Después de 70 días de diálogo entre delegados de tres organizaciones indígenas y del Gobierno de Guillermo Lasso, 54 acuerdos se han alcanzado en cinco mesas de trabajo que se han instalado luego del paro nacional de junio pasado.

Esta evaluación hizo el régimen a 20 días de cumplirse los 90 de plazo que estableció la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) para que se atiendan las diez demandas que se promovieron en la movilización.

Este martes, 27 de septiembre, en el Palacio de Carondelet, varios ministros de Estado resaltaron lo que consideraron avances en haber entablado diálogos con delegados del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

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El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, resaltó que estas conversaciones han dejado 54 acuerdos, que los dividió con base en cada mesa:

  • Banca pública: 6 acuerdos
  • Control de precios: 5 acuerdos
  • Fomento productivo: 20 acuerdos
  • Energía y recursos naturales: 10 acuerdos
  • Derechos colectivos: 14 acuerdos

Según la programación del régimen, aún faltan seis mesas de trabajo por concluir sus funciones. Por ejemplo, hasta el próximo 30 de septiembre se espera cerrar las mesas de focalización de subsidios a los combustibles; derechos colectivos; seguridad, justicia y derechos; acceso a la salud; empleo y derechos laborales; y educación superior.

Jiménez opinó que este proceso constituye un “hecho histórico” y que se sienten satisfechos con los resultados alcanzados. “Quedan algunos días (para seguir con el diálogo) y estamos seguros de que va a dar frutos”, comentó.

Uno de los temas que están en discusión es el de seguridad, justicia y derechos. Los movimientos indígenas están solicitando que no se criminalice a líderes sociales que enfrentan procesos judiciales por su participación en las jornadas de paralización, y también la creación de un fondo para el pago de indemnizaciones para familiares que perdieron algún familiar en esas manifestaciones.

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Según las cifras de la Conaie, hay alrededor de 400 investigaciones en marcha.

Jiménez aclaró que delegados de la Fiscalía General del Estado están participando en esta mesa de trabajo, en cuyo caso el Gobierno solo actuará como “observador”.

“Las organizaciones sociales han hecho su planteamiento y estaremos pendientes del pronunciamiento de la Fiscalía”, aseveró Jiménez, quien insistió en que el interés es mantener la “paz social”.

No obstante, expresó que “no existe ningún consenso” para entregar indemnizaciones a los familiares de quienes fallecieron en las marchas nacionales.

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Respecto de la mesa de derechos colectivos, pese a que hay catorce acuerdos logrados, el trabajo continúa en submesas para tratar otros ejes relacionados con este título, como la justicia indígena.

La ministra de Educación, María Brown, está al frente de este grupo de trabajo. Ella recordó varios de los consensos, como otorgar autonomía económica y administrativa a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe (SEIBE) y destinarle $ 133 millones de presupuesto.

Así también, se atenderá el pedido de que quien ocupe el cargo de secretario de la SEIBE tenga rango de ministro de Estado y no de viceministro; y revisar la malla curricular, que permitirá establecer los parámetros de currículos para cada nacionalidad y pueblo, precisó Brown.

La ministra añadió que, para dar seguimiento al cumplimiento de estos ítems, se constituirá una comisión de catorce personas que mantendrá reuniones por los siguientes seis meses.

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De su lado, el ministro de Transporte, Darío Herrera, se refirió al estado de los diálogos en la mesa de focalización de subsidios a los combustibles, que es la “más compleja”.

Indicó que hay una subcomisión que es la que está elaborando una propuesta para presentarla a los líderes indígenas y autoridades del Gobierno para que sean ellos quienes decidan cuáles de los acuerdos son viables y cuáles no.

Según Herrera, ahí se han tratado trece puntos, sobre los que hay entre seis y siete acuerdos, que se mantendrán en reserva hasta que sean las autoridades de las dos partes las que los den a conocer.

Dijo que sobre esta mesa no se esperarán acuerdos “parciales”, porque es un “todo”.

Estos diálogos se iniciaron el pasado 13 de julio, días después de haberse firmado el acta de paz entre la Conaie, Feine y Fenocin y representantes del Gobierno, en los que la Conferencia Episcopal actúa como observadora.

Los planes en el interior de estos espacios es que el próximo 13 de octubre deberían cerrarse los encuentros y revelar los acuerdos y desacuerdos entre las partes. (I)