La mañana de este lunes, 16 de junio, estuvo marcada por el inicio del funcionamiento de los catorce trolebuses restantes de la flota de 60 que el Municipio de Quito puso a disposición de la ciudadanía el pasado 31 de marzo.
Esto, mientras se mantiene el proceso de examen en la Contraloría General del Estado ante presuntas inconsistencias en la compra.
“Desde las 05:00 ya están en funcionamiento las catorce unidades que se unen a la flota de 46 que ya estaban operando, así tenemos en total 60 unidades”, indicó Andrés Valencia, coordinador del centro de control de la Empresa de Pasajeros, en la estación Quitumbe, donde las personas ya abordaban los nuevos autobuses.
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Los circuitos C4 y C6 son los seleccionados para que los catorce trolebuses cubran la zona de la terminal Quitumbe hasta la parada Colón y desde Quitumbe hasta la estación El Recreo.
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Este servicio, según el funcionario, beneficiará a más de 341.000 personas que se trasladan de norte a sur todos los días.
“Estas unidades son 100 % eléctricas, aparte de que funcionan conectadas a las catenarias, su motor tiene un sistema especial que también es eléctrico y le da una autonomía de 72 kilómetros en situación de emergencia”, contó Andrés en medio de una breve descripción de la tecnología que tienen los colectivos, que están equipados con 20 cámaras, 12 internas y 8 externas, para mejorar en términos de seguridad.
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Además, cuentan con cuatro pantallas, anuncio de paradas automatizadas y asientos más amplios para la comodidad de los pasajeros, según lo descrito por el representante de la empresa municipal.
Stalin Salguero, secretario general del Comité de Empresa, explicó los inconvenientes que existían con la operatividad de las unidades y qué hizo el Municipio para solventarlos.
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“Descarrilamientos, cabezas colectoras en barras, la altura y programación en rutas eran los problemas que se han solucionado, pero el verdadero obstáculo está en la rampa y las puertas”, indicó el representante.
Para él, es un peligro constante, debido a que en esta nueva flota, la rampa se cierra antes que las puertas, mientras que en los buses antiguos, las puertas se cerraban antes que la rampa.
“Yo como usuario veo que las puertas están abiertas y corro a subirme, pero no me percato de que la rampa está subiendo y me tropiezo. Me pasó dos veces, una señora se cayó fuera del andén y casi hasta me linchan”, expresó Stalin.
Al ser cuestionado sobre las capacitaciones que habrían recibido por parte de la empresa Yutong, Stalin aseguró que una comisión con dos técnicos especialistas del área de mantenimiento fueron observadores en la compra de unidades, pero no realizaron ningún taller de preparación.
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“Vinieron los de Yutong, pero hubo averías porque no se podían comunicar. Ellos utilizaban el traductor para entender lo que les decíamos, entonces poco a poco les han ido enseñando a los técnicos y más o menos ya pueden ir superando obstáculos”, manifestó.
Este nuevo proceso de operación se desarrolló en el contexto de un examen que se mantiene activo en la Contraloría General del Estado, basado en presuntas inconsistencias que denunciaron varios concejales del Municipio en el proceso de compra.
El concejal Wilson Merino mostró su felicidad por los trolebuses, pero cuestionó el encarecimiento de la obra, al tener que readecuar 20 paradas que fueron entregadas este lunes.
“Realizamos cuestionamientos a este esquema de triangulación en la compra pública que tiene opacidad, y como resultado de eso, ahora mismo la Contraloría está realizando un examen especial a la Empresa de Pasajeros”, señaló el funcionario.
Los concejales denunciantes indicaron que en este caso se buscó una figura que es una intermediaria internacional para que esta tercera se encargue del proceso de adquisición de los troles, y está expresamente prohibido cualquier tipo de intermediación, a excepción de las áreas de salud.
Según los ediles, la Empresa de Pasajeros no está entregando la información completa, ya que solo existe un supuesto convenio internacional que autorizó el desembolso de un dinero a Unops por su cooperación.
“Existe un Decreto Ejecutivo, el 595, que ya clarifica qué se entiende por financiamiento y que la contraparte deberá financiar más del 51 %. Sobre la base de estos documentos, el Municipio de Quito queda prohibido de utilizar este tipo de esquemas”, exclamó el edil.
Merino confirmó que tuvo una reunión con el contralor Mauricio Torres y le supo informar que desde mayo se inició la intervención, intentando controlar que este tipo de actividades no se extiendan a otras empresas municipales.
El costo efectivo promedio por cada unidad fue de $ 581.324, pero la cotización de la empresa fabricante, incluido el costo del flete, es de $ 496.792. (I)
