La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe (SIEB) podría dejar de ser un organismo dependiente del Ministerio de Educación y pasar a contar con un ente asesor como un consejo, que estaría conformado por representantes de los pueblos y nacionalidades.

Ello sería parte de los consensos abordados en las mesas técnicas que se instalan en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) con representantes del Gobierno nacional y de los tres movimientos sociales, en cumplimiento del Acta de la paz que se suscribió el 30 de junio pasado, luego del paro nacional de 18 días.

El 14 de septiembre se inició el trabajo de la mesa de diálogo de derechos colectivos y luego de cinco días la delegación del régimen, presidida por actores del Ministerio de Educación, y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) habrían llegado a un “100 % de consensos”.

Publicidad

Ministerios presidirán las diez mesas temáticas establecidas para los diálogos entre Gobierno y el movimiento indígena

Las partes aceleran el trabajo, pues el 12 de octubre próximo se cumplirán los 90 días que se pusieron como plazo para atender las diez demandas que promovieron el paro.

“Hemos logrado un 100 % de consensos que nos hicieron llegar las tres organizaciones”, anunció el ministro de Educación (e), Andrés Chiriboga, en declaraciones de prensa.

Entre esos consensos está el de que la Secretaría tenga autonomía pedagógica y económica del Ministerio de Educación.

El Ministerio de Gobierno confirmó que el régimen estaría de acuerdo en que esta institución sea autónoma y desde el 2023 reciba una asignación presupuestaria que bordearía los $ 130 millones, así como que se elabore una nueva malla curricular con la participación de los representantes de las nacionalidades indígenas.

Publicidad

Otro pedido aceptado había sido la integración de un consejo plurinacional bilingüe, en el que participarían delegados de los 14 pueblos y 18 nacionalidades.

En esa línea, la cartera de Gobierno detalló que se emitiría un exhorto al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que elabore un reglamento que viabilice la designación de sus representantes.

A estos pedidos se había sumado uno extraoficial, es decir, fuera de las mesas de diálogo: las organizaciones sociales solicitaron al régimen que se nombre un nuevo secretario de Educación en lugar de Rómulo Antun, un dirigente achuar que ocupa ese cargo.

Franklin Casicana, dirigente de Educación de la Conaie, confirmó que la primera propuesta que se hizo es que el sistema de educación intercultural tenga total autonomía del ministerio, pero además quieren que se derogue el Decreto Ejecutivo 445 que creó esta secretaría, para que quien lo presida tenga el rango de ministro de Estado y no solo de viceministro.

Publicidad

Dicho decreto lo expidió el expresidente de la República Lenín Moreno en julio del 2018, en el que se le otorgaron las atribuciones de lo que es la Subsecretaría de Educación Intercultural y del Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales a la SIEB.

También debía implementar los acuerdos alcanzados en el Diálogo Nacional entre lo que fue su administración y los movimientos indígenas; coordinar el funcionamiento de la comisión asesora que debía acompañar los acuerdos e impulsar reformas legales para desarrollar y fortalecer el sistema de educación.

Ahí se dispuso que el secretario de Educación Intercultural tenga el rango de viceministro, nombrado por quien asuma el Ministerio de Educación.

Casicana confirmó que el Ejecutivo se había comprometido a asignar un rubro de más de $ 130 millones para el funcionamiento del SIEB y cuando finalicen los diálogos, se creará una comisión que se reunirá por los siguientes seis meses para dar “viabilidad a las propuestas” que se alcancen en estos encuentros, en los que la Iglesia católica actúa como observadora y ‘garante’.

Publicidad

Por otra parte, en los últimos días, el presidente Guillermo Lasso resolvió cambiar de titular en la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. Designó mediante el Decreto Ejecutivo 564 a Gretty Vargas Sánchez, indígena kichwa amazónica, quien fue asambleísta alterna de Henry Moreno en el periodo legislativo anterior.

En todo caso, con los resultados alcanzados por esta mesa, en paralelo se desarrollan los diálogos en la mesa de seguridad y justicia, en la que aún no hay consensos.

Según el presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, los objetivos estarán enmarcados en plantear políticas públicas para la lucha contra la inseguridad ciudadana y analizar sobre la no criminalización de la protesta social, articulada a los procesos judiciales que enfrentan los dirigentes sociales que han participado en las recientes paralizaciones.

Con menos de 30 días para que se cumpla el plazo para poner fin a estos diálogos, aún resta que se reúnan los grupos de trabajo en materia de acceso a empleo, educación universitaria y salud.

A estas se suma una pendiente y considerada la más ‘neurálgica’: la de focalización de subsidios a los combustibles.

Los ejes sobre los que se debate cómo se focalizarán los subsidios a la gasolina extra y al diésel se manejan bajo reserva y están a cargo de una subcomisión conformada por técnicos del Gobierno y de los movimientos sociales, que debe elaborar una propuesta para la aprobación de los máximos dirigentes y del presidente Guillermo Lasso. (I)