Iván Bastidas, quien está en comisión de servicios en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se encuentra asilado, contagiado de COVID-19. No es el único caso en su entorno laboral.

Presume que se contagió en su lugar de trabajo a pesar de que asegura usan mascarilla, se lavan las manos y mantienen el distanciamiento social, salvo al momento de almorzar en el que se quitan el tapabocas y conversan.

Bastidas es presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep), que agrupa a unos 200.000 trabajadores de distintas dependencias estatales.

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Al preguntarle si la decisión del Gobierno de volver al teletrabajo es tardía, desde este jueves, 28 de julio, para los trabajadores de la Función Ejecutiva, respondió que se hizo una sugerencia, pero les manifestaron que la pandemia estaba controlada y que Ecuador necesitaba la reactivación económica.

Está de acuerdo con la decisión para detener el avance del contagio.

La Conasep espera que se cumpla la disposición en entidades en donde es complicado mantener las medidas de bioseguridad, como en las plataformas gubernamentales, en el norte y el sur de Quito, donde hay mayor presencia de servidores públicos, usuarios y principalmente personal administrativo.

En la plataforma norte hay unos 3.500 servidores estatales, en la del sur son unos 2.800.

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En el norte funcionan 18 entidades públicas, entre ellas el Servicio de Rentas Internas (SRI), BanEcuador, Banco del IESS, BEDE.

En el sur hay 13 entidades del sector social, como los ministerios de Salud, de Desarrollo Urbano, Inclusión Económica y Social.

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Jorge Benavides, viceministro del Servicio Público del Ministerio del Trabajo, sostuvo que hay cerca de 100 entidades entre ministerios, subsecretarías, secretarías, agencias de regulación y control que pertenecen al Ejecutivo.

“Obviamente serían aquellas personas que no trabajen directamente con usuarios, el teletrabajo no debe descuidar la prestación adecuada de los servicios públicos”, dijo Benavides.

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El trabajo en casa va, agregó, enfocado a grupos que potencialmente pudiesen tener más riesgo.

En Ecuador, hay 410.437 servidores públicos del Ejecutivo, en el régimen de contratación tanto en la Ley Orgánica de Servicio Público y del Código del Trabajo, agregó Benavides.

El Ministerio del Trabajo indicó que las instituciones públicas deberán cumplir con lo dispuesto en un acuerdo ministerial.

Ese documento, de diez artículos, establece que se priorizará en modalidad de teletrabajo a embarazadas, mujeres en periodo de lactancia o maternidad, personas con discapacidad igual o mayor al 30 %, quienes tuvieran a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad severa, personas con enfermedades catastróficas, adultos mayores.

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“Se aclara que esta medida es facultativa y si se llegara a disponer, se deberá garantizar la correcta y oportuna prestación de los servicios públicos”, mencionó la cartera de Estado en un comunicado.

El ministro del Trabajo, Patricio Donoso, expresó que cada entidad pública deberá resolver su aforo, que puede ser completo o ir variando de acuerdo con su realidad y necesidad.

Extensión de horarios para vacunar contra el COVID-19, una de las alternativas a fin de aumentar colocación de refuerzos en Quito

En la Cruz Roja Ecuatoriana se aplican pruebas para COVID-19. En las últimas semana el índice de positividad ha aumentado. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas

Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador, que agrupa a unos 430.000 integrantes de ministerios de Cultura, Defensa, del Interior o del sector palmicultor, mencionó que es una decisión adecuada pues se protege la vida de las personas.

Sin embargo, para Buendía debería ser una política pública de mayor organización y planificación y que no se la tome en función de las coyunturas.

Buendía consideró que podría producirse un reprocesamiento de trámites porque no solamente depende de un funcionario que atiende en ventanilla, sino que hay interacción con otras dependencias.

Se deben garantizar la desconexión y los medios adecuados para que se puedan desempeñar las funciones, como acceso a datos, opinó.

El viceministro Benavides indicó que el Estado incluso provee las debidas facilidades en caso de tener los recursos para hacerlo, de no, los servidores públicos usan sus propios instrumentos digitales, computadoras, conexiones a internet.

A criterio de Alexis Matute, médico de la Cruz Roja Ecuatoriana, con esa decisión gubernamental se busca que no haya mayor contagio y que el repunte de contagios baje.

Recomendó a quienes estén en la presencialidad evitar las aglomeraciones, mantener distanciamiento por lo menos de dos metros, si hay síntomas gripales notificar al médico ocupacional o ir a un centro médico.

El Gobierno exhortó a que también acojan la presencialidad y el teletrabajo las entidades locales, así como el sector privado.

El secretario de Salud del Municipio de Quito, Francisco Viteri, en declaraciones para Ecuavisa mencionó que estaban realizando los estudios para implementarlo desde el viernes.

Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, señaló que acoger el exhorto dependerá de cada empresa y dentro de eso de las operaciones de cada una. Esto, porque hay compañías que de hecho –añadió– no han dejado esa modalidad para ciertas áreas.

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En tanto, el vicepresidente Alfredo Borrero anunció que el lunes próximo convocará a representantes de cámaras, academia y otras entidades privadas para involucrarlos en un nuevo plan masivo de inmunización.

Jiménez indicó que las empresas han seguido apoyando los esfuerzos del Gobierno en la inoculación de toda la población y con la reactivación del país.

“Lo que estamos generando son campañas de concienciación internas para que los colaboradores acudan a los puntos de vacunación públicos para las dosis de refuerzo y para que sigan aplicando los protocolos de bioseguridad”, expresó el directivo empresarial. (I)