Ángel Quiroz fue a la agencia del Servicio de Rentas Internas (SRI) que se ubica en la planta baja de la Plataforma Financiera Norte para obtener el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Con un turno en la mano y a la espera de ser llamado, sostuvo que es preferible que algunos servidores públicos retornen al teletrabajo, si no el COVID-19 seguirá expandiéndose.

Esto es porque desde este jueves, 28 de julio y durante quince días, en las instituciones de la Función Ejecutiva se aplica –donde así se lo determine– la modalidad de teletrabajo, en un intento por reducir la transmisión de coronavirus, cuyos casos han venido en aumento durante las últimas semanas.

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Quiroz, de 54 años, usaba una mascarilla de color blanco. Ha recibido cuatro inyecciones contra la pandemia y no ha sido contagiado con el virus.

En unas 100 entidades de la Función Ejecutiva se aplicaría retorno al teletrabajo por rebrote de COVID-19; hay grupos priorizados

Ana Uribe, supervisora de esa agencia del SRI, indicó que la atención era normal.

Agregó que no hay reducción de aforo, y de acuerdo a cómo llegan los contribuyentes se los atiende. Recomendó que por el aumento de casos se hagan trámites en línea, como la actualización del RUC o declaraciones de impuestos, lo que evita que se vaya de manera presencial.

Físicamente el trámite que se hace es la generación de la clave.

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Unos diez funcionarios atendieron en ventanilla, mientras que quienes han resultado contagiados hacen su tarea en teletrabajo.

Rocío Llumiquinga estaba sentada en una de las sillas de espera del Banco del IESS. Aguardaba por su esposo, quien fue a realizar un trámite para un préstamo.

A esa entidad había ido en enero pasado y contó que hubo mucha gente, pero notó que hoy había pocos usuarios.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional exhortó a todas las instituciones de los Gobiernos autónomos descentralizados para que acojan la medida sobre presencialidad y teletrabajo durante los próximos quince días.

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Extensión de horarios para vacunar contra el COVID-19, una de las alternativas a fin de aumentar colocación de refuerzos en Quito

En la Plataforma Gubernamental hay 24 instituciones y 3.800 trabajadores. En entidades como el Biess o SRI se hacen trámites ciudadanos. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas

Isabel Proaño, directora ejecutiva del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), indicó que cada una de las 23 prefecturas tiene la autonomía para definir cómo se va a manejar el tema del teletrabajo.

“No es una medida obligatoria, de ninguna manera, ni implica que todos los funcionarios van a ir a teletrabajo necesariamente”, mencionó.

Algunas de las priorizaciones para ese retorno serían –agregó– las personas con vulnerabilidad, mujeres que están en periodo de maternidad o de lactancia, entre otras.

Proaño expresó que no ha habido un pedido específico gubernamental para respaldar el plan de inoculación masiva, aunque mencionó que hay apoyos constantes, así como llamados a la población a que acuda a los vacunatorios.

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Tras una reunión del COE Metropolitano, el Municipio de Quito decidió acoger la modalidad de teletrabajo bajo los lineamientos resueltos por el Ministerio del Trabajo.

Esa cartera de Estado estableció que se priorizará en modalidad de teletrabajo a embarazadas, mujeres en periodo de lactancia o maternidad, personas con discapacidad igual o mayor al 30 %, quienes tuvieran a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad severa, personas con enfermedades catastróficas, adultos mayores.

En tanto que el sector empresarial se mostró abierto a colaborar con el Gobierno para impulsar el proceso de vacunación.

Mónica Heller, directora de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), mencionó que al igual que en ocasiones anteriores, el sector privado prestaría todo su contingente, como espacios físicos y mano de obra, para que la campaña sea exitosa y lo más pronto posible.

Acerca de si podrían dar algún descuento para la ciudadanía que tenga las dosis completas, respondió que es un tema que lo decidirá cada empresa.

“Es muy difícil como gremio comprometer a cada uno de los empresarios o de los emprendedores a generar políticas de cobro que cada uno sabe si las puede o no las puede asumir”, opinó Heller.

La directiva del CCQ sostuvo que hay mucha información de cómo se comporta la enfermedad y del valor que tiene la vacuna, pero no se puede obligar a nadie a inocularse.

El próximo lunes habría una reunión entre el Gobierno con delegados de cámaras empresariales, academia y otras entidades para que formen parte de un nuevo plan masivo de inmunización que prevé llegar a millones de ciudadanos hasta fines de septiembre.

El Gobierno estima que falta vacunar a 3′800.478 ecuatorianos, por lo que se debe entrar en un proceso de vacunación masiva.

Un distrito de la ciudad china de Wuhan, donde se cree se originó el coronavirus, confinado por primera vez desde 2020

Según el vacunómetro, una herramienta creada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) para seguir el proceso de inoculación, hasta el 27 de julio con la tercera dosis hubo 6′714.982 personas, es decir, el 40 % de la población vacunable.

El ministro de Salud, José Ruales, en una entrevista la semana pasada con la radio La Voz del Tomebamba, expresó que hay 4,2 millones de vacunas en stock de laboratorios como CanSino, AstraZeneca, Pfizer y Sinovac. Se han adquirido 2,6 millones de dosis para el segundo semestre por la iniciativa internacional Covax, indicó.

Ruales agregó que se han asignado como contingencia $ 20 millones si es que se requirieran dosis adicionales o si se necesitara una nueva vacuna estacional que podría producirse hasta finales de año. (I)