El 19 de febrero de 2024 Ruth Amparo D. fue sentenciada a 22 años de prisión, la mayor condena registrada en el país por tráfico ilícito de migrantes, un delito que se castiga con prisión de 7 a 10 años, pero cuando cobra la vida de una persona se sanciona con un mínimo de 22 años de cárcel y puede alcanzar hasta los 29 años de pena privativa de libertad.
Ese fue el caso de Ruth Amparo, una coyotera de Ambato que ofreció llevar a un grupo de migrantes de su provincia hasta Estados Unidos, a quienes les cobró $ 18.000, en julio del 2022. La travesía se inició el 30 de julio y en ella se embarcaron cuatro tungurahuenses, entre ellos David A., quien no logró cruzar el desierto de Arizona, en la frontera con Estados Unidos.
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“El 7 de septiembre encuentran a mi hijo muerto. Mi otro hijo decidió viajar a Los Ángeles para comprobar si era mi hijo o no, él hizo los trámites para traer el cadáver, en cenizas”, contó Celia, madre de David, al recalcar que la coyotera “en ningún momento le dijo que David iba a ir por el desierto, dijo que iban por la línea, por donde pasaban los carros”.
La sentencia de Ruth figura entre las 54 condenas que desde mayo del 2014 hasta el 12 de junio de 2024 registra la Fiscalía por el delito de tráfico ilícito de migrantes, una cifra considerada escasa por fiscales y jueces que analizan el tratamiento judicial de este delito.
“Es poco, es una cifra corta, se nota que la gente no denuncia, ellos no delatan al líder de la organización porque hay una suerte de convenio de que si no llegan lo vuelven a intentar, es como un voucher abierto para intentar de otra manera”, dijo un exfiscal del Guayas que manejó casos relacionados con migración.
La Fiscalía no atendió una solicitud de entrevista de este Diario, sin embargo entregó información estadística que revela que en la última década se han dictado 120 sentencias por tráfico de migrantes, de las cuales 65 fueron absolutorias o de inocencia, 54 condenatorias y 1 que se encuentra en estado de apelación.
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“Las denuncias se presentan solo en casos en los que el proyecto migratorio no se concreta. Las denuncias de las víctimas o sus familiares se realizan por lo general cuando la persona no llega a su destino, es abandonada durante el viaje, estafada, extorsionada, secuestrada, cuando desaparece o muere y existe temor de realizarlas por las amenazas de los traficantes”, señala el Ministerio del Interior en su Plan de Acción Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 2024-2030.
Ahí se recalca que “entre el número de denuncias que se presentan y el número de causas judicializadas (que llegan a los juzgados) existe una brecha” y la diferencia radica en la “complejidad de obtener pruebas suficientes, además de las limitaciones para realizar la investigación, los ‘acuerdos económicos’ entre traficantes y víctimas y sus familiares durante el proceso, y la corrupción”.
La Fiscalía registra 1.355 denuncias en el periodo 2014-2024 y, de esta cantidad, el 63 %, es decir 863, han llegado a los juzgados. Sin embargo, la gran mayoría –670– corresponden a casos archivados (665), que han prescrito o en los que ha muerto el acusado.
La denuncia que presentó Juan Vásquez, en noviembre del 2022, consta entre las archivadas. Juan acusaba de tráfico ilícito de migrantes a María Juana Ñ., sin embargo no colaboró con las investigaciones que impulsaba el fiscal Jorge Campoverde, de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Azogues, y tampoco acudió cuando fue notificado por el juez de la Unidad Penal de Azogues, Nelson Peñafiel, quien finalmente resolvió el archivo de la causa judicial.
“Excedidos los plazos señalados para la investigación, no se han obtenido elementos suficientes para la formulación de cargos”, concluyó el juez al recalcar que “el denunciante no se ha pronunciado dentro del plazo concedido para hacerlo sobre el archivo del supuesto ilícito penal, por lo que al no existir impedimento alguno se ordena el archivo de la denuncia”.
En los registros de la Fiscalía constan 442 denuncias, del periodo 2014-2024, que se encuentran en indagación previa, una etapa en la que un fiscal desarrolla la investigación y recopila pruebas para presentar cargos en contra de los responsables del delito de tráfico ilícito de migrantes.
El sábado 29 de junio, el guayaquileño Enrique Mendoza acudió hasta las oficinas de la Fiscalía del Guayas, en la Unidad Judicial Albán Borja, para denunciar que seis miembros de su familia habían sido secuestrados el 27 de junio de 2024 en la ciudad de Durango, México, mientras viajaban irregularmente hacia los Estados Unidos.
“Nos han mandado videos donde se ve a las niñas desnudas, porque son obligadas a hacer ejercicios en medio del grupo de secuestrados. Pedimos ayuda urgente”, dijo Christian Mendoza, familiar de los viajeros retenidos, quien temía que los raptores cumplan sus amenazas de violar a las menores de edad y vender a los adultos a un cartel aliado si no pagaban los $ 4.500 exigidos por cada persona como rescate.
En cautiverio, en manos del Cartel del Golfo, el que controla la mayor cantidad de rutas irregulares hacia los Estados Unidos, muchos migrantes sufren vejámenes hasta que sus parientes pagan altas sumas exigidas por los secuestradores. Un fiscal que investigó denuncias por coyoterismo recordó los desgarradores testimonios de migrantes raptados por la mafia. “Los carteles de la droga los hacían pelear entre ellos, como si fueran gladiadores, como un circo romano, solamente para su entretenimiento”, contó el funcionario judicial.
Ante los maltratos y amenazas, las víctimas terminan pagando por su libertad, mientras que en la escena judicial el delito queda en la impunidad. Los registros de la Fiscalía revelan que, en algunos casos, por el temor de las víctimas, los juicios no concluyen con la sanción del responsable, sino que más bien se resuelve su absolución. En el periodo 2014-junio del 2024 hay 65 declaratorias de inocencia por el delito de tráfico ilícito de migrantes.
Entre ellos consta el caso de Segundo Rodrigo R., un comerciante riobambeño de 33 años que fue procesado, detenido y luego liberado, pese a las pruebas presentadas por la fiscal de Riobamba Jenny Vásquez Muñoz, tras la denuncia de Manuel Naula en julio del 2014.
“Manuel Naula decide viajar a los Estados Unidos, poniéndose en contacto con el ‘coyote Carlos’, con quien negocia la salida ilegal del país por la suma de $ 11.000, que debían ser cancelados así: la primera cuota de $ 3.500 cuando el viajero llegue a Guatemala, igual suma al llegar a México y el restante cuando llegue a Estados Unidos”, expuso la fiscal Vásquez.
Manuel fue deportado desde México a Ecuador. Sin embargo, el coyote le ofreció un segundo intento al siguiente mes de agosto ‘repitiendo la misma ruta’, pero Manuel nuevamente fue interceptado en la población de Bodega, en Guatemala, y deportado al Ecuador.
“Después toma contacto con el ‘coyote Carlos’, se entera de que su verdadero nombre es Segundo Rodrigo, que operaba en Guamote y La Troncal, y presentó la denuncia”, narró la Fiscalía, entidad que reunió certificados migratorios que probaron la travesía de la víctima, además de doce documentos que comprobaban los envíos de dineros de los familiares al procesado, y los informes del retorno asistido de Manuel desde el estado de Tamaulipas, México.
Pese a las pruebas, el coyotero fue declarado inocente debido a “la nula colaboración de los perjudicados, que no concurrieron a prestar su declaración, quienes como actores pudieron dar aportaciones valiosas para el esclarecimiento de los hechos”. (I)
