“Todavía no puedo entender cómo puede existir tanta crueldad”, cuenta Verónica de la Torre a la radio argentina AM750, el 16 de noviembre de 2021, fecha en que se cumplen 250 días sin ver a su hermano Tehuel, un joven trans de 22 años de edad desaparecido.

Ella habla desde la indignación de que ya pasaron ocho meses sin que Tehuel regrese a su casa, donde los suyos, donde su hermana, novia, padres y amigos.

El trans masculino fue el 11 de marzo pasado a una entrevista de trabajo en Alejandro Korn, una localidad que es parte del Gran Buenos Aires (capital argentina), para laborar como mesero en un evento social. Desde entonces no regresa a su hogar.

El trabajo fue ofrecido por Luis Ramos (46 años), uno de los dos detenidos junto con Óscar Montes (37 años) por la causa que el 9 de noviembre pasó a ser investigada como homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género, con una sanción penal de cadena perpetua.

Publicidad

Hasta ese día, el caso se indagaba como “averiguación de paradero” y a los dos detenidos se los acusaba de “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”, ya que al inicio de la causa se negaron a declarar.

El cambio fue adoptado por el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, tras un pedido de la fiscal de la causa, Karina Guyot, informa el medio digital telam.com.ar.

Los imputados se declararon inocentes al ser indagados por el homicidio de la víctima. Montes, dedicado a recolectar chatarra, negó su participación en el posible homicidio y confirmó que tanto Ramos como Tehuel estuvieron en su casa y que se fueron a medianoche. Ramos afirmó haber estado con el desaparecido hasta la noche, pero dijo que luego el joven fue a una fiesta clandestina.

Verónica es clara. “Que le den perpetua y que no salgan más. Que paguen por lo que le hicieron a Tehuel”, dice en diálogo con AM750.

La hermana de Tehuel recuerda que su hermano “siempre tenía una sonrisa cuando uno estaba mal. Él era muy familiero, amaba a su familia. Era amable, respetuoso y muy trabajador. Nos reíamos mucho juntos. Lo extraño todos los días”.

El martes 16 de noviembre se realizó un plantón en Plaza de Mayo, en el centro de Buenos Aires, para llevar el grito de justicia que se evidencia en redes sociales a las calles. “Quiero agradecer a la sociedad por acompañarnos cada día. Les agradezco a todos por estar con nosotros en este momento de tanto dolor”, dice Verónica por el apoyo recibido.

Publicidad

La noticia de la desaparición y el seguimiento del caso está en una gran cantidad de medios argentinos de interés general y especializados en la temática LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) o con enfoque de género. La presión social también es evidente en redes con los hashtags #justiciaparaTehuel, #DondeEstaTehuel, “FaltaTehuel, #BuscamosATehuel, entre otros.

Son reacciones que los activistas locales ven lejanas dentro de la sociedad ecuatoriana ante los crímenes que viven los miembros de la comunidad LGBTI del Ecuador.

Rizzo justificó su fallo en que, según las pruebas y pericias, ambos tuvieron responsabilidad en la muerte del joven.

Las pruebas incluyen el análisis a los teléfonos de Montiel y Ramos, que los ubican en el mismo lugar de Tehuel; los restos de prendas del desaparecido, que fueron quemadas; y el material genético encontrado (pintas de sangre) sobre una pared de la casa de Ramos, más la declaración de testigos.

Los informes psicológicos realizados a Montes y Ramos indican que presentan rasgos agresivos, explosivos, manipuladores e inestables. Y en referencia a la cuestión de género, Rizzo aclara que la característica distintiva de este tipo penal, y del caso en particular, es “el odio del autor” o la aversión que siente el autor “por la víctima”. “El hecho manifiesta un profundo odio por la elección de la víctima”, dice el informe de argumentación de 27 páginas, indican los medios argentinos.

El activista LGBTI ecuatoriano Pedro Gutiérrez afirma que en la región hay un contexto generalizado de misoginia, odio a lo femenino, que sucede por lo general antes de la homofobia (repulsión irracional hacia la homosexualidad). Y que los prejuicios dificultan que en Ecuador haya una reacción generalizada de rechazo ante crímenes violentos que tienen como víctima a los que son parte de este grupo.

“Se construyen mitos alrededor de las personas LGBTI: que son pedófilas, malas, callejeras o que se merecen este tipo de muertes violentas por ser lo que son. Un prejuicio alimentado del miedo, que al final puede leerse como un odio generalizado. Es una reacción que está en el imaginario colectivo de muchas personas”, dice.

La legislación argentina es distinta, agrega Gutiérrez, y tiene el precedente único mundial del travesticidio. “En Ecuador vendría a ser el femicidio, pero termina siendo mal aplicado, por ende, en el país no hay data de la sentencia en relación al asesinato de una mujer víctima trans”.

El art. 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) define al femicida como “la persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género”. Y establece una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

Gutiérrez dice que al incluir la condición de género se puede abarcar a las personas trans femeninas, a las transexuales o la travesti mujer. “Hasta la última investigación que hicimos, no hay en Ecuador ninguna sentencia por femicidio que tenga como víctima a una lesbiana, a una mujer bisexual o mujer trans”.

Y sí hay casos, solo que terminan siendo investigados como asesinatos a pesar de que la víctima tiene una expresión de género femenina. “En Cuenca hay un caso que está por tener sentencia de asesinato. Todos sabían que era una mujer trans llamada con el nombre de Constelación, pero el juez dijo que era un hombre, ‘el señor tal’. Su familia no estaba presente, no hubo una defensa técnica para pelear por allí, a pesar de que la fiscal pidió que el caso sea juzgado por femicidio, pero quien ratifica es el juez”.

Esta víctima, de 35 años, murió en agosto del 2019 tras puñaladas en las piernas, pecho, hombro y brazos dados por su pareja, según declaraciones de una vecina que atestiguó en el juicio. El caso se narra en un pódcast publicado en el sitio web ethnodata.org.

Uno de los últimos casos judicializados en el país por el asesinato de un miembro del grupo LGBTI es el de Javier Viteri, un gay que murió el 20 de mayo del 2020 a sus 22 años con 89 puñaladas, en Arenillas (provincia de El Oro).

El responsable, un exconscripto de 19 años, fue sentenciado en julio pasado a 34 años de cárcel, el pago de $ 50.000 a los familiares del asesinado y de $ 400.000 al Estado.

Ambos habían chateado por la red social Facebook Messenger, en la que acordaron un encuentro sexual en la casa del asesinado, la noche que murió, según la revisión de los mensajes, dice Gutiérrez.

El sentenciado admitió el crimen durante el juicio, que al inicio era investigado por el delito de asesinato por robo, ya que el responsable huyó de la escena con la mochila de un amigo de Javier.

Sin embargo, los activistas LGBTI del país reaccionaron y exigían que se lo investigue bajo el delito de odio, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, por el hecho de que lo mató con 89 puñaladas, pero finalmente no se consiguió el cambio y el responsable fue sentenciado por asesinato con agravantes.

Gutiérrez afirma que si bien se sentenció pues no se logró lo sucedido en Argentina con el caso de Tehuel, al no poder visibilizar el tema central de la orientación sexual (en la sentencia del caso de Javier) sin el mensaje simbólico a la sociedad de un hecho que habla sobre el ensañamiento y un odio específico que hay a una idea generalizada de lo que representa la víctima.

“En la sentencia no se menciona el tema de su orientación sexual como algo importante, porque fue un encuentro vía red social que en este caso Javier tuvo con Hilmar (nombre del sentenciado), quien se escapa de donde hacía la conscripción, que son batallones de los que no se puede salir.

El art. 177 del COIP define al ejecutor de un delito de odio como “la persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH... Si los actos de violencia producen la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”.

Desde el 10 de agosto del 2014 hasta abril del 2020 se registraron 123 denuncias por delitos de odio, de las que cinco terminaron en sentencia. En Ecuador “no existe una sola sentencia de delito de odio con muerte por motivos de género”, señala un informe de la agenciapresentes.org, que hace periodismo de género, diversidad y derechos humanos en América Latina.

El especialista agrega que en el país es muy difícil que se configure el delito de odio, porque los fiscales no conocen el tema de diversidad sexual. “Quien tiene la acción pública es la Fiscalía, ellos formulan cargos en un delito específico”.

Hay otros casos, como el de Samuel Chambers, una persona trans que fue degollada. Su cabeza apareció en medio del bosque en la zona de Guápulo, en Quito, al igual que su cuerpo, el 7 de noviembre del 2017. Su muerte quedó como indeterminada.

“El asesinato es mucho más fácil de probar y de llevar en audiencia, mientras que estos otros delitos (como el de Chambers) se vuelven como complejos, porque a veces se necesita un peritaje de la persona que conozca sobre violencia específica y si los hay. Tenemos casos que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el de Vicky Hernández versus Honduras. Estos generan jurisprudencia en Ecuador. Hay ya herramientas para utilizar, pero allí vienen los prejuicios, este gran desconocimiento, no hay plata, no hay talento humano”, asegura Gutiérrez.

El informe Runa Sipiy (que en quichua significa ‘asesinatos’) de la Asociación Silueta X “registra diez asesinatos, transfemicidios, muertes violentas o no esclarecidas en contra de las poblaciones LGBTIQ+ durante lo que va del año en Ecuador. En el 2020 se identificaron catorce, pero en el documento se indica que puede existir un subregistro por casos no denunciados o que no se hicieron públicos.

Cristian Paula, activista LGBTI y presidente de la Fundación Pakta, afirma que la concepción de justificar estos crímenes se ha fraguado desde hace décadas, a partir de 1870, cuando se estableció el delito de sodomía en Ecuador, que pasó a ser homosexualismo en los años treinta del siglo pasado.

“El informe de la Comisión de la Verdad del Ecuador justamente demuestra que el hecho de la criminalización en su momento de la homosexualidad justificó torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, homicidios perpetrados por la fuerza pública y la sociedad, bajo esta idea de la homosexualidad como delito. Una práctica social de violencia generalizada e impune que se fue naturalizando. Tan impune que ni los familiares y amigos tenían la confianza de denunciar. No es algo reciente, es estructural e histórico... Culturalmente se fue normalizando la idea de la limpieza social de la población LGBTI”, manifiesta Paula.

Las reacciones en redes sociales desde perfiles ubicados en Ecuador ante noticias relacionadas con la identidad de género o la orientación sexual evidencian esta realidad. “La mayoría siente que la población LGBTI es antinatura, pecadora, enferma, criminal, depravada, por lo que cualquier forma de violencia la justifican, la normalizan, y es parte de la dinámica de nuestro país lamentablemente desde siempre”, acota.

Recién el 27 de noviembre de 1997 se despenalizó la homosexualidad en el país. “Fuimos uno de los últimos en América del Sur en hacerlo”, dice Paula.

Mientras en Ecuador se recordarán los 24 años de este hito, en Argentina se espera la sentencia para ver si el caso de la desaparición de Tehuel de la Torre es condenado, con la presión constante de esa sociedad para que así ocurra. (I)