Antes del mediodía de este viernes, 21 de marzo, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), recibió una amenaza de bomba, por lo que los funcionarios que trabajan en el edificio ubicado en la calle Juan León Mera, fueron evacuados hasta realizar la revisión permanente.
Arturo Hidalgo, técnico responsable de la seguridad ocupacional del TCE, comentó que alrededor de las 11:15 se recibió una llamada desde el ECU 911, alertando que había un artefacto explosivo, amenaza de bomba y por eso se aplicaron los protocolos.
Tras la amenaza de bomba llegaron miembros del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional (GIR), para realizar un barrido de todas las oficinas, en cada uno de los puntos del tribunal. Tras el operativo se determinó que fue falsa la alarma.
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Inmediatamente de conocer la amenaza se activó el protocolo interno de seguridad y se procedió a evaluar a todo el personal y fueron dirigidos hacia la calle Robles, mientras que el personal especializado de la Policía Nacional con sus canes expertos en el tema de detectar bombas hicieron el barrido de todas las instalaciones.
Luego de unos 30 minutos de ocurrido el hecho, los funcionarios retornaron a sus oficinas a continuar con las actividades normales. Fue una falsa alarma, añadió Hidalgo.
El TCE está convocado para las 18:00 de este viernes para resolver respecto un recurso de apelación a una sentencia de primera instancia en la que se sancionó a la vicepresidenta Verónica Abad Rojas con la suspensión de sus derechos políticos por dos años y el pago de una multa.
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La decisión que adopte el tribunal de última instancia definirá si Abad, mantiene o no sus derechos de participación. El pasado 27 de febrero, el juez electoral de primera instancia Guillermo Ortega Caicedo suspendió por dos años los derechos políticos de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, al comprobarse que incurrió en actos de violencia política de género contemplados en el artículo 279 del Código de la Democracia.
Abad apeló la sentencia emitida por el juez Guillermo Ortega que le impuso una multa de 30 salarios básicos y la suspendió sus derechos de participación por dos años. La apelación subió al pleno del TCE que deberá resolver este viernes. (I)
