El juez del Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe, Stalin Palacios Ortiz, aceptó a trámite la acción de protección presentada por el legislador Washington Varela, de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), respecto a una supuesta vulneración de derechos en el trámite del juicio político en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

En la providencia emitida niega las medidas cautelares solicitadas por el accionante y fija para este miércoles 23 de noviembre, a las 17:00, para la audiencia oral, pública y contradictoria de acción de protección.

En petición de acciones de protección, el accionante advierte al juez sobre un arbitrario e ilegítimo juicio político seguido por el pleno de la Asamblea Nacional únicamente en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS (Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo), alegando la vulneración de derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, por cuanto la Comisión de Fiscalización habría presentado un informe fuera de los plazos legales, correspondiendo legalmente ordenar el archivo del juicio político.

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Asimismo, el accionante manifiesta la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, ya que el juicio político se habría ejercido únicamente en contra de cuatro consejeros, excluyendo a tres de ellos (Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos) en razón de relaciones familiares, filiación política y pactos políticos.

Por lo que solicitó se dicte como medida cautelar la suspensión de la sesión n.º 813 convocada por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, cuyo orden del día era el juicio político contra de los consejeros y consejeras del CPCCS

Censura y destitución

El pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 18 de noviembre, con 85 votos que vinieron del PSC, PSC y parte de los bloques ID y Pachakutik, aprobó una resolución presentada por el legislador de Pachakutik Ángel Maita, que determinó que los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo incumplieron sus funciones en el proceso de designación del superintendente de Ordenamiento Territorial y también se arrogaron funciones al incluir reformas al reglamento para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, cuando el proceso se había iniciado.

En la providencia, el juez dispone que las partes deberán acudir presencialmente con los elementos probatorios de los que se crean asistidos para determinar los hechos y sustentar sus argumentos. La diligencia se llevará a cabo en el Complejo Judicial Sur, en el sector de Quitumbe.

El juez ordenó correr el traslado con la demanda inicial y la calificación respecto a la Asamblea Nacional, representada por su presidente Virgilio Saquicela Espinoza; se notificó también al procurador del Estado, Juan Carlos Larrea Valencia.

Conforme lo determinan los artículos 13 y 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las partes procesales en audiencia deberán presentar los elementos probatorios suficientes para sustentar su defensa y esclarecer los hechos controvertidos. (I)