Curules de paz en Colombia son una reparación a las víctimas, pero su primera elección podría terminar en disputas legales

En las elecciones del pasado domingo en Colombia se escogió a todos los miembros del Congreso, incluyendo 16 curules de las llamadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, que son parte del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las FARC en 2016.En dicho acuerdo se establecen estas curules y las 10 de las FARC (5 representantes y 5 senadores), pero por motivos ‘legales’ en el periodo pasado solo entraron las de la guerrilla, ahora transformada en el partido Comunes.El analista político colombiano Jairo Libreros explica que fue el Congreso y se armó un lío y no pudieron arrancar con esas curules, pero luego la Corte Constitucional dijo que el Parlamento se había equivocado, y le dijo que la ley ya estaba aprobada y que se la envíen al presidente para que la sancione y el mandatario Iván Duque lo hizo a regañadientes y por eso a partir de este año se eligen, y en el periodo 2026-2030 también estarán.“El objetivo es darle representatividad política a las víctimas del conflicto que están ubicadas en las 16 jurisdicciones donde con mayor intensidad se vivió el conflicto armado con las FARC”, apunta Libreros, quien agrega que el requisito para participar por esos escaños es que el candidato sea una víctima acreditada por las autoridades en el Registro Único de Víctimas (RUV), que en total tiene a 9′250.453, según el listado de la Unidad de Víctimas“Con esa acreditación se puede entrar a recibir un apoyo especial por parte del Estado y en esas jurisdicciones la gente vota por el Senado, vota por las consultas, vota por la Cámara de Representantes territorial y tiene derecho, si lo quiere así, de votar por esos 16 curules especiales.Pese a su objetivo, esas curules no se salvan de la polémica.El analista político Sergio Guzmán comenta que se ha hablado mucho de estas curules, pero desafortunadamente uno de los grandes problemas es que de la mayoría de las personas elegidas en esos cargos se duda si son víctimas o no.“Se duda si hubo captura de estas curules de paz por parte de partidos tradicionales o personas pertenecientes a estos, entonces yo creo que lo que se viene es que se van a posesionar, pero muchos de estos individuos van a ser demandados porque no cumplen con los requisitos o hay algún tipo de interferencia... estas curules van a cambiar”, dice Guzmán, también director de la consultora Colombia Risk Analysis.Para Libreros habrá que esperar lo que decida el Consejo de Estado de Colombia, que es la institución que se encarga de la jurisdicción de lo contencioso administrativo del país.Se estima que 10 de los 16 escaños van a terminar en manos de la clase política tradicional.Incluso la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) lamentó esta semana que personas “controvertidas” hayan sido electas para las llamadas “curules de paz”, según EFE .En estas votaciones resultaron elegidos Rodrigo Tovar, hijo del exjefe paramilitar Jorge 40, y familiares y personas con vínculos con partidos tradicionales.El jefe de la MOE UE, el eurodiputado español Javi López, al ser preguntado sobre Tovar, aseguró que “algunos nombres” elegidos “como mínimo son controvertidos para buena parte de las víctimas del país” y agregó que eso “es una realidad innegable”.“En Colombia no existen los delitos de sangre; las responsabilidades, en nuestro sistema, son individuales. Por ello, no tengo por qué asumir cargas o señalamientos que además de ser injustificados, carecen de veracidad”, llegó a decir Tovar.Sin embargo, también hay casos que se resaltan, según el diario colombiano El Espectador, como los de Orlando Castillo, que ganó la curul del Pacífico Medio; Juan Pablo Salazar, representante del Alto Patía y Norte del Cauca, y Gerson Lisímaco Montaño, tres personas que llevan años trabajando en temas sociales en sus territorios.En general, la puesta en marcha de las votaciones en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz fue “positiva”, pero la Misión detectó “fallos de diseño” en esta votación, como la “exclusión de cabeceras municipales” de la votación, ya que las víctimas solo podían votar en las zonas rurales y aisladas de estas circunscripciones.Este hecho excluyó, según la MOE UE, a “muchos desplazados de la zona de conflicto” que viven en las cabeceras.También detectaron fallos en la financiación de las candidaturas de las víctimas, ya que por ley todo dinero gastado en campaña debía ser público, pero al haber demoras en los pagos muchos tuvieron que emplear dinero de sus bolsillos y otros recibieron de partidos tradicionales o incluso de grupos armados.En ese sentido, la jefa de la delegación del Parlamento Europeo en la Misión, Izaskun Bilbao, habló de la “infiltración de partidos políticos y grupos armados” en las campañas a las circunscripciones, y López apuntó a que, a pesar de “los esfuerzos del Gobierno para construir esquemas de seguridad” para los candidatos por la violencia en los territorios, estos fueron “aún insuficientes”.Los observadores europeos también constataron numerosos indicios de compra de votos y presenciaron incluso algunos casos, especialmente en la región del Atlántico y las circunscripciones, añadió López, mientras que Bilbao agregó reportes de ese mismo fenómeno en el caribeño departamento de Bolívar. Este fenómeno se aprovecha de la pobreza y de la poca observación en zonas rurales.Sobre las curules que por segunda y última vez tienen las antes FARC, ahora partido Comunes, la opinión generalizada es que ellos llegaron sin pasar antes por el cedazo de la Justicia Especial para la Paz, pese que es entendible que estas personas busquen hacer política al dejar las armas.Ahora, ellos no tienen apoyos. En la elección parlamentaria pasada (2018) no sacaron ni 40.000 votos, en los comicios territoriales de 2019 solo ganaron un municipio y acumularon alrededor de 65.000 votos a nivel nacional, y el domingo pasado solo obtuvieron alrededor de 25.000 votos. Por lo que se proyecta que en la siguiente, ya sin las curules del acuerdo, lo más probable es que se queden sin representación en el Congreso, según Libreros.El analista añade que los más entendidos en la materia de la JEP proyectan que a finales de este año o en 2023 ya se tendrían las primeras sentencias de esta jurisdicción. (I)

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