En unos quince días, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) tendrá la documentación lista acerca del funcionamiento de los radares.

Según Ernesto Varas, director de la ANT, a través de una sentencia judicial se ha establecido que para que se implementen nuevamente los radares, suspendidos de manera temporal, esa institución debe cumplir con seis o siete parámetros, entre ellos, crear una normativa, regularlos, saber que los radares van a ser calibrados, monitoreados periódicamente.

“No solamente instalarlos y dejarlos a la buena de Dios ahí, para que la ciudadanía sepa que efectivamente están funcionando de manera correcta”, dijo.

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El que los medios tecnológicos aplicados se encuentren calibrados, operativos y funcionales, de acuerdo con la tecnología implementada, fue una de las medidas judiciales que la ANT deberá disponer a los Gobiernos autónomos descentralizados municipales (GAD).

Otras medidas se refieren a que haya un informe de factibilidad del órgano de control en materia de tránsito, conforme su circunscripción territorial; que por ningún motivo se encuentren en curvas, pendientes y otros definidos en la normativa emitida por la ANT, respectivamente; que hayan obtenido el certificado de calibración y certificado de homologación por parte de la ANT.

Además, que todo espacio o zona de control mediante los medios tecnológicos deberán contar con señalización vertical y horizontal en el punto de control y antes del mismo como medida de prevención; y que cada uno de los GAD realice procesos de socialización con la ciudadanía de forma obligatoria por un periodo no menor a 20 días.

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Varas señaló que hay un gran porcentaje de ecuatorianos que pierden la vida por exceso de velocidad y por eso la importancia de los reductores de velocidad y los dispositivos de control de velocidad.

Un radar no puede ser recaudatorio, tiene que ser preventivo, esto está probado a través de experiencias internacionales que los radares funcionan porque se previene la siniestralidad, agregó.

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La ANT está desde la semana pasada en sesión permanente para cumplir con todos los aspectos que propuso el juez, para poderlos implementar de manera inmediata con el resto de Gobiernos autónomos descentralizados, señaló el funcionario.

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El juez dio un plazo máximo de seis meses para que la ANT verifique y controle que los GAD, que tengan a su cargo la competencia de tránsito, hayan evidenciado -de forma documentada- que los medios tecnológicos cumplan los estándares nacionales para su funcionamiento. (I)