Los riesgos naturales de Ecuador no solo se limitan a los volcanes; se monitorea posibles tsunamis, inundaciones, sequías

Ecuador es vulnerable a los desastres naturales debido a diversas razones, entre ellas, su ubicación geográfica y efectos del cambio climático que agravan los impactos de inundaciones, lluvias fuertes, sequías, incendios forestales, deslizamientos de tierra y terremotos. A esto se suma que el país es sísmico y volcánico por excelencia.Entre 2017 y 2020 ocurrieron 1.461 inundaciones, 11.336 incendios forestales, 4.157 deslizamientos y 113 actividades volcánicas, de acuerdo al Plan de Desarrollo 2021-2025.

De las 588.331 personas impactadas por eventos naturales y causados por el hombre en el periodo 2014-2019, casi la mitad (263.476) fueron víctimas de inundaciones. Siguen las sequías (72.083), sismos (65.902) y actividad volcánica (47.981).

Una erupción fuerte del volcán Cotopaxi provocaría lahares que llegarían hasta el océano Pacífico

Es por esto que el sistema de riesgos tiene que estar preparado para prevenir, enfrentar y mitigar todos estos tipos de situaciones. Si bien la coyuntura actual hace que la mayoría de las miradas se posen en el volcán Cotopaxi y su actividad eruptiva, no hay que descuidar las otras áreas.

Para fortalecer la capacidad de los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) en la reducción del riesgo de desastres y la preparación con enfoque en seguridad alimentaria el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en conjunto con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), impulsaron el proyecto PRORED.

Durante dos años esta iniciativa alcanzó a cinco mil familias beneficiarias en 14 barrios y comunidades de siete ciudades densamente pobladas en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí. No solo se realizaron simulacros de desastres naturales, sino que se conformaron y reactivaron 14 comités comunitarios de gestión de riesgos.

El PMA entregó 300 kits de primeros auxilios, 500 kits de evacuación de emergencias, diez dispositivos para medir la temperatura y corriente del mar e identificar áreas permitidas de pesca, 400 kits contra incendios y deforestación. Además, se instaló una estación meteorológica en el cantón Rumiñahui y en esta misma localidad se instalaron ocho pluviómetros en las cuencas de los ríos San Nicolás y Sambache para medir la cantidad de lluvia en el sector.

También se desarrolló un curso de trece módulos autoinstruidos que se impartieron a través de la página web de la SNGR. El PMA además apoyó en la repotenciación del sistema de alerta temprana de los volcanes Cotopaxi y Tungurahua.

Matteo Perrone, representante del PMA en Ecuador, indica que luego del terremoto del 2016 se han concentrado en ayudar al país en el reforzamiento de su sistema de riesgos con capacitación e insumos a los GAD que son más vulnerables a desastres naturales.

”El programa PRORED ha sido financiado por los Estados Unidos y parte de este trabajo ha sido el repotenciamiento de las alertas tempranas en zonas cercanas al Cotopaxi, por ejemplo. Hay sirenas que se activan por algo anormal que pase en el volcán y alertan a la población”, dice.

Instituto Geofísico monitorea totalmente a seis volcanes que son los más activos de Ecuador

El PMA repotenció 27 de las 55 sirenas de alerta temprana que se encuentran en poblados cercanos a los volcanes Tungurahua y Cotopaxi.En las costas de Manta el PMA también apoyó para desarrollar un sistema de monitoreo y alerta de posibles tsunamis. Las alertas sonoras ayudan a la población a guiarse para saber dónde ubicarse.

“Hemos hecho capacitaciones con GAD, instituciones educativas, con la población para que sepan cómo reaccionar al escuchar estos sistemas”, señala.

El PMA también está próximo a iniciar el levantamiento de una base de datos para crear un registro único de afectados por desastres para disminuir de manera drástica la atención a las familias y, especialmente, la duplicidad de la ayuda, ya que se han observado casos en que afectados por desastres reciben más asistencias que otros debido a la inconsistencia de la información entre los organismos gubernamentales. El proyecto tiene un presupuesto de tres millones de dólares.

Rodrigo Rosero, subsecretario general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, considera que Ecuador ha avanzando en comparación a 2008 cuando en la Constitución se integró un criterio proactivo para dejar la idea reactiva al enfrentar un desastre.

“Una cosa es haberse preparado para responder y otra para poder evitar. Muchos de los eventos adversos se dan porque el uso del suelo no ha sido el adecuado. Colocamos viviendas en filos de quebradas. Desde 2008 hemos mejorado de a poquito en capacidad de respuesta, de prevención”, afirma.

Cuenta que antes solo la Policía y las Fuerzas Armadas actuaban en un desastre natural, pero ahora todas las instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales se involucran en la emergencia.Sin embargo, reconoce que falta mayor trabajo con los GAD, que son los encargados de regular el uso del suelo y explicarles mejor que si bien un volcán puede ser una amenaza, si se gestiona bien el riesgo se puede evitar un desastre.

Han elaborado guías que han sido repartidas, asegura, a las autoridades de los poblados con mayor riesgo. Además, la Ley de Gestión de Riesgos, que está a la espera de segundo debate en la Asamblea, es un recurso necesario que necesita el país, afirma el funcionario: “Sí nos falta ese elemento sancionador, punitivo, para que las autoridades locales sepan que si permiten viviendas en zonas de riesgo puedo ir preso, así sea cuatro u ocho años después”.

Victoria Sánchez, habitante del recinto Quevedo, en Guayas, recibió capacitación y realizó simulacros para estar preparada para eventos extremos como tsunamis e inundaciones. Cuenta que le pareció importante este tipo de acciones, ya que así su poblado puede mitigar las consecuencias del cambio climático. Ahora ya sabe para qué sirve una ruta de evacuación y los puntos seguros de encuentro si llega a darse un desastre natural.

Perrone y Rosero coinciden que el país debe seguir apostándole a una política de prevención, ya que con esto se salvan vidas. Además, hay un factor económico porque siempre será más caro reconstruir que prevenir.

”En Japón tuvieron terremoto y tsunami (2011), pero usted va ahora y parece que no pasó nada. Ellos tienen una política de prevención, de construcciones seguras. A diferencia de naciones como Haití (que en 2010 sufireron un terremoto), donde no hubo cultura y siguen tratando de reconstruir y levantarse”, afirma Perrone.

La nación nipona es un ejemplo mundial en la prevención del riesgo. En Ecuador hay ciertos sectores de Manabí y Esmeraldas que todavía no se recuperan del movimiento telúrico registrado en abril del 2016.

A 3,7 millones de personas afectan inundaciones

Al menos el 21 % de la población ecuatoriana o más de 3,7 millones de personas son más vulnerables a perder sus hogares y tierras por las inundaciones. Es el tercer país con mayor riesgo en la región, por debajo de Guayana y Surinam, que comparten el primer lugar, y Colombia, en segundo puesto, según el estudio Inundaciones y pobreza en 188 naciones, publicado en la revista Nature.

Entre el 9 % y 20 % de América Latina y el Caribe está expuesta a riesgos altos de inundaciones y crecimiento del nivel del mar. En el caso de Ecuador, una de las ciudades con riesgo de inundaciones por aumento del nivel del mar es Santa Cruz, en Galápagos.

También está Guayaquil. De hecho, organizaciones internacionales como Climate Central han afirmado que el nivel del mar en la ciudad podría ascender un metro para el 2050. Sectores como los Guasmos, Puerto Marítimo, Trinitaria, Pradera, Kennedy, serán gravemente afectados. Por esto, entidades internacional piden aplicar acciones de mitigación.

73.083 personas impactadas por la sequía

Entre 2014 y 2019 73.083 ecuatorianos fueron impactados por la sequía en sus territorios. De hecho, actualmente la Costa ecuatoriana vive una falta de lluvias que incluso trae los fantasmas de los apagones nuevamente.En el país se han dado grandes sequías en décadas anteriores que incluso han obligado a muchas poblaciones a migrar de sus tierras.

A finales de los 60 y principios de los 70 la provincia de Loja sufrió una gran sequía que obligó a una gran porción de su población a desplazarse a Pichincha y varias provincias amazónicas. La falta de agua también afectó a otras provincias. En El Oro se registraron entre 15.000 y 20.000 personas afectadas por el fenómeno y pérdidas entre el 50 y 60 % de los cultivos.

En Manabí, en tanto, hubo pérdidas en grandes extensiones de cultivos de ciclo corto y en el sector ganadero.Manabí es una de las provincias que regularmente es afectada por este fenómeno. Se ha recomendado cambiar la matriz productiva de la zona por las sequías. (I)