencia, el caso pasaría a la Corte Constitucional (CC); de lo contrario se archivaría.
El pasado viernes se tenía previsto que se notificaría a las partes procesales para que informen sobre las actuaciones respecto de la sentencia. (I)
