El 2 de septiembre del año anterior, la vida cambió totalmente para Christian Roberto Millacán (38) cuando a pocos metros de su casa se impactó con un automotor mientras se movilizaba en moto para ir a entregar empanadas chilenas que elaboraban con su madre.
Camina con dificultad, lo hace con la ayuda de un bastón para no caer. Comentó que trata de mantener un buen estado de ánimo, aunque en algunas ocasiones contiene sus lágrimas al recordar que no puede trabajar en la tapicería automotriz como lo hacía antes del accidente.
Trabajaba en el taller familiar, pero tras el accidente no puede cargar algo un poco pesado porque tiene debilidad en las piernas por una luxación.
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También le causa dolor confesar que desde el 2 de septiembre no puede practicar una de las actividades que más le apasiona en la vida: subir en su motocicleta y aventurarse por caminos de toda índole para visitar pueblos mágicos, comentó.
Recuerda que hace ya diez meses él iba en la vía principal y Jaime Ricardo M. Z. (79), el conductor involucrado, al circular por la transversal, no habría respetado la señal de pare. El vehículo que conducía, una Ford Explorer del 2004, lo impactó con la parte delantera, que provocó que saliera expulsado de la motocicleta.
Millacán dijo que luego supo que por la fuerza y velocidad que habría ido el conductor de la camioneta atravesó el muro de una vivienda del sector e impactó un vehículo en el interior de ese domicilio.
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Su hermano, que se enteró del accidente, llegó al lugar. Allí se logró detener al conductor antes que se embarcara en un taxi. En ese momento, dijo, que se iba a hacer cargo.
Millacán contó que lo último que se acuerda luego del accidente es que un amigo paramédico llegó a los 15 minutos. Despertó a los 25 días luego del suceso. En esos días los médicos comentaban con los familiares que era posible que no salga con vida.
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Estuvo en los hospitales General Ambato del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el Cotocollao de Quito hasta donde lo transfirieron, y finalmente en el Docente Ambato del Ministerio de Salud Pública (MSP).
“En el hospital del IESS me salvaron la vida, pero traumatológicamente no pudieron hacer nada porque no había insumos”, comentó e indicó que luego de salir del Cotocollao el 24 de noviembre recién a finales de enero de este año pudo conseguir una cita para el traumatólogo del hospital Docente Ambato.
Explicó que ahí también tuvo que ser intervenido, pero lamentablemente tampoco tenían los insumos, por lo que sus familiares tuvieron que endeudarse para cinco años. Calcula que en los diez meses de intervenciones y tratamientos gastaron entre $ 20.000 a $ 25.000.
En las actuales circunstancias ganarse $ 20 para ayudar en la casa le cuesta mucho. Dijo que quiso sacar el carné de discapacidad, pero que son muchas las trabas que se les pone a los que en verdad tienen alguna limitación. Se seca las lágrimas y repite que lo único que pide es justicia.
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El proceso
Desde el día que pasó el accidente, sus familiares comenzaron el proceso legal en contra del supuesto causante. Él lamenta que hasta el momento no se haga justicia.
Indicó que mientras él permanecía inconsciente en el hospital del IESS, parientes de Jaime Ricardo M. Z. llegaron para exigir a la persona que le hacía compañía para que cogiera $ 3.000, para que todo quede ahí.
Explicó que en una audiencia de conciliación, uno de los hijos del involucrado en el accidente le dijo que tiene $ 4.000 para ayudarle y el carro causante del suceso, pero considera que es una cantidad inaceptable ante el gasto que han hecho.
Yolanda Landa, abogada de Millacán, sostuvo que el caso no lo lleva desde el comienzo, pero que desde hace dos meses, aproximadamente, trabaja para hallar justicia.
Considerando el art. 130 del Código Orgánico de la Función Judicial, el fiscal de turno llamó a una conciliación a las partes procesales el 17 de abril, pero considera que fue una burla para su defendido, porque un hijo del procesado indicó que les daba el carro causante del accidente por un valor de $ 11.000, pero que en el mercado libre no está más de $ 7.000.
Se lamentó que el causante del accidente tuvo para pagar los daños causados a la pared y a una camioneta que estuvo en el interior de la vivienda, pero para con su defendido no hay pago.
Presentó escrito
Dijo que al no llegar a ningún acuerdo, el 10 de mayo del 2023 presentó un escrito solicitando a la Fiscalía que por ser el momento procesal oportuno y por haber suficientes elementos de convicción con los que se ha justificado tanto la materialidad, como la responsabilidad del procesado, que se sirva remitir el proceso a la sala de citaciones, a fin de que el juez de causa señale día, fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia preparatoria de juicio.
Landa añadió que el fiscal remitió el proceso a la unidad judicial de Tránsito recayendo con el juez Washington Ortiz que fijó día, fecha y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. Se cumplió el 7 de junio a las 14:30.
En la audiencia, el juez solicitó que lleguen a un acuerdo conciliatorio con un llamado a la concienciación. “Ellos (la parte del supuesto causante del accidente) supieron referir es que si es que queríamos lo que estaban dispuestos a darnos era el carro, ya no los $ 4.000 ”.
No hubo acuerdo. Desde el 7 de junio el proceso no se ha movido, pese a que el juez de la causa ordenó que se remita a la sala de sorteo a fin de que conozca el juez competente para la audiencia de juzgamiento.
La defensa
Alexandra Navas es la defensora pública que está hecho cargo de la defensa de Jaime Ricardo M. Z., pero vía celular informó semanas atrás que estaba de vacaciones. En su lugar la entrevista la concedió Franklin Poveda, director provincial de Defensoría Pública de Tungurahua.
“La defensora que está en el caso hace su trabajo técnico, me ha comunicado al respecto del mismo y me ha señalado que se encuentra para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio”, aseveró.
Al ser consultado por la lentitud del caso, dijo que se debe considerar que las causas entran por sorteo y que son los fiscales los que asumen las prácticas de las diligencias, para lo cual deben contar con todos los elementos necesarios para sustentar una posible instrucción fiscal y para determinar en este caso quién es el participante del accidente.
Poveda dijo que según la defensora pública del caso existe la posibilidad de llegar a un arreglo extrajudicial, que depende de la voluntad que tengan las partes, teniendo en cuenta que un accidente de tránsito es un delito culposo, nadie sale a ocasionarlo, que se producen por negligencia o culpa. Son casos que sí se pueden conciliar, para lo cual existen mecanismos legales correspondientes. (I)
