Cuatro semanas de protestas contra minera dejan más de mil detenidos en Panamá

La minera que explota una mina de cobre en Panamá pagó el jueves 567 millones de dólares en regalías e impuestos, pero quedaron congelados a la espera un fallo judicial sobre el contrato, motivo de protestas desde hace cuatro semanas, anunció el gobierno.

“He impartido instrucciones precisas al Ministerio de Economía y Finanzas para que estas sumas de dinero recibidas a la fecha no puedan ser utilizadas y se mantengan en una cuenta restringida”, anunció el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, en un mensaje al país.

En un comunicado, la minera precisó que “se trata de uno de los pagos de regalías e impuestos más grandes en la historia del sector minero mundial del cobre” y que corresponde a un periodo entre diciembre de 2021 y octubre de 2023.

Las protestas que se llevan a cabo en Panamá desde hace cuatro semanas contra una minera canadiense han dejado más de un millar de detenidos y han provocado al menos la muerte a tres personas, informó este viernes en un balance la policía panameña.

Dos personas murieron por disparos de un abogado panameño estadounidense en un bloqueo de carreteras, y al menos uno atropellado por un vehículo.

“Un total de 1.156 personas han sido aprehendidas (...) por cometer acciones de vandalismo y daños a la propiedad pública y privada durante las manifestaciones”, dijo en un comunicado la Policía Nacional, que precisó que 151 son menores de edad.

La policía también afirmó que fueron vandalizados 63 locales comerciales y 19 instituciones, además de estaciones de metro, cajeros automáticos y dependencias policiales.

Mina de cobre

Panamá cumple este viernes cuatro semanas de protestas contra el contrato firmado entre el Estado y la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), que permite a la multinacional operar por 40 años la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, ubicada en el Caribe panameño.

Ese contrato, aprobado el 20 de octubre por el Congreso, sustituye un acuerdo de 1997, declarado inconstitucional por haberse firmado sin licitación ni consulta popular. Los manifestantes aseguran que el nuevo pacto tiene los mismos problemas y que la mina ya causó daños al medioambiente.

“Nos mantendremos en la calle hasta recuperar la soberanía, la autodeterminación y la dignidad del país”, afirmó Saúl Méndez, secretario general del sindicato de la construcción, uno de los convocantes de las protestas.

Según el gremio de la empresa privada, las protestas y bloqueos de vías dejan pérdidas por más de 1.700 millones de dólares.

El Congreso aprobó este mes una moratoria de la minería metálica para calmar el malestar ciudadano y dejó en manos de la Corte Suprema de Justicia el futuro del contrato.

El gobierno y la minera aseguran que el nuevo contrato da aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial, que la mina aporta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) panameño y genera unos 50.000 empleos directos e indirectos. (I)