Con once años de carrera en la función judicial, Hugo González Alarcón asumió a mediados de enero la presidencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, cargo que para él representa un reto.
En medio de una crisis de inseguridad que llevó al Gobierno nacional a decretar estado de excepción y a la declaratoria de conflicto armado interno, ciertas resoluciones emanadas por los administradores de justicia han sido cuestionadas. Por ello, el también juez de la sala especializada de lo Civil y Mercantil dice que es importante recuperar la confianza de la ciudadanía.
Hugo Manuel González asume presidencia de Corte de Guayas
González, abogado cercano a la academia, recalca que en el contexto actual cada entidad involucrada en el manejo de la justicia debe actuar con prolijidad en el campo de sus competencias. De ahí que la capacitación continua para los jueces es uno de los ejes de su gestión, al igual que el apoyo a la gestión y la seguridad.
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Los funcionarios judiciales han sido cuestionados en estos años por la situación coyuntural del país, ¿qué representa estar al frente de la Corte Provincial?
Es un reto más alto ahora, porque hay que recuperar la confianza de la comunidad en la administración de justicia. Eso es parte de mi compromiso, digamos, al haber asumido este cargo. Alcanzar esa justicia a la que estamos, primero, obligados; segundo, es lo que nos pide la sociedad; tercero, es el mecanismo para poder garantizar a todos, darles lo que les corresponde. Y también es lo que nosotros pedimos como jueces, o sea, de quién, de nuestros jueces, a su vez, y también de la sociedad. Hay unos temas interesantes, como por ejemplo, la seguridad; que se cumplan también a favor de nosotros las garantías necesarias para la defensa cuando alguien ha sido objetado. Es indiscutible, hay casos puntuales, sin embargo, los buenos fiscales, los buenos jueces, somos más.
Se cumple un mes del estado de excepción con declaratoria de conflicto armado interno, ¿qué articulación hay entre las instancias involucradas en la justicia?
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Esta articulación es cada uno en su independencia, por así decirlo. Lo que estamos hablando es que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Pero lo tiene que hacer ahora mucho mejor que antes, porque la situación lo amerita. Porque si yo le hablara de una articulación completa hasta se podría entender que hay toda una cosa tras el Estado, pero no es eso, sino que realmente a ver: esto tiene que presentarse así, ustedes tienen que presentar bien esto, porque de lo contrario el fiscal no lo puede presentar bien, porque de lo contrario si no lo presenta bien el juez no lo puede procesar bien y la sociedad no va a seguir confiando en el sistema de justicia, pero es un trabajo de todos en conjunto.
Eso implica capacitaciones...
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Capacitaciones a nivel de Policía, capacitaciones a nivel también de nosotros, de jueces. O sea, cómo este hecho de la declaratoria de emergencia, cómo este hecho de la declaratoria de conflicto interno, cómo este hecho de la designación de grupos terroristas también cambian un poco la forma en que los policías deben presentar sus investigaciones conjuntamente con la Fiscalía. Las peticiones que tienen que hacer y lo que tienen que decidir los jueces, porque si alguien, por ejemplo, es ya identificado como un objetivo militar, un objetivo policial, como que ese peligro de esta persona que quiera eludir la justicia, que ya se está escondiendo, que se lo encuentra con evidencias, como que ese peligro de fuga realmente tiene que ser más presentado, bien sustentado por parte de todos para que el juez haga lo que tiene que hacer (...) los jueces no podemos hacer otra cosa más de lo que la Fiscalía pide. Si la Fiscalía no pide correctamente las cosas, pues qué podemos hacer. Recordemos que nuestra Constitución tiene un garantismo donde el juez frente a una persona que está presentada ante él lo último, la última medida es declararle la prisión.
A diario la Policía reporta el número de detenidos en este contexto que vivimos... ¿Cómo se están resolviendo esos casos, esas detenciones?
Lo que puedo mencionar, yo sigo siendo juez de Sala, veo tipos de habeas corpus, le puedo hablar en la generalidad. Casos puntuales no puedo tratar, porque no podría anticipar criterio. Pero las reuniones lo que han tratado es, oye, recuerda que tú tienes que presentar esto bien presentado. ¿Cómo se están dando? Puede haber casos que son puntuales, pero que también tienen que ser analizados por la prensa en esta nueva forma de analizar, de valorar, de abordar lo que estaba sucediendo.
¿Cómo está la resolución de casos de los jueces, la presidenta anterior al finalizar su gestión dio cuenta de un 80 % de resoluciones?
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Más recuerdo que presentó en su informe de labores que dejó el 80 %, 85 % de hechos que estaban pendientes aquí durante su gestión y que quedaba un 20 % que está en trámite. Me ha tocado asumir ese 20 %, si usted me pregunta por resoluciones creo que todavía siguen en trámite algunas cosas, en este proyecto de justicia abierta, mire, vengan las veces que sea necesario.
¿Cuál es la situación de la Corte Provincial en la actualidad?
Es innegable que mi antecesora, la doctora Fabiola Gallardo, lo hacía notar. De hecho, pedía ella una declaratoria de emergencia para demostrar o para hacer notar a la parte administrativa que también debemos contar con los elementos básicos. Como usted sabe, es un tema que a todos nos toca vivirlo, es un tema de presupuesto, es un tema de la situación del país, es un tema que se encuentra presente, pero tenemos la confianza de que va a ser solucionado.
¿Es decir, las condiciones no han cambiado mucho?
Se mejoran. No todo ha cambiado, o sea, se va mejorando. Tengo entendido que tiene la mejor predisposición para hacerlo, han sido sus palabras (en referencia a la presidenta del Consejo de la Judicatura) y la idea es mantener esa buena relación, porque es una profesional que está preocupada de nosotros y ha tenido la apertura para que tratemos estos temas.
¿En qué enfocará su gestión?
Mis ejes de acción son primero la transparencia, verdad, la formación, ayudar en la formación a los jueces, el apoyo a la gestión judicial y la seguridad. Cada uno de esos ejes tiene algunos ámbitos de acción para mí en esta administración. Y pongo primero la transparencia, porque en este sentido de justicia abierta, que es un concepto que inclusive ha desarrollado la Corte Nacional de Justicia, nosotros transparentamos todas las audiencias que hay en la Corte Provincial. ¿Para qué? Para que la intención sea que la sociedad pueda también tener acceso a decidir con criterios tal vez un poco más de valor, con personas más autorizadas, el ver qué pasó en la audiencia, qué sucedió, quién actuó bien, qué está pasando.
¿Esto es algo nuevo de su gestión o ya venía haciéndose?
Se venía publicando, pero ahora se está promocionando. De hecho, en conversaciones con una Universidad local la idea es que pueda hacerse un protocolo para que estudiantes, profesores, puedan entrar a las audiencias (virtuales) en esa transparencia. Eso lo que permite es que cada uno sabe lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y que realmente estas personas que son calificadas puedan dar criterios de transparencia. Antes se anunciaba solamente, ahora se permite el acceso para que estos criterios calificados puedan decir más abiertamente, hacer sociedad, hacer universidad y comprometerse en aquello.
¿Cómo promoverá la formación?
Con esta misma Universidad (Universidad de Especialidades Espíritu Santo) procurar que jueces de primer nivel, jueces de segundo nivel puedan acceder a descuentos o ir creando los cursos necesarios para la parte judicial. Y por qué me atreví a tener conversaciones con esta universidad, ellos ya han sacado una maestría en Derecho Judicial, en todo lo que le interesa a los jueces (...) cursos de educación continua, viendo temas como, por ejemplo, valoración de la prueba, reformas legales que se vayan dando, pero ya en un nivel de universidad. El nivel de nosotros también debe ir creciendo acorde a la necesidad de la sociedad y al cargo que desempeñamos.
¿En qué consiste el apoyo a la gestión?
Las conversaciones van en el sentido de acceder a la biblioteca virtual de ellos (Universidad), porque nosotros, nuestras decisiones tienen que ser fundamentadas conforme la Constitución, tienen que tener motivación, entonces, permítannos el acceso a su biblioteca virtual, de tal manera que si tengo una duda la consulto.
Y en cuanto a la seguridad...
Primero es importante la seguridad de las instalaciones, mi antecesora, quien le habla, la dirección administrativa, el anterior director administrativo, hemos enviado cada uno sendos oficios para que estas instalaciones sean custodiadas, tengan la seguridad necesaria. Se está trabajando en aquello, se ha conversado, se está teniendo la conversación con el ministerio correspondiente, inclusive para que tengan esa sensibilidad. También nosotros corremos riesgo. Tenemos una escolta, pero parecería que es insuficiente y son necesarias cosas más tácticas.
¿Cuántas alertas de explosivos ha tenido en lo que va de su gestión?
De la gestión creo que no hemos tenido ninguna. En los once años (de carrera) algunas, sí las podría contar, son más de los dedos de la mano.
¿Y la seguridad de los funcionarios?
Hay algunos cargos que necesitan tener seguridad.
¿Cuáles?
Hay algunos fiscales que manejan temas muy sensibles que yo creo que tienen que tener su seguridad así no la quieran, por qué, porque justamente esta autoridad que tiene estos riesgos la sociedad también tiene que garantizarle que pueda ejercer su actividad. No es algo mezquino, es el cargo, lo que él representa y la sociedad, el Estado debe darle las garantías para que pueda ejercer su actividad (...) También los jueces, los jueces penales de flagrancia corren un riesgo terrible todos los días. Aparte que son turnos 24 horas que tienen que estar funcionando las instalaciones, hubo dos muertos ahí en los últimos atentados. (I)
