El presidente de El Salvador suma una nueva polémica a su haber, ahora con el intento de aprobar en el Congreso la Ley de Agentes Extranjeros para impedir que personas naturales o jurídicas, partidos u organizaciones de la sociedad civil reciban donaciones desde otros países para actividades políticas.

Esta sería una estrategia para parar las críticas y acciones contra las decisiones de su Gobierno. Además, la organización humanitaria Cristosal señaló que esto golpearía a las víctimas de la violencia en el país, al volver “inviable” el trabajo de las oenegés defensoras de derechos humanos.

“Los principales afectados con una ley de esta naturaleza no son las organizaciones, sino los miles de beneficiarios con la defensa de los derechos humanos, la atención a víctimas de desplazamiento forzado y las víctimas que no han tenido acceso la justicia”, señaló Cristosal en un comunicado.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió también de los efectos negativos para las libertades de expresión y de prensa que tendría la aprobación, según EFE.

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Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, expresaron que la propuesta del presidente salvadoreño “imita y profundiza” una ley que el Gobierno de Nicaragua “utiliza para amordazar a las voces críticas e independientes”.

Canahuati, presidente del grupo OPSA, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que “se trata de una severa limitación para el funcionamiento de medios críticos al Gobierno y de organizaciones que respaldan temas sociales y de derechos humanos que dependen del respaldo internacional para cumplir su labor”.

Presentada al Poder Legislativo en abril pasado a iniciativa del presidente Bukele, la ley también establece un impuesto adicional del 40 % a otras obligaciones fiscales para cada transacción financiera que las organizaciones y medios reciban del extranjero.

Esteban Santos, analista y experto en derecho internacional, comenta que una de las grandes contradicciones de Bukele es que mientras presenta esta ley condena lo hecho por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y no reconoce sus elecciones. Ortega aprobó en el pasado una ley similar que ha impedido el trabajo de organizaciones en su país.

“Incluso llega al extremo de que pone una tasa del 40 % por cada transacción del dinero que reciban (las organizaciones) desde el extranjero. Bukele dice, el populismo típico, que es dinero que va a ir a carreteras, escuelas y no injerencia... Es el presidente más tuitero del mundo. Ya salió a decir que es lo mismo que tiene Estados Unidos con el FARA (Foreign Agents Registration Act), pero no tiene nada que ver con eso, porque omite la parte más importante: que en Estados Unidos esto no aplica si las organizaciones subnacionales son norteamericanas y si el control de ese capital no pertenece a manos extranjeras; y, asimismo, no están sujetos a esta ley periódicos y revistas. Entonces, no tiene nada que ver lo uno con lo otro”, dice Santos, quien concluye que no es nada más que otro dictador pintado de cool que quiere acallar a la prensa y opositores.

César Ricaurte, director de Fundamedios, añade que este tipo de leyes que convierten a organizaciones en supuestos agentes de Gobiernos extranjeros, “traidores a la patria”, son típicos de dictaduras como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

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“La sola propuesta de Bukele y su partido de aprobar una ley en estos términos lo acerca a esa línea de Gobiernos dictatoriales. Es sumamente peligroso, condenable desde toda perspectiva, y solo se explica por la profundización de los rasgos autoritarios del Gobierno”, comenta Ricaurte, quien agrega que, lamentablemente, Centroamérica, y en particular el llamado “triángulo norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras), está teniendo severos problemas de institucionalidad democrática.

Comenta también que el supuesto de que la ayuda extranjera que llega a organizaciones atenta contra la autodeterminación y la soberanía de un país, es un discurso vacío de Gobiernos autoritarios y que van en deriva hacia dictaduras, que intentan justificar la represión contra opositores.

“La cooperación internacional es un mecanismo legítimo que tienen los Estados de colaborar entre sí y con la sociedad civil... Que defiende derechos humanos, libertad de expresión, enfocada en temas de gobernabilidad democrática... Son valores que debería compartir toda la comunidad internacional, y cualquier esfuerzo por fortalecer a esa sociedad cicvil es absolutamente legítimo y así lo señalan diversos instrumentos internacionales y tratados”, afirma Ricaurte.

La gran popularidad de la que goza Bukele hace que sus acciones se faciliten, pues ya le permitieron tener mayoría en el parlamento, y el peligro es que se cierra el espacio cívico, es decir, la acción de la sociedad civil, del periodismo y medios de comunicación independientes, es real. (I)