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Asamblea Nacional aún espera notificación del juez de La Concordia que declaró nulo el juicio político a cuatro consejeros del CPCCS

Hasta las 17:00 de este 8 de diciembre el Parlamento no recibía ninguna notificación sobre el fallo judicial del juez Ángel Lindao.

Los cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS): María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, que fueron destituidos por la Asamblea Nacional el 18 de noviembre pasado, regresaron a ocupar sus cargos desde el 23 de noviembre luego de que el juez, Ángel Lindao, del cantón La Concordia, otorgó medidas cautelares. Archivo Foto: Alfredo Cárdenas.

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La Asamblea Nacional aún no es notificada de la sentencia emitida por el juez de La Concordia, Ángel Lindao, que declaró nulo el juicio político en contra de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que terminó en la censura y destitución.

Hasta las 17:00, de este 8 de diciembre, el coordinador jurídico del Parlamento, Christian Proaño, señaló que no han sido notificados de la sentencia y tampoco la decisión del juez consta en el sistema de la Función Judicial.

La legislatura, en la audiencia del 7 de diciembre, anticipó que apelará el fallo del juez, pero en la Asamblea el departamento jurídico aun espera conocer la sentencia para fundamentar la defensa.

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El juez Lindao, al conceder la acción de protección solicitada por el ciudadano Manuel Párraga en contra del juicio político, restituyó en el cargo a los consejeros que fueron censurados y destituidos: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, aunque los cuatro consejeros se mantenían en funciones por una medida cautelar concedida por el mismo juez de La Concordia.

Juez declara nulo el juicio político que destituyó a los cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y dispone medidas de reparación

En la sentencia, el juez ordenó al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, que presente las disculpas públicas a los cuatro consejeros.

También ordena la cancelación de los valores por los días que estuvieron suspendidos de sus funciones y, finalmente, que la legislatura exponga una “placa conmemorativa y un banner” (anuncio) con el mensaje: “Ningún poder del Estado está por encima del poder constitucional”.

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Posturas políticas

“No reconocemos el accionar de quienes fueron destituidos y mucho menos lo que está sucediendo con la manipulación de la justicia”, afirmó el coordinador de la bancada de UNES, Mauricio Zambrano.

Dijo que la Asamblea Nacional destituyó a los cuatro consejeros y estos actúan de forma irresponsable y posesionan de manera ilegal a un nuevo superintendente de Bancos, lo cual no es lo correcto.

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En cambio, el legislador de Pachakutik Ricardo Vanegas recordó que como movimiento político se decidió que el juicio político sea a los siete consejeros del CPCCS, para no permitir que UNES y PSC mantengan a sus tres aliados que tienen en el Consejo con el único propósito de “repartirse” las entidades de control.

Dijo que hay un criterio equivocado de quienes forman la actual mayoría en el Parlamento de que las resoluciones que se adoptan en la Asamblea no son susceptibles de acciones constitucionales.

Vanegas pidió al presidente, Virgilio Saquicela, que señale la norma de la Constitución que la Asamblea, siendo el primer poder del Estado, puede incumplir una sentencia constitucional. Es que no existe en la Constitución ni en norma secundaria, por lo tanto, el presidente de la Asamblea debe cumplir con la resolución constitucional, esto es, pedir disculpas públicas y poner la placa en el Parlamento pidiendo disculpas a los cuatro consejeros del CPCCS, que equivocadamente destituyeron.

El sector oficialista, a través de Jorge Pinto, acentuó lo que resolvió el juez de La Concordia y que deja en evidencia las ilegalidades en las que incurrió la Asamblea Nacional cuando tramitó el juicio político en contra de cuatro consejeros del CPCCS.

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Anotó que el juez dispuso a la Asamblea Nacional que proceda a posesionar al nuevo superintendente de Bancos designado por el CPCCS. También debería acatar el fallo y proceder a colocar una placa.

La asambleísta Johanna Moreira de la Izquierda Democrática manifestó que con la sentencia del juez de La Concordia se confirma que la Asamblea llevó adelante un juicio político a cuatro consejeros del CPCCS sin respetar el debido proceso.

Dijo que la Asamblea como primer poder del Estado debe respetar el fallo judicial. “No podemos seguir con la idea de que los votos mandan sin importar lo que se resuelva”.

La representante de El Oro añadió que si bien faltan los resultados de la apelación al fallo judicial, no tiene efectos suspensivos; por lo tanto, debe ejecutarse la sentencia. (I)

Redacción
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