Los tiempos corren para el Ejecutivo, primero, y para el Legislativo, en breve, una vez que se publicaron los resultados del referéndum y consulta popular del domingo 21 de abril del 2024 en el Registro Oficial, el pasado jueves, 9 de mayo.
La mayoría de los ecuatorianos dijo sí a nueve de las once preguntas planteadas. Todas se refieren al tema de seguridad. Tres son reformas constitucionales, que entran en vigor de inmediato, y hay seis reformas legales, que deben seguir el respectivo trámite en la Asamblea Nacional.
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Según los anexos de las preguntas del plebiscito, el presidente de la República, Daniel Noboa, tiene cinco días luego de la publicación de resultados para enviar proyectos de leyes en los que se desarrollen los enunciados de las preguntas aprobadas: incremento de penas en delitos relacionados con el crimen organizado y narcotráfico; la prohibición de beneficios penitenciarios para ciertos delitos; la tipificación del delito de tenencia de armas de uso exclusivo de la fuerza pública; la entrega de armas decomisadas a la Policía y Fuerzas Armadas; y la extinción de dominio.
El plazo vence este martes, 14 de mayo. Funcionarios de Gobierno afirmaron semanas atrás que los proyectos ya estaban listos. Noboa viajó el pasado 10 de mayo a Europa, donde cumplirá una serie de actividades oficiales. Esperaba entregarlos antes de irse, pero no alcanzaron, según comentaron fuentes legislativas a EL UNIVERSO.
De todos modos, aunque lo hubiese hecho, en el Parlamento no se ha decidido en qué comisión se analizarán estas iniciativas. Durante las tres últimas semanas, los legisladores se la han pasado discutiendo si deberían ir a alguna de las comisiones especializadas ya existentes, como la de Justicia y Estructura del Estado, que es la que usualmente toca estos temas, o si más bien sería mejor crear una ocasional con representación de todas las fuerzas políticas.
El correísmo se inclina por la primera opción, ya que tiene mayoría en la Comisión de Justicia; pero el oficialismo y los socialcristianos se inclinan por lo segundo.
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Otro tema que se discute es si los legisladores podrán incluir en esos proyectos temas diferentes a los aprobados en la consulta. Algo que también divide posturas.
Como sea, la Asamblea Nacional debe tomar una decisión pronto, ya que los anexos establecen también un plazo para que debatan y aprueben los proyectos derivados de la consulta: son 60 días.
¿Serán suficientes esos dos meses para cumplir el mandato popular? Todo depende de la seriedad con la que los asambleístas se tomen este trabajo, considerando que habrá de por medio muchos “distractores”.
Primero, que estos proyectos llegarán en medio de la investigación legislativa al más reciente escándalo de la política nacional: la edificación de un proyecto inmobiliario de la familia presidencial en una zona de la comuna de Olón, Santa Elena, de alta vulnerabilidad ecológica. La empresa Vinazin S. A., de la cual la primera dama, Lavinia Valbonesi, es accionista mayoritaria, anunció el fin de semana que desistió de levantar la edificación, pero para este lunes se espera la comparecencia de algunas autoridades en la Comisión de Gobiernos Autónomos, y la Presidencia de la Asamblea debe fijar día y hora para que la ministra del Ambiente, Sade Fritschi, acuda al pleno a dar explicaciones sobre los permisos concedidos.
Segundo, que en pocas semanas debe iniciarse el trámite del juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar, proceso que seguramente acarreará una alta conflictividad política por las consecuencias que podría traer en las investigaciones de casos de connotación que ella está llevando adelante.
Y tercero, el inicio de la precampaña electoral con miras a los comicios generales del 2025, que implicará cambios tanto en las estructuras internas como en los discursos de las organizaciones políticas. Y de hecho, algunas ya están renovando directivas para empezar la búsqueda de cuadros para las candidaturas, especialmente de mujeres y jóvenes, para cumplir las “cuotas” que establece el Código de la Democracia en las listas. Muchos de los actuales legisladores buscarán la reelección, no todos con los grupos que los auspiciaron en el 2023.
A los que podrían sumarse otros más, cosa muy posible en la coyuntura nacional.
Pese a ello, los legisladores no pueden olvidar que la voluntad popular reflejada en la votación del 21 de abril fue clara y que la expectativa ciudadana es alta.
Agenda legislativa de la semana
Lunes 13 de mayo
09:00: La Comisión de Fiscalización continuará el proceso de control político relacionado con los casos León de Troya y La Madrina, para lo cual recibirá a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
11:00: La mesa de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio sesionará en el cantón Santa Elena, provincia del mismo nombre, para recibir en comparecencia a las autoridades del Gobierno Parroquial Rural de Manglaralto, de la Alcaldía de Santa Elena y de la Prefectura, así como al presidente de la Federación de Comunas de Santa Elena y al presidente de la comuna de Olón, en torno a la ejecución del proyecto inmobiliario Echo Olón, ubicado en el área protegida del bosque protector Esterillo Oloncito.
Martes 14 de mayo
09:00: Continuación de la sesión 915, en la cual conocerá tanto la resolución que exhorta al presidente de la República el cese de la represión en el cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi, como la que exhorta a la Corte Constitucional para que resuelva y dirima el conflicto de competencias de la ampliación de la vía Alóag-Santo Domingo, en el tramo Unión del Toachi- Santo Domingo; así también, para que declare la emergencia de esta vía y del sector agroproductivo y comercial de la parroquia San José de Alluriquín y los recintos aledaños.
11:00: Sesión 925, que incluye la comparecencia de Juan Carlos Vega, ministro de Economía y Finanzas, para explicar todo lo concerniente al acuerdo comercial con el Fondo Monetario Internacional; además, tratarán el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. (I)
