En 367 páginas, la Comisión de Garantías Jurisdiccionales de la Asamblea Nacional sustentó por qué 268 personas fueron beneficiadas con el otorgamiento de amnistías, por delitos que enfrentaban al ejercer el derecho a la protesta social, en la defensa de sus territorios o de la naturaleza.

El informe se sometió a debate hasta la madrugada de este 10 de marzo y se aprobó con 99 votos afirmativos, 16 negativos y 10 abstenciones.

De los 268 beneficiarios, 60 son por casos relacionados por ejercer el derecho a la resistencia y protesta social por los hechos ocurridos en las violentas jornadas que se registraron en octubre del 2019, en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles que ejecutó mediante el decreto 883 el entonces presidente Lenín Moreno.

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Otras 153 se dieron a defensores de los territorios comunitarios; 12 por administrar justicia indígena; y, 43 a defensores de la naturaleza.

La amnistía se conoce como el ‘perdón y olvido’ de las penas o procesos legales.

De acuerdo con la Constitución en su artículo 120, una de las atribuciones de la función Legislativa es conceder amnistías, con la excepción de otorgarlas por “delitos cometidos contra la administración pública, por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia”.

A la par, el artículo 99 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sobre la amnistía, manda que la Asamblea podrá expedir la resolución “por delitos políticos o conexos con los políticos. La competencia se ejercerá a petición de parte en cualquier etapa preprocesal y procesal penal”.

Por ello, no se requiere que el procesado tenga una sentencia en firme para ser beneficiario.

Entre los amnistiados están los rostros de quienes participaron en los doce días de manifestaciones registradas en Quito y otras zonas del país como son los miembros de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), también del movimiento político Revolución Ciudadana; y de gremios sindicales y del transporte.

Leonidas Iza y Jaime Vargas de la Conaie lideraron las protestas en el 2019 desde el Ágora de la Casa de la Cultura y fueron amnistiados por delitos como terrorismo, secuestro, sabotaje, grupos subversivos, instigación.

El 10 de octubre de 2019, cuando se produjo el presunto “secuestro” de ocho miembros de la Policía Nacional, la Comisión recoge que ellos “irrumpieron” en el Ágora y se los “mantuvo” en el lugar para que pidan al Gobierno que detengan la represión. En horas de la noche fueron liberados “en perfecto estado, sin agresiones ni maltratos”.

Asamblea Nacional concede amnistía a 268 personas por casos de protestas de octubre de 2019, justicia indígena, defensores de la naturaleza y territorio

Por ello, se concedió la amnistía a Jaime Vargas, expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, José Cachipuendo, dirigente indígena y a Mesías Tatamuez, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y hoy presidente de la Central Confederación de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut).

Bajo ese mismo escenario fueron amnistiados Paola Pabón, prefecta de Pichincha; el parlamentario andino Virgilio Hernández y Christian González, que son parte del movimiento Revolución Ciudadana.

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Eran procesados por el presunto delito de rebelión y fueron beneficiados porque su caso “se dio en un contexto de movilización y específicamente político. El móvil habría sido ejercicio del derecho constitucional a la resistencia en el marco de la lucha de oposición política a un gobierno con el llamado a la conciencia social para el ejercicio de los derechos”, expone el informe.

En octubre del 2019, se registró también la quema del edificio de la Contraloría General del Estado, por el que se procesaba a 27 personas y que fueron amnistiadas.

La comisión reconoce que hubo “varios” procesados que ingresaron a la Contraloría de “manera irregular”, pero “no está claro si su intención fue dolosa, es decir, con la intención de causar daño y vulnerar un bien jurídico protegido o más bien utilizaron este inmueble para protegerse de las arremetidas de la fuerza pública y de esta manera seguir ejerciendo su derecho constitucional a la resistencia”.

Por ejercer la justicia indígena, está el caso de Chusin Olmedo y José Andrés Tipán quienes enfrentaban una investigación por presunto secuestro.

El hecho se produjo en el 2017 cuando en la comunidad Maca Milipungo en Cotopaxi, se iba a llevar a cabo un proceso de justicia indígena por pedido de varias personas perjudicadas por una presunta estafa de una empresa My Trader Coin que había recolectado alrededor de $ 43.000, recoge el informe.

Los dos involucrados habrían estado presentes en el suceso, pero no habían cometido el delito de secuestro, por lo que se consideró que la acusación “sale del contexto real en la cual se encontraban”. A esto se sumó que en la investigación “no se recabó los elementos de convicción para continuar con el proceso, que despejen toda duda razonable” y fueron amnistiados.

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Por la defensa de la naturaleza, el abogado Luis Solís Tenesaca y el dirigente de la comunidad Kichwa El Edén en Orellana, Wilson Quindigua Salazar, fueron procesados desde mayo del 2021 por una supuesta paralización de servicios públicos, tras iniciar una acción de resistencia en contra de las actividades de la empresa pública Petroecuador.

Ellos reclamaban el cumplimiento de varios acuerdos llegados con la comunidad como el cumplimiento de una consulta libre previa e informada, a la participación de los beneficios de la actividad petrolera, el derecho a la indemnización por los perjuicios sociales, culturales y ambientales.

A consideración de la Comisión, se los criminalizó e intimidó para que “no ejerzan sus derechos y la defensa de la comuna kichwa El Edén” generando vulneraciones a su derecho a la libertad y la dignidad humana. (I)