En abril habrá nuevo protocolo para entrega de bonos a niños en orfandad por femicidio

Desde 2014, hay 1.526 casos de niños en situación de orfandad por causas de femicidio, mientras que el año pasado hubo 245 casos, pero el Gobierno ha entregado 192 bonos, según organizaciones de mujeres.

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Cuestionaron lo que consideran dificultades para acceder a la entrega de ese bono, que empezó en el gobierno de Lenín Moreno y tuvo una modificación en la actual administración de Guillermo Lasso.

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El 8 de marzo del 2019, el entonces presidente Moreno creó el bono para niños en situación de orfandad por femicidio, a través del Decreto 696.

El pago debía plasmarse una vez que existiera la sentencia condenatoria ejecutoriada en contra del victimario. El bono consiste en una compensación económica que se entrega mensualmente, cuyo monto es determinado en función de la remuneración básica unificada.

El presidente Guillermo Lasso reformó el decreto en marzo del 2022 para que se lo entregue una vez que ha comenzado la investigación de los hechos.

Lasso estableció el bono para niños y adolescentes en situación de orfandad por muerte violenta de su madre o progenitora. Serán beneficiados aquellos entre 0 y 18 años que se encuentren en situación de orfandad a causa de la comisión de los siguientes delitos: asesinato, femicidio, homicidio y violación con resultado de muerte; a ellos se les otorgará el bono a partir del inicio de la investigación previa.

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Los entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Según Mayra Tirira, de la fundación Surkuna, hay barreras que tiene el MIES para el acceso, pues calificó los bonos de inaccesibles y desconocidos.

“¿Conocen cuáles son los requisitos? ¿Conocen cuáles son los pasos? ¿Saben a dónde acudir para acceder directamente a un bono? Ahora, imagínense esta pregunta para una familiar, víctima de un caso de femicidio, para una abuela, para una tía, para una hermana: es absolutamente ciencia oculta”, dijo.

Agregó que, una vez que se conocen los requisitos, se necesita una orden que otorgue la custodia hacia las abuelas o tías de los niños.

Explicó que se requiere acceder a juntas cantonales de protección de derechos, si no se tiene directamente conocimiento, o hacia un juez.

“Imagínense lo que es nuevamente dentro de este dolor tratar de obtener esta custodia”, añadió.

Después —acotó— se necesita una cuenta bancaria de BanEcuador, para lo cual incluso necesitan recursos económicos y una cédula, que muchas ni siquiera tienen.

El trámite —añadió— se hace en las direcciones distritales.

“¿Qué es lo que pasa en la práctica? Nosotros tenemos casos que se presentaron hace más de dos meses (...). Existen muchísimos casos donde van más de seis meses (...) y no tenemos una sola respuesta, cuando directamente la Administración pública tiene que tener quince días para dar una respuesta”, indicó Tirira.

Agregó que, de lo que conocen, no se van a otorgar bonos con retroactividad, es decir, por hechos que ocurrieron antes del 2019, cuando se expidió el bono.

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El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, anunció que en abril habrá un nuevo protocolo para identificar casos. Habrá una interacción e interoperabilidad entre diferentes instituciones para la entrega de información ágil e inmediata a esa cartera de Estado.

Las instituciones que formarán parte serán Fiscalía, Ministerio del Interior y Consejo de la Judicatura.

“No venía teniendo el MIES una estructura eficiente con respecto a la identificación de aquellos niños, niñas, víctimas”, indicó el funcionario.

Eso —agregó— permitirá trabajar también en aspectos para recibir el bono. Desde abril, con cualquier cuenta en el sistema financiero se permitirá la entrega del bono.

Hay además —expresó— condiciones de vulnerabilidad que impiden a muchas personas tener una cédula, por lo que, con ese protocolo, instituciones estatales irán con brigadas móviles para obtener esos documentos.

A diciembre del 2022, hubo 196 niños en condiciones de orfandad que pertenecen a 108 grupos familiares, según cifras el MIES.

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El bono fluctúa entre el 29,4 %, cuando es un niño, y el 54,2 %, cuando son más de tres niños, de un salario básico unificado, que para 2023 se estableció en $ 450.

Bernal señaló que no es retroactiva la entrega, pero se ha hecho una consulta a la Procuraduría para ver si se pueden incorporar todos aquellos casos que están a la espera de una sentencia ejecutoriada.

Para 2023, hay un presupuesto estimado de más de $ 222.000. En 2022 se desembolsaron $ 166.503,27, un 68 % de lo asignado, que el funcionario lo atribuyó a la falta de “contactabilidad” con familiares de los afectados. (I)