Un total de 2.832 personas de 6.500 procesos en coactiva por créditos educativos para estudios superiores optaron por acogerse a la Ley de Eficiencia Económica.
Según la solicitud para formar parte de la normativa, se podía pedir el otorgamiento del periodo de doce meses de gracia conforme lo establecido en la disposición transitoria cuarta de la ley.
Adicionalmente, el deudor adquiría el compromiso de que, una vez cumplido dicho periodo de gracia, iba a pagar el 50 % del capital adeudado para acceder al beneficio de remisión de intereses, multas y recargos.
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Karla Tamayo es parte de las 2.832 personas que siguen a la espera de una solución; en su caso, por una falta de claridad del origen de su deuda.
Contó que en 2014 obtuvo un préstamo educativo para obtener un pregrado en Arquitectura en una universidad privada. Fue referida al Banco del Pacífico porque supuestamente el proceso iba a ser más rápido.
Junto con allegados hicieron los trámites y recibieron el dinero por partes cada semestre. El préstamo fue de $ 18.000, pero con los recargos llegó a casi $ 40.000.
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Indicó que cuando se graduó, empezó a cancelar la deuda que actualmente la estimó en unos $ 24.000. Sin embargo, hubo dos problemas por los que atravesó.
El primero fue la pandemia del coronavirus, en la que pudo pagar tres meses y después hubo la opción de acogerse a un aplazamiento de la deuda, lo cual aceptó, y tras el fin del COVID-19, retomó su trabajo independiente de proyectos de construcción y continuó con el pago de las cuotas.
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El segundo problema se presentó a finales del 2022 e inicios del 2023 que hizo que se retrasara en dos cuotas por falta de generación de ingresos, pero reunió el dinero e iba a cancelar tres cuotas que eran $ 1.200, pues cada mes pagaba $ 380, pero le respondieron que ya estaba en coactiva.
Le manifestaron que la única forma de continuar pagando era que llegara a un acuerdo que incluía cancelar toda la deuda en dos años con cuotas de $ 900, que para ella era imposible.
Tamayo averiguó si su préstamo fue con fondos públicos o fondos privados. En el primer caso podía acceder a la ley, pero como supuestamente fue con fondos privados, no pudo.
Indicó que ha recibido notificaciones de que va a haber embargo de bienes muebles.
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Con su abogado espera llegar a algún tipo de acuerdo con el banco, lo cual podría ser una acción de protección para acceder a facilidades de pago.
“No es que no queremos pagar, queremos ir pagando el crédito, pero bajo una modalidad pagable, cuotas que estén dentro del presupuesto de una persona común y corriente”, dijo.
Miembros de su familia tienen bloqueadas las cuotas e impedimento para laborar en instituciones públicas.
El monto de la cartera en coactiva sería de unos $ 60 millones. Hasta el 13 de junio los interesados debían llenar un formulario que fue habilitado en la página web de la Senescyt. (I)
