Uno de los aspectos de participar del programa Summer Work and Travel que más le impactó a Jesús, joven universitario ecuatoriano, fue el sueldo.

Él trabaja en Estados Unidos ahora como parte del programa, para el cual se necesita aplicar a una visa de tipo J1, ganando $ 15 la hora. Tiene horarios completos de ocho horas. Lo que gana allá “no se compara” a lo que podría percibir en Ecuador.

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Esta motivación para trabajar por temporadas en Estados Unidos es común entre universitarios ecuatorianos, que, según datos del Departamento de Estado estadounidense, representaron el tercer país sudamericano que más participantes aportó en 2023 con 5.075, detrás de Perú con 8.276 y Colombia con 5.760, todos territorios con poblaciones mucho mayores que la de Ecuador.

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Para Daniela, quien viajó a Estados Unidos como parte del programa en 2019, la gran motivación para irse también fue económica. Ella ganaba $ 7,50 por hora, que representa poco más del salario mínimo por hora exigido por el gobierno federal estadounidense de $ 7,25 la hora, cifra que no ha sido modificada desde 2009.

Ella trabajaba como mesera en una popular cadena de restaurantes, y también percibía alrededor de $ 10 extra por semana a razón del fondo de propinas, donde los empleados del restaurante reunían su dinero y lo distribuían equitativamente.

Daniela, además, consiguió otros dos trabajos. Sin embargo, en marzo, temporada baja para sus empleadores, le asignaron menos horas, que suplía mediante sus otras actividades.

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Vivía en una casa con otras quince personas, también trabajadores de temporada en Estados Unidos. Pagaba $ 500 de renta, y a ella y a sus amigas solo les dieron tres cuartos de cuatro prometidos.

Aunque sí tuvo la oportunidad de viajar por Estados Unidos al final de su estadía, recalca: “Nosotros vamos a trabajar”.

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Esto resulta un contraste con el supuesto espíritu del programa, que nació en 1961 como un esfuerzo diplomático y de intercambio cultural en plena Guerra Fría.

Catherine Bowman, socióloga estadounidense y experta en migración y trata de personas, explica que ahora el proyecto Summer Work and Travel es un programa más de trabajadores temporales, como las visas H-1B para especialistas, la H-2A para agricultores y H-2B para demás industrias, y debería ser regulado como tal.

“El programa se inició como un esfuerzo diplomático, pero eso empezó a cambiar alrededor de 1990″, cuando se lo reformó con alianzas público-privadas con agencias encargadas de atraer participantes con “regulaciones muy ligeras”. Esto llevó a un pico de más de 150.000 migrantes en el proyecto durante el 2008.

A partir de protestas de participantes en 2011 por condiciones laborales injustas, el Departamento de Estado ajustó un poco las regulaciones limitando algunos tipos de trabajo en los que pueden laborar los migrantes, pero “esa dinámica público-privada quedó intacta”.

Bowman reconoce que a los migrantes les interesa que existan estos programas, pues a muchos les resulta favorable económicamente, pero también señala que las empresas que se benefician de esa mano de obra se ahorran dinero al contratarlos con menos obligaciones contractuales y pagándoles mucho menos que un trabajador regular, y la poca regulación resulta en posibles abusos de derechos.

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Guillermo Granja, economista ecuatoriano, reconoce que es beneficioso para las empresas estadounidenses acogerse a este programa para contratar trabajadores temporales, pues les representa un ahorro. El experto lo compara con tener un pasante en una empresa, que gana como mínimo un tercio del salario básico según la ley, aunque eso tampoco se cumple en muchos lugares de trabajo.

“Estados Unidos está pasando por una época de inflación alta y desaceleración y decrecimiento de la economía. Una forma de reactivarla es el empleo, resultando en más oportunidades laborales para migrantes latinos, pero siempre hay ese riesgo de que sean explotados”. (I)