‘Llevo como 10 años en coactiva’, dice Ana, quien tiene una pesada deuda que no puede pagar sin empleo fijo

En la incertidumbre sigue Ana Cobo, 12 años después de haber hecho una maestría en Cine Documental en Argentina mediante un crédito educativo. Antes de ello, era restauradora de obras de arte y trabajaba en una entidad estatal.

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Sin empleo fijo, ella ha intentado cancelar la deuda, que originalmente era de $ 35.000, pero que ya superaría los $ 50.000.

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Amparada en la ley de Eficiencia Económica suscribió un acuerdo con el Estado, a finales de enero del 2024 con lo que logró el desbloqueo de cuentas y el levantamiento de la coactiva.

Esa normativa establece que los beneficiarios de crédito educativo gozarán de doce meses de gracia para el pago de sus obligaciones, pero ya han pasado casi seis meses de haber sido aprobada.

Cobo indicó que de acuerdo a sus ingresos hacía pagos, pero -por ejemplo- las cuotas eran de $ 600 y la primera que hizo llegó a $ 900.

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Tuvo, además, problemas familiares sin estabilidad laboral a lo que se añadió el bloqueo de cuentas bancarias.

Firmó un convenio, canceló $ 4.000 y la cuota nuevamente de $ 600 mensuales. Hizo abonos, pero tampoco logró cubrir lo adeudado.

Si bien sostiene que la ley es un alivio, la realidad es que no tiene empleo fijo, y sin trabajo no puede pagar, añadió.

Antes de la ley le manifestaron que tenía que pagar $ 5.000 para refinanciar y cancelar $ 900 cada mes.

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“Llevo como diez años en coactiva (...) en breve vamos a volver a caer en lo mismo”, dijo. Cobo plantea una solución que es trabajar para el Estado con lo que se garantizaría la devolución del crédito.

Carlos Jaramillo, presidente del Colectivo de Afectados por Créditos Educativos, indicó que hay un año de gracia sin intereses y después deben pagar el 10 % del capital adeudado para firmar un convenio de pagos y acceder a la remisión de intereses, multas, recargos.

El problema, a su criterio, es que la Secretaría de Educación Superior (Senescyt) no ha emitido un reglamento, por lo que no saben cuáles serán las tasas de interés a aplicar o cuál es la tabla de amortización.

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Unas 6.000 personas tendrían procesos coactivos, entre quienes han firmado convenios y quienes no lo han hecho. El monto de la cartera sería de unos $ 60 millones.

Según cifras de la Senescyt, más de 2.000 familias, en procesos coactivos, se han acogido a la ley para acceder a alternativas que les den un alivio financiero.

Hasta el 13 de junio los interesados deben llenar un formulario que se encuentra en la página web de esa entidad gubernamental. (I)