La Fundación La Iguana anunció que, junto con organizaciones ambientales y la comunidad, se mantendrán vigilantes de que no se vulneren los derechos que constitucionalmente le asisten a los ecosistemas -especialmente sensibles como el manglar- y que se pretenda degradar al bosque y vegetación protectora Esterillo Oloncito.
Fue su respuesta al comunicado de la empresa Vinazin S. A., vinculada a Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, que decidió suspender las labores del proyecto Echo Olón 1.
Vinazin, empresa vinculada a Lavinia Valbonesi, desiste de proyecto inmobiliario en comuna de Olón
COMUNICADO ante la decisión de Vinazin S.A.
— Fundación La Iguana (@Flaiguana) May 11, 2024
¡Esto va por todos! #Olon #OlonResiste #PaloQuemado #Napo #Yasuni #Bototito #Nuñez #Cerroblanco #Montañita #Intag #mecheros #Viaalacosta pic.twitter.com/rY6DTIfK6V
Comuneros pusieron reparos al proyecto aduciendo que se afectaría el manglar. Además, Fundación La Iguana difundió información respecto a que en el área se pretendía levantar un proyecto urbanístico.
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Esa firma mencionó que realizará el cerramiento del terreno de propiedad privada y desistirá de continuar con el resto de trabajos, pues, argumentó, no se puede permitir que se use la empresa con el fin de caotizar el sector y como bandera de intereses políticos.
Además aseguró que el proyecto siempre tuvo respaldado por toda la documentación requerida y que jamás se tocó un manglar. También que cuenta con los permisos ambientales, inventario forestal y registros del caso.
Según Fundación La Iguana, ese proyecto nunca contó con los permisos ambientales adecuados para el tipo de intervención que desean realizar, nunca existió la consulta ambiental previa a la emisión de los permisos ambientales, incumplía con un artículo del reglamento a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, e incumplía un artículo de la Ordenanza de Construcción del cantón Santa Elena.
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Cuestionó además que la empresa se haya referido a que ya no se generará empleo, pues adujo que la ciudadanía no tendría que escoger entre proteger sus recursos naturales o sacrificarlos para tener trabajo.
“Solo es progreso si es sostenible. Caso contrario, se atenta contra las comunidades que habitan en el sector expondiéndolas a catástrofes naturales y se degradan ecosistemas sensibles que albergan biodiversidades en peligro de extinción”, indicó Andrea Fiallos de esa organización. (I)