A excepción de la bancada de gobierno Acción Democrática Nacional (ADN), 92 asambleístas aprobaron un paquete de reformas al Código de la Función Judicial que otorga licencia sin sueldo a los vocales del Consejo de la Judicatura que tengan prisión preventiva o arresto domiciliario.

El proyecto de reformas, que fue aprobado este 21 de mayo, incluye 25 reformas sobre los concursos de oposición y méritos para designar jueces, convocatoria pública, jornadas legales de trabajo, inclusión del teletrabajo, traslados, prescripción y caducidad de la acción, facultades y deberes de las juezas y jueces, competencia de las salas de las cortes provinciales, competencia de los jueces especializados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y archivo nacional notarial.

En uno de los artículos aprobados se agrega un inciso al artículo 258 del Código de la Función Judicial que se refiere a la integración del Consejo de la Judicatura, y abre la posibilidad de una licencia temporal sin sueldo a los vocales de ese organismo que tengan que cumplir órdenes de prisión preventiva o arresto domiciliario.

Publicidad

El texto aprobado dispone: “En caso de que la ausencia temporal se deba al cumplimiento de prisión preventiva o arresto domiciliario dispuestos por jueza o juez competente, la o el vocal podrá solicitar acogerse al régimen de licencia sin sueldo por el tiempo máximo establecido en este Código. Mientras dure la prisión preventiva o el arresto domiciliario, el pleno del Consejo suspenderá todas las funciones que le asisten como miembro del cuerpo colegiado, de la o del vocal principal, con excepción del fuero y procederá a la principalización provisional de la o del vocal suplente o alterno, según corresponda. En este caso la o el vocal principalizado recibirá la remuneración que correspondía a la o el vocal reemplazado”.

Del actual Consejo de la Judicatura el expresidente del organismo, Wilman Terán, y el exvocal Xavier Muñoz tuvieron que renunciar al cargo por estar procesados y recibir órdenes de prisión al estar involucrados en el caso Independencia Judicial.

Terán también está procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis y cumple prisión preventiva en cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil. Muñoz guarda prisión en la cárcel 4 de Quito.

Publicidad

Al aprobarse el proyecto de ley, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle (PSC), dijo que “esta normativa es la respuesta a las víctimas y sobrevivientes de la violencia sexual, en la que se incluye la creación de los juzgados especializados de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, para combatir estos delitos y que no queden en la impunidad”.

La primera vicepresidenta de la legislatura, Viviana Veloz (RC), una de las autoras de la iniciativa, recordó la existencia de 220.000 denuncias por violencia física, psicológica y sexual, desde el 2020 hasta la actualidad; desde el 2018 hasta el 2023 han existido más de 52.000 denuncias de violencia sexual. Precisó que la propuesta busca una justicia especializada, pues la creación de los juzgados especializados en violencia sexual conlleva más celeridad en los procesos, mejor atención a las víctimas, especialización de los fiscales, coordinación interinstitucional y prevención de la violencia sexual.

Publicidad

Lo aprobado por la mayoría de asambleístas la reforma al artículo 258 provocó el “repudio” de Solanda Goyes, vocal de la Judicatura.

“Estas prerrogativas están concebidas para el descanso y recuperación del servidor público en virtud de su labor lícita. La implementación de estas reformas no solo socavaría aún más la integridad del sistema judicial, sino que también alimentaría el sentido de impunidad entre aquellos que buscan abusar de su posición en el Consejo de la Judicatura”, posteó la funcionaria en su cuenta de X. (I)