Serias violaciones de derechos humanos son denunciadas por HRW en Ecuador: carta a Daniel Noboa

Cuatro meses después de que el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en Ecuador, la organización Human Rights Watch (HRW) remitió una carta al mandatario en la que advierte que tal decisión ha contribuido a serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del país. Estas, anota, incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos.

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La ONG reconoce que en enero pasado, cuando se firmó el decreto —en el que además se calificó como terroristas a 22 grupos del crimen organizado— , Ecuador vivía una intensa escalada de violencia, pero aclara que la situación sigue siendo grave.

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Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, considera que “el Gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y sea respetuosa de los derechos humanos”. A su juicio, el anuncio de un conflicto armado se hizo sin los debidos fundamentos.

En un análisis de Human Rights Watch, hecho público este 22 de mayo, se da cuenta de que entre enero y abril pasados la organización entrevistó a una docena de personas que se dicen víctimas de abusos, a sus familiares y abogados. También solicitó información a ministerios e instituciones del Estado; analizó 33 fotografías y videos publicados on line; asistió virtualmente a algunas audiencias judiciales; y revisó expedientes de casos judiciales. Previamente, en noviembre de 2023, sus investigadores se reunieron con la fiscal general Diana Salazar, así como con varios fiscales, jueces y expertos en crimen organizado en Guayaquil y Quito, para documentar las causas del aumento de la violencia en el país.

En el mismo periodo de las entrevistas, HRW anota que aunque el Gobierno registra el descenso en un 27 % del número de homicidios, “las extorsiones y los secuestros han aumentado, y los recientes asesinatos de tres alcaldes y del director de una prisión demuestran que la situación sigue siendo grave. Mientras tanto, la militarización de las calles y las cárceles de Ecuador ha provocado serias violaciones de los derechos humanos”.

Human Rights Watch precisa tener documentado un caso en el que soldados mataron el 2 de febrero en Guayaquil a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco. En el comunicado de HRW se anota textualmente que las Fuerzas Armadas dijeron que los jóvenes “habían intentado evadir el control embistiendo a personal militar y los calificaron de terroristas”.

Las entrevistas de Human Rights Watch con testigos, familiares y abogados de las víctimas —junto con videos y fotografías que fueron verificados, y documentos judiciales— contradicen la versión del Ejército, incluyendo su afirmación de que los jóvenes estaban involucrados con grupos delictivos, anota el análisis.

“Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para tareas de vigilancia e investigación. Ponerlas a ejercer ese papel aumenta el riesgo de abusos”, dice Goebertus, quien sugiere al Gobierno limitar la actuación de las Fuerzas Armadas a las circunstancias estrictamente necesarias.

“Ecuador necesita más funcionarios judiciales y policías mejor entrenados para investigar al crimen organizado, no más soldados en las calles”, insiste la directiva.

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El análisis de la organización explica que muchas de las 13.000 personas que se reportaron como detenidas aparentemente nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez. Además de constituirse esto en un proceso al margen de la ley, HRW señala haber verificado videos y fotografías publicados en internet según los cuales fueron sometidas a reprimendas, palizas y otros tratos degradantes.

Añade que “los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica. Los soldados parecen ser responsables de múltiples casos de malos tratos y de algunos casos de tortura en prisión”.

Se detalla la declaración de un detenido que en una audiencia judicial habría afirmado que militares le pegaron con un cable en la espalda y le pisaron un dedo. “Como ayer no podían pegarme supuestamente porque soy enfermo, me hicieron abrir las piernas y me dan en los testículos”, anota el textual que se registra en el comunicado.

En la parte final se expresa que “las autoridades parecen haber tomado pocas medidas para prevenir violaciones de los derechos humanos o garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones”.

Lo que dice el derecho internacional

Los homicidios en Ecuador aumentaron un 574,30 % entre 2019 y 2023, elevando la tasa de homicidios de poco más de 7 a más de 47 por cada 100.000 habitantes, según cifras del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado que refiere en el comunicado la HRW a manera de antecedentes.

El anuncio de un conflicto armado se produjo tras la violenta toma del canal estatal TC Televisión el 9 de enero pasado y la fuga de prisión de José Adolfo Fito Macías Villamar, líder de Los Choneros, una de las bandas aliadas a narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses, igual que Los Lobos, con la que se disputan el control del territorio en Ecuador.

Daniel Noboa declara conflicto armado interno a nivel nacional y ordena a las fuerzas militares neutralizar a grupos

Con la firma del decreto de conflicto armado interno, el presidente Noboa dispuso a las Fuerzas Armadas ejecutar “operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos, para neutralizar” a 22 grupos de crimen organizado, explica el comunicado de la ONG.

Agrega que según el derecho internacional, la existencia de un conflicto armado depende de un análisis objetivo de criterios sobre el nivel de organización de los grupos armados y la intensidad de las hostilidades, pero asegura que el Gobierno ecuatoriano no ha presentado evidencias suficientes de que los enfrentamientos con cualquiera de los 22 grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional. (I)