La Fiscalía de Perú dio a conocer que el exmandatario Pedro Castillo es acusado del presunto delito de rebelión tras haber quebrantado el orden constitucional.

El exmandatario había dispuesto la disolución del Congreso, horas antes que se trate un pedido de vacancia, sin embargo, esta decisión no la podía tomar ya que no cumplía con los requerimientos. Finalmente el Congreso decidió destituirlo por incapacidad moral.

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El artículo 346 del Código Penal peruano establece que “el que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años”.

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La diligencia de detención fue llevada por la Prefectura de Lima y se dispuso realizar el reconocimiento legal respectivo.

La Fiscalía puede solicitar a la justicia que Castillo permanezca detenido “preventivamente”, una figura que también podría afectar al exjefe de gabinete, dijo Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder.

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La entidad ya había denunciado a Castillo en octubre por dirigir una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno, cuyo finalidad era copar, controlar y direccionar procesos de contratación en diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas.

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